En el pasado mes de noviembre los trabajadores petroleros del país fueron puestos en el ojo de la tormenta mediática al reclamar una recomposición salarial a las empresas productoras de gas licuado de petróleo (GLP). Las empresas no reconocieron la justicia del pedido y produjeron una serie de medidas de fuerza que llegó a desabastecer a amplios sectores de la población más carenciada, principal consumidora de gas envasado.
El conflicto permite analizar la insensatez del precio de las garrafas y el negocio con nuestros recursos naturales.

Crónica del reclamo
“Todo arranca por un pedido de recomposición salarial a las cámaras empresarias en el mes de septiembre. Más allá de la negativa de estas empresas a reconocer nuestro pedido, una de ellas -Repsol- reconoció el incremento pero en una sola provincia, Neuquén”, dijo a EcoDias el titular del Sindicato Petrolero y Gas Privado local, Gabriel Matarazzo.
Esto obligó a los trabajadores a agudizar las medidas y vencidos todos los plazos de conciliación obligatoria “ingresamos en medidas de fuerza en todo el país, parando todas las plantas de fraccionamiento, envasado y la distribución”. Catorce días pasaron hasta que el Ministerio de Trabajo, ante la falta de acuerdo, emitió la resolución 1.399 determinando el cese de las medidas sindicales e intimando a las empresas a abonar 25 pesos diarios en concepto de vianda -no remunerativos- con el sueldo de noviembre
“Será hasta el 30 de junio de 2008 y con el sueldo de enero tendrán que abonar una suma fija no remunerativa de 500 pesos, lo mismo en marzo, y obviamente los 25 pesos de vianda por día”, detalló Matarazzo.
Hoy el conflicto está aparentemente resuelto, aunque los trabajadores se encuentran “en estado de alerta”, hasta tanto se haga efectivo el pago en todas las empresas. Según el dirigente, “hay algunas que probablemente aduzcan que no lo pueden abonar y no lo quieran pagar. Ahí tomaríamos las medidas que creamos pertinentes en esas empresas puntuales”.

Quién es quién
En el negocio del GLP hay tres sectores empresarios claramente diferenciados: los “productores” -como Repsol- que produce el gas, lo fracciona, lo envasa y lo distribuye, abarcando todo el circuito del negocio. Por otro lado, existen empresas que compran el gas, lo fraccionan, envasan y distribuyen, obviamente con una rentabilidad menor a las del primer tipo. Y como último caso, con el menor margen de rentabilidad, están aquellas que solamente distribuyen.
“Ahora bien, si ustedes me preguntan si el precio de la garrafa es el acorde, entiendo que las empresas aún con todas estas problemáticas en lo que hace a distribución, logística, etc., tienen margen de rentabilidad como para modificar sus valores. Entendemos claramente que son las productoras las que tienen que abaratar el valor de la tonelada”, afirmó Matarazzo.
Dicho de otra forma, no es necesario incrementar el valor de la garrafa por los reclamos salariales de los gremios. Sin embargo, el dirigente reconoció que “para los distribuidores exclusivos de las petroleras, sí es un incremento muy importante y estamos convencidos que en algún caso puede tornarse dificultoso abonarlo. Pero, en realidad, en ese caso el distribuidor tiene que discutir su rentabilidad con las productoras que son las que se llevan la torta”.
De esta manera, “me interesa dejar en claro que con el incremento salarial que nosotros buscamos en ningún caso pretendíamos que se incremente el valor de la garrafa al público. De todos modos, creo que hasta ahora mayoritariamente no se ha dado, salvo en el momento del paro que surgió un mercado negro que hizo su ganancia aprovechando la situación”, concluyó Matarazzo.

Las leyes del GLP
Según un artículo del 29 de noviembre, firmado por el ingeniero químico Raúl Ortiz en la página web del Grupo Moreno, en 1992 se sancionó la ley 24.076 de privatización de Gas del Estado dejando sin regular el gas licuado en todas sus formas de empleo. Seis años después, las cooperativas del sector fraccionador elaboraron un proyecto de Ley Marco Regulatorio que fue sancionado como Ley Nº 26.020 en marzo de 2005.
Con esto se logró garantizar “la libertad de comercio y otras reivindicaciones propuestas por el sector cooperativo”, pero no se pudo declarar a la actividad como un Servicio Público, “frente a la tesis gubernamental (de la Secretaría de Energía) y los propietarios del oligopolio, de que quedara como una ‘actividad de interés público’”.
“Al amparo de la Ley muchas resoluciones de la Secretaría de Energía han mantenido vigentes las asimetrías del negocio desde su misma base, entre otras cosas porque permiten que un gran fraccionador pueda comprar el gas licuado para envasar a poco más de $ 600 la tonelada, mientras que una PyME o una cooperativa deben pagarlo más de $ 900, lo que representa unos $ 3 por garrafa en beneficio de los grandes”, escribe el autor.
Además destaca la continuidad del proceso de concentración iniciado en los ‘90: “Tres empresas siguen acumulando el 60% del mercado y entre las ocho mayores fraccionan el 80% del gas licuado que se consume en el país a través de unos 5 millones de familias usuarias”.