Con la firma del ministro de la
Producción Javier Tizado, queda sin efecto la Resolución N° 125/00 dictada por
el entonces Instituto Provincial de Acción Cooperativa.

En lo que se considera una medida sin alcance económico por cuanto exime en
adelante a las cooperativas de la Provincia de Buenos Aires del pago de un
arancel para trámites, el gobierno de María Eugenia Vidal deja sin efecto una
Resolución vigente desde el año 2000.
Así, trámites tales como autorización para funcionar, rúbricas, tasa general de
actuación, entre otros -algunos de los cuales tenían un costo de diez pesos-,
no incluirán dicho pago que constituía un obstáculo «para el cumplimiento
de sus obligaciones por parte de las cooperativas y de las personas que deseen
constituir este tipo de entidades», según reza en los considerandos.
La fundamentación alude a que en el proceso de modernización de la
administración pública de la Provincia de Buenos Aires el pago de este arancel
generaba inconvenientes en la gestión y los valores no resultaban
representativos «por el proceso de depreciación que ha sufrido la moneda».
Llama la atención que se invoque que “la Constitución de la Provincia de Buenos
Aires establece en el artículo 41 que la Provincia fomenta la organización y
desarrollo de cooperativas», cuando por decisión de la misma gobernadora
María Eugenia Vidal, a partir de enero de 2018 las cooperativas están
alcanzadas por el pago de ingresos brutos.
Ese artículo forma parte del andamiaje jurídico utilizado por entidades
cooperativas para solicitar ante la justicia bonaerense la derogación de dicho
impuestazo.