El secretario de Derechos Humanos de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Ariel Pringles, estuvo en la ciudad para anunciar que el gremio presentó ante el Consejo de la Magistratura una denuncia contra el juez Néstor Luis Montezanti por “mal desempeño” como integrante -y ex presidente- de la Cámara Federal de Apelaciones con “violación de los deberes de funcionario público” y una “clara actitud antisindical”.
Además confirmaron la formulación de una querella criminal y una denuncia contra el magistrado federal en la causa impulsada por el juez Norberto Oyarbide que investiga los crímenes de la Alianza Anticomunista Argentina dado que Montezanti “supo estar cerca y, al menos, participar en actividades llevadas a cabo” por la banda terrorista paraestatal como “quedó demostrado” en la querella que éste le inició a Alberto Rodríguez en abril de 2007.
Según informó Pringles, la decisión fue tomada luego de la visita a la ciudad, el año pasado, del titular del sindicato Julio Piumatto, y “atento a la innumerable cantidad de denuncias de afiliados y no afiliados por persecución y discriminación”.
El requerimiento plantea a modo de ejemplo de las condiciones laborales “humillantes y vejatorias” que deben soportar los empleados: las prolongaciones desmedidas de la jornada laboral; el dictado de decisorios administrativos por parte del juez caracterizados por su “arbitrariedad” y “menosprecio” hacia los destinatarios; “trato despectivo y discriminatorios” a trabajadores de la Fiscalía como a empleados con actividad gremial; “desequilibrios emocionales” y “reiterados abusos de autoridad” conspirando contra el ejercicio de la judicatura”; y “dilaciones administrativas y entorpecimientos en causas referidas a delitos de lesa humanidad”.
“Lo que podrían ser hechos aislados de persecución sindical no quedaron así sino que era el principio de desenmascarar una conducta permanente, que estaba basado desde el orden biológico y psicológico y que tiene su origen y raíz en su conducta y también en su actuación directa e indirecta y su vinculación con la Triple A”, manifestó el secretario de DD. HH. de los judiciales nacionales.

Dinosaurio
El punto 9 de la denuncia define en un caso lo que se denuncia. El hecho data de 2007, cuando Montezanti -aún en la presidencia de la Cámara Federal- revocó la asignación de una causa sobre delitos de lesa humanidad y ordenó a la secretaria que la restituya a la Secretaría donde se encontraba. En acuerdo extraordinario, sus colegas ratificaron lo actuado, con la excepción del entonces vicepresidente dr. Luis Cotter quien planteó la nulidad.
Tras sancionar a una funcionaria que presentó quejas por la decisión, los jueces rechazaron la nulidad solicitada por Cotter y allí, al fundamentar su voto, Montezanti dijo: “No puedo admitir, así, que se pretenda que retornar un expediente a su Secretaría natural (de la que nunca debió haber salido, como no lo han hecho los muchos más que también versan sobre crímenes de lesa humanidad y cuyo trámite es normal como debe ser)…”.
“…La Armada es una institución fundamental… carácter que no pierde por la circunstancia de que, en determinado momento histórico, algunos vesánicos la hayan empleado para sus tropelías”.
El dr. Luis Cotter manifestó que la teoría expuesta por el acusado “no se concibe con los hechos probados” y le recomendó leer las sentencias de la Cámara capitalina y de la Corte Suprema en el Juicio a la Junta Militar como “mejor remedio (…) contra la desmemoria y el ocultamiento de la verdad” agregando que ningún genocida “ha sido declarado inimputable por vesanía”.

Juez y parte
Otra de las acusaciones contra Montezanti que detalló Pringles, tiene que ver con “algunas causas donde pudimos advertir la actuación de este magistrado como abogado de parte vigente en los expedientes cuando ya era magistrado, es decir, figuraba como abogado de parte en expedientes aceptando renunciar al cargo con posterioridad y probablemente con motivo de que empiezan a surgir un montón de cosas basadas en pruebas objetivas”.
Se trata de tres causas: 1) 56825 “Acuña, Carlos, S. y Otros…” sobre el traspaso de la Compañía de Seguros “La Caja”, una megacausa con 1700 denunciantes con jurisdicción en Buenos Aires aunque la Cámara decidió que continúe aquí; 2) 51095 “s/ Choca c/ Transporte Marini p/ Ejecución”; y 3) 2604 “AADI-CAPIF c/ Hotel Belgrano s/ cobro de pesos”.
“He visto con mis propios ojos que hay en la puerta de su estudio una placa que reza ‘Ex Estudio del dr. Montezanti’. ¡No veo el motivo! El decoro de cualquier persona le debe indicar que nada tiene que hacer una placa ahí, no se puede hacer publicidad de que era un estudio porque, indudablemente, también sospechamos que había otra clase de intereses atrás”, dijo el gremialista.

Si no la gana la empata
Respecto a la conducta actual del camarista, el secretario de Derechos Humanos de la Uepjn, comentó que creyeron en principio que “se habían bajado algunos decibeles de forma pero en el fondo, no cambió”.
Ejemplo: el gremio presentó un amparo sindical a la Cámara Nacional del Trabajo en Capital Federal a raíz del cambio de tareas de una delegada. El amparo fue favorable a los trabajadores haciendo lugar a la medida de “no innovar” que fue comunicada a la Cámara Federal en pleno que “hizo caso omiso a esta orden judicial de la Cámara Laboral”.
“Con un artilugio jurídico que en realidad a mi modo de ver es impresentable, dijo que era la Corte quien le tenía que dar la orden a ellos, por ser una cuestión de superintendencia, no le hizo caso a un juez de Cámara y lo mando a la Corte. Y lo grave es que la Corte no le hizo lugar a esta avocación confirmando que debía cumplirse con este fallo, hace un mes -por lo menos- que están notificados que desde el 8 de agosto tienen la comunicación y sin embargo acá nadie sabe nada”, explicó Pringles.
Esta dejadez le llamó la atención, al igual que el desinterés por realizar un sumario administrativo que deslinde de responsabilidades a funcionarios y trabajadores judiciales por la fuga del represor Julián Corres, sobre todo, si tenemos en cuenta la meticulosidad de una “Cámara que tan eficientemente controla hasta la velocidad de ingreso de los vehículos al estacionamiento”.

“Bahía es emblemática”
Pringles destacó que al ver lo que sucedía en la ciudad pensó que era una cuestión de “interpretación”, algo que ya habían vivido junto a los organismos de derechos humanos en muchos lugares, denunciado que hay “un instinto natural de protección corporativa” como se vio “en el Ejército”.
“Hay un poco de eso, otro poco de pasados que los ligan de alguna u otra manera y hay cuestiones mucho más profundas que me preocupan y es que en Bahía las causas por delitos de lesa humanidad, la actuación de la Cámara, el contenido de algunas resoluciones, denotan el absoluto desprecio a algunas cuestiones vinculadas a los derechos humanos”, se lamentó.
Por otro lado, “los empleados viven bajo un temor absoluto. Hago asambleas judiciales en todo el país, en Bahía me dicen ‘Acá no, hablemos en otro lado, afuera…’. ¡Son empleados de la Justicia y no pueden hablar con un representante de su gremio democrático! Es como que vieran al diablo. Cuando Argentina va para un lado, Bahía Blanca se quedó en otro”, concluyó el dirigente.

Radiografía

Teniendo en cuenta que “un juez administra justicia” pero “no es la Justicia”, en la presentación realizada ante en Consejo de la Magistratura, Piumato y Pringles analizan el discurso y su accionar que revelan: “marcados rasgos autoritarios”; “incapacidad de conducir en un marco de paz social a la gente a su cargo”; “fantasías omnipotentes, presentes en su discurso ante colegas como hacia sus subordinados, a quienes incluso imputa como infracción realizar planteos a sus decisiones”; “rigidez y falta de elasticidad en las relaciones con sus subordinados, lo que obstaculiza e impide la colaboración y la tarea en equipo”; y “su discurso de dudoso arraigo en torno a los crímenes de lesa humanidad acaecidos en nuestro país, los que peligrosamente imputa a vesánicos líderes”.

De esto nadie habla
“Acá hay presentes chicos de la Facultad de Derecho donde se le inició un sumario a Montezanti porque entraba al aula y cerraba con llave. No permitía salir a los alumnos del curso, o sea que daba clase también con un sesgo autoritario. Se inició un sumario, el Consejo Directivo de la Universidad lo apercibió a que no lo hiciera más, fuera de otras denuncias que también tenía en su cátedra… ¿Esto la sociedad de Bahía Blanca no lo sabe? Es un juez de la Nación. Son pequeñas cosas que van dando un perfil que padecen los empleados y la sociedad toda porque ese contenido ideológica se refleja en las resoluciones”.