Los obreros de la textil Soho
mantienen desde el viernes 16 una medida de fuerza para no perder sus puestos
de trabajo: “Soho tiene 20 pedidos de quiebra, 46 millones de pesos de deuda y
una denuncia por estafa. Por ahora sólo queremos recuperar las fuentes de
trabajo. Pero si no hay ningún plan por parte del ministerio ni respuestas de
la patronal, hay posibilidades de que se convierta en una empresa recuperada”,
advirtió Lucas Schaerer, responsable de comunicación de La Alameda, que
acompaña a los trabajadores.
La fábrica se encuentra parada desde enero, cuando su dueño, Nelson Sánchez
Anterino, dejó de pagar sueldos, aportes y ART. Desde el viernes los
trabajadores decidieron permanecer en su puesto de trabajo a la espera de una
respuesta acerca del futuro de su empleo. El delegado sindical de la planta que
la marca tiene en Villa Urquiza, Ezequiel Conde, aclaró que el edificio no está
tomado: “Se nos hizo una denuncia por usurpación pero cuando vino la Fiscalía pudo
constatar que nosotros dejamos el paso libre a la planta”.
Existe una medida judicial que impide el acceso a las instalaciones de todo el
personal no autorizado. “Sólo podemos entrar los trabajadores y el dueño. A
nuestros compañeros que vienen a trabajar les decimos que esperen que el dueño
venga a abrir porque la planta no es nuestra y nosotros no podemos decidir
dejarlos entrar”, explicó el delegado.
Mientras tanto el empresario sigue sin presentarse a la fábrica y los
trabajadores se mantienen en el predio con el apoyo de la cooperativa de
trabajo La Alameda y la Unión de Trabajadores Costureros (UTC). Juntas, estas
dos organizaciones lideraron la conformación del Centro Demostrativo de
Indumentaria, un polo textil integrado por 200 costureros, que organizados en
cooperativa trabajan en un predio de Barracas cedido por el gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, con máquinas incautadas a un fabricante textil
esclavista.
“Lo que nosotros queremos es que el Ministerio de Trabajo intervenga y nos
garantice las fuentes de trabajo, sea como sea”. La medida de fuerza se generó
en la planta más grande, donde hay un centenar de obreros. Pero el problema
comprende a casi 400 trabajadores en todo el país, que ven en riesgo su fuente
laboral
Para sensibilizar acerca de la situación de la empresa, los obreros organizaron
un festival donde recibieron la solidaridad de los delegados sindicales de
otras fábricas textiles y representantes del Movimiento Nacional de Fábricas
Recuperadas. “Estamos muy sorprendidos por el apoyo de los vecinos”, enfatizó
Conde. “Tuvieron la iniciativa de juntar firmas para que volvamos a tener
nuestro empleo. El padre Fabricio, de la iglesia del barrio, nos llamó para
darnos la palabra en la misa del domingo. Todo el tiempo hay vecinos que vienen
a bancarnos y darnos una mano”.
En este escenario, los trabajadores reconocen que ahora la legislación les
ofrecería un marco jurídico propicio para la recuperación. Con la entrada en
vigencia de la nueva Ley de Concursos y Quiebras, los trabajadores pueden
formar parte de un comité de control para prevenir operaciones fraudulentas por
parte de la patronal e informarse de todos los movimientos en el expediente.
Además, están habilitados para presentarse al salvataje usando sus créditos
laborales para adquirir las acciones de la empresa, evitar la quiebra y hacerse
cargo de las fábricas.