Un informe de inteligencia de Prefectura Naval sindicó como “personal a ser raleado” del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca a dos obreros gráficos que tres meses después fueron asesinados. Para la justicia son crímenes imprescriptibles, pero nadie investiga a sus autores, materiales ni intelectuales.

Tres meses antes de ser secuestrados, torturados y acribillados a balazos, los nombres de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola encabezaron un listado de “personal a SER RALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSIÓN FUNDAMENTAL” (mayúsculas del original) para la masacre que se avecinaba: el diario naval La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Como miembros del Sindicato de Artes Gráficas ambos habían organizado sindicalmente a los trabajadores de la empresa, que no dudó en equipararlos con “la infiltración más radicalizada del movimiento obrero”.
El informe “estrictamente secreto y confidencial”, fechado dos días antes del golpe de Estado, fue elaborado por la sección informaciones de la Prefectura Naval local, fuerza subordinada a la Armada, y certifica la importancia que los servicios desde los cuales se gestó y concretó el genocidio asignaban al monopolio de medios bahiense. A fines de 1976 el jefe de Prefectura, prefecto mayor Félix Ovidio Cornelli, se despidió en persona de la directora del diario Diana Julio de Massot y reafirmó su decisión de “aniquilar a las huestes de la delincuencia ideológica”.
Consultado por este cronista, el jefe de informaciones durante 1976 prefecto (R) Francisco Manuel Martínez Loydi dijo no recordar el informe, tradujo raleado como “movido o sacado” y se permitió dudar: “No creo que Prefectura se haya metido en la parte gremial”. La justicia de Bahía Blanca ya determinó que son crímenes imprescriptibles pero no investiga a sus autores, materiales ni intelectuales Heinrich era maquinista en la rotativa y secretario general del sindicato.

A partir de 1971 se dedicaron a reafiliar compañeros expulsados del gremio. A fines de 1973 los quites de colaboración en demanda de aumentos salariales demoraron la salida del diario. El primer día de 1974 lograron el acatamiento masivo a un paro que obtuvo como respuesta cuarenta despidos compulsivos y sin indemnización, medida que anuló el ministerio de Trabajo. A mediados de 1975 los seis gremios que representaban a los trabajadores de diario, radio y canal de TV resolvieron en asamblea un paro por tiempo indeterminado.
En medio de referencias a Heinrich y Loyola, el asistente de dirección Federico Massot remarcó en una nota al delegado de Trabajo los “fines políticos inconfesos” que ocasionan “un grave daño a la Nación”. Los gráficos exigían a la empresa -no a la Nación- la aplicación de un franco cada cuatro días, como establecía el convenio de trabajo. La medida tuvo alta adhesión, no hubo diario durante tres semanas y la empresa debió respetar el convenio.
El día que La Nueva Provincia reapareció, su directora denunció la “labor disociadora” de los delegados, “cuyos fueros parecieran hacerles creer, temerariamente, que constituyen una nueva raza invulnerable de por vida”. Sugirió que pretendían intervenir el diario para “cooperativizarlo o crear alguna otra forma de autogestión sovietizante”, los equiparó con “la infiltración más radicalizada del movimiento obrero argentino” y anunció que “esta empresa también conoce el ‘soviet’ que aún usufructúa y aprovecha dentro de nuestra propia casa el desorden generado por un estado en descomposición” (LNP 1-9-75). Condicionó el ingreso de los obreros a la firma de un acta por la cual se comprometían a colaborar y en caso de incumplimiento aceptaban ser despedidos sin indemnización. Los treinta que se negaron fueron suspendidos por cinco días.

 “Un medio fundamental”
El informe de Prefectura se titula “Estudio realizado sobre el diario La Nueva Provincia de esta ciudad (guerrilla sindical)”, fue elaborado en base a información “propia y de Policía Federal” y calificado con el máximo valor posible: A-1. Excepto por dos oraciones es idéntico a un borrador del 6 de diciembre de 1975. Y tuvo un único destinatario: el Servicio de Inteligencia de Prefectura, entonces a cargo del prefecto mayor Néstor Arnaldo Occhiuzzi.
Sin embargo, no fueron los prefectos los únicos servicios preocupados por cuidar los intereses de los Massot. Ese mismo año el delegado de la SIDE local, general (R) Carlos Alberto Golletti Wilkinson había solicitado al resto de la autodenominada comunidad de inteligencia “antecedentes de toda índole” de Heinrich.
 Como causas de la organización obrera que denomina “avance de este método subversivo”, Prefectura destaca la “prédica tradicionalista y católica” del diario “que lo convirtió en acérrimo enemigo del marxismo, tercermundismo y peronismo”, y “la infiltración que, manejada desde la Universidad Nacional del Sur y grupos marxistas del peronismo, se llevó a cabo entre el personal”.
 Según el borrador el proceso se inició con la asunción de Cámpora y “fue apuntado, sin equivocación alguna, por uno de los jefes de seguridad de la empresa a sus directivos”, frase suprimida en la versión definitiva. “El comisario Héctor José Ramos ­-arranca el mismo párrafo, ahora sin vincularlo a la empresa- definió en reiteradas oportunidades como Peronismo de Base al grupo encargado de sabotear La Nueva Provincia”. Murió “antes de concluir su labor de esclarecimiento” (Ramos, segundo jefe de la delegación local del Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, SIPBA, fue asesinado por Montoneros el 20 de marzo de 1975, sindicado como “el más eficiente torturador que conociera nuestra ciudad”).
 El informe minimiza la importancia de detallar el supuesto sabotaje porque la empresa ya lo documentó “a los comandos militares y navales de la zona”.
Sólo se propone consignar datos sobre el “personal a SER RALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSIÓN FUNDAMENTAL, tal cual lo marca una efectiva acción ‘contrarrevolucionaria’ que tienda a sanear los medios preferidos por la revolución mundial para su labor de infiltración, subversión cultural y posterior victoria”.
 La lista comienza con Heinrich y Loyola e incluye los domicilios donde fueron secuestrados. Los acusan de amedrentar al “personal anti-huelguista” (sic), difundir panfletos con los nombres del “personal leal” y presionar a canillitas. Agregan que custodios de los Massot llegaron a “encañonar con armas largas” a los ocupantes de un Falcon que pretendían impedir la salida de un vehículo con diarios hacia Punta Alta. Siguen con el Sindicato de Prensa, a cuyo secretario general Néstor Larrondo consideran “el cerebro intelectual”, y concluyen con “los manejados”, que “no dejan de ser culpables e indeseables”.

“La mano viene dura”
A mediados de junio, mientras reclamaban el pago de días de paro descontados, Heinrich, Loyola y el armador Jorge Manuel Molina, vocal del sindicato, fueron citados al Cuerpo V. “Nos recibió un capitán, no recuerdo el nombre, ­cuenta Molina. Dijo ‘muchachos, déjense de romper las pelotas, la mano viene dura’. No tomamos esa advertencia como una amenaza. No medimos qué había detrás”.
 Al atardecer del 30 de junio una patota se instaló en la casa de Loyola. Lo esperaron hasta las cuatro de la mañana, cuando terminó su jornada en la rotativa. A medida que llegaban, familiares y allegados fueron maniatados y vendados. “Algunos usaban guantes y todos, por su manera de expresarse, denotaban cierta cultura”, declaró la mujer de Loyola en el sumario policial. Los vecinos vieron vehículos militares cortando la cuadra durante casi siete horas. Cuando cayó la presa, a los siete testigos del secuestro, incluida su mujer embarazada, les inyectaron somníferos para adormecerlos.
 Desde allí fueron a buscar a Heinrich, recién llegado del diario. Vivía con su esposa y cinco hijos en una casa de un dormitorio. Rompieron la puerta con un golpe seco y antes de que la familia alcanzara a moverse ya estaban en la habitación, encandilándolos con linternas. Heinrich pidió que se identificaran. “Somos de la Federal”, dijeron, y lo encañonaron. Mientras los chicos lloraban y la mujer intentaba detenerlos, Heinrich pidió que no le pegaran delante de sus hijos. Le ordenaron vestirse y se lo llevaron.
 Durante cuatro días estuvieron desaparecidos. Molina junto con un ex maestro del colegio La Piedad, donde había estudiado Loyola, fueron a la Curia a pedirle ayuda al arzobispo bahiense, monseñor Jorge Mayer. Su respuesta fue la misma que escucharon todos los padres desesperados que lo consultaron por sus hijos: “En algo andarán”. La noticia circulaba en los pasillos de La Nueva Provincia pero no apareció en sus páginas.

El domingo 4 de julio una familia que mateaba en el paraje “La cueva de los leones”, a 17 kilómetros de Bahía, encontró los cadáveres maniatados por la espalda, con signos de torturas y destrozados a tiros. Los rodeaban 52 vainas calibre 9 milímetros. Un llamado alertó al Vasco Larrondo. “Ya hicimos cagar a dos rojos, el próximo sos vos”. Logró viajar a Tandil con la ayuda de Rafael Emilio Santiago, reconocido periodista que aún trabaja en la empresa.
 El lunes, mientras la noticia les quemaba las manos, La Nueva Provincia publicó un aviso fúnebre de la familia Loyola. Recién el martes, bajo el título “Son investigados dos homicidios”, un redactor leal anti-huelguista la sintetizó en veinte líneas. “Se desempeñaban en la sección talleres de este diario”, apuntó. En 31 años La Nueva Provincia no volvió a tocar el tema. Un día después de recibir el sumario policial el juez Francisco Bentivegna se inhibió de actuar y remitió la causa a Juan Alberto Graziani, que al mes la archivó.
 “Nos encontramos envueltos en una guerra apátrida”, arengó dos meses después ante los marineros que terminaban el servicio militar el subprefecto Juan Bautista Ghiorzi (LNP 16-9-76). Ese mismo año, cuando dejó Bahía Blanca, el jefe de la fuerza prefecto mayor Félix Ovidio Cornelli y su ayudante Ghiorzi se despidieron en persona de la directora del diario Diana Julio de Massot (LNP 11-12-76). En su carta de despedida Cornelli reafirmó su “decisión irrevocable de defender todo aquello que haga a la soberanía nacional, combatiendo y aniquilando a las huestes de la delincuencia ideológica” y destacó su “agradecimiento más íntimo y el reconocimiento incondicional para la gente de prensa”.

PREFECTO (R) MARTÍNEZ LOYDI, JEFE DE INFORMACIONES EN 1976
“De corazón, ni idea”

Según su memoria anual de 1976, a partir del golpe de Estado grupos de “12 a 15 hombres” de Prefectura actuaron “en acciones contra guerrillas” en el sur bonaerense, en coordinación con la Fuerza de Tareas 2 del Comando de Operaciones Navales, con sede en la base naval de Puerto Belgrano. Pese a las abundantes evidencias de su participación en secuestros de personas que continúan desaparecidas, como el de Héctor Rubén Sampini en Ingeniero White, a tres décadas de los hechos la justicia federal de Bahía Blanca aún no investigó a la Armada ni a la Prefectura.
 El jefe del servicio de inteligencia que durante 1975 ordenó realizar informes sobre estudiantes, dirigentes gremiales y sacerdotes tercermundistas a las delegaciones de todo el país fue el prefecto mayor Rodolfo Alfonso Manzi. Quien como jefe de la delegación bahiense recibía sus pedidos era el prefecto mayor Julio Benjamín Baeza. A cargo de la sección informaciones que investigó y redactó el borrador sugiriendo ralear La Nueva Provincia de obreros molestos estaba el subprefecto Bernardino Miguel Nieto. Pero para marzo de 1976, cuando finalmente se elevó el informe, Baeza había sido reemplazado por el prefecto mayor Félix Ovidio Cornelli, y Nieto por el subprefecto Francisco Manuel Martínez Loydi, quien volvió a ocupar el cargo en 1980, cuando a falta de militancia la “comunidad de inteligencia” se dedicó a perseguir y amedrentar a los familiares de detenidos-desaparecidos que exigían justicia.
 Ex combatiente de Malvinas, ex dirigente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén y actual regente de la Escuela de formación y capacitación para el personal de la Marina Mercante de Prefectura Quequén, el bahiense “Pancho” Martínez Loydi se mostró sorprendido ante la consulta de este cronista.
 – ¿Recuerda los asesinatos de los obreros gráficos de La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola?
– A la pistola… No recuerdo los nombres, sí los homicidios.
– Fue un caso atípico para ese año: los secuestraron y fusilaron pero no difundieron ningún comunicado haciéndolo pasar por tiroteo.
– (silencio)
– ¿Recuerda el informe sobre la guerrilla sindical infiltrada en La Nueva Provincia?
– Te soy franco, no recuerdo.
– ¿Alguna fuerza en particular se ocupaba de la seguridad de esa empresa?
– Pudo haber sido la SIPBA.
– ¿Qué entiende usted por “personal a ser raleado” de una empresa?
– Supongo que movido, sacado. ¿Por qué?
– Un informe firmado por su sección aconsejó ralearlos, tres meses antes de matarlos.
– No creo que Prefectura se haya metido en la parte gremial. No podíamos nosotros.
– ¿Y qué fuerza sí podía?
– Te soy franco, no sé. Mentiría si dijera algo. De corazón, ni idea.

LA DIFICULTAD DE INVESTIGAR A LOS AUTORES MATERIALES
Gente culta
Aun si la justicia federal de Bahía Blanca tuviera voluntad de hacerlo, no le resultará fácil, tres décadas después, identificar a los autores materiales de los asesinatos. Nadie declaró haber visto a los obreros de La Nueva Provincia en cautiverio. La mención del informe al Peronismo de Base es un indicio no menor. “Ustedes no nos interesan una mierda. Nos importa el vínculo con los Monto, flaquito”, le explicaba el suboficial Santiago Cruciani a un militante del Peronismo de Base en la mesa de torturas de La Escuelita. “Hay empresas que prefieren matar a sus empleados antes que indemnizarlos”, se sinceró el general Adel Vilas ante dos periodistas locales. En Bahía Blanca al menos Vilas no se permitió muertes sin firma. Quienes pasaron por sus manos fueron fusilados en tiroteos falsos o continúan desaparecidos.
 Los asesinos de Heinrich y Loyola eligieron un paraje simbólico de la Triple A: “La cueva de los leones”. La única empresa a la que molestaban publicó la noticia en veinte líneas de su sección policiales, tal como había hecho con las víctimas de la Triple A durante 1975, ocultando a la sociedad sus militancias de origen pese a que la “comunidad informativa” que los nutría de datos solía tenerlos bien registrados. Pero para junio de 1976 los miembros de la Triple A habían sido reemplazados por las Fuerzas Armadas y de seguridad. Y mientras tuvieron vía libre para matar, nunca se tomaron el trabajo de adormecer testigos, no usaron guantes ni denotaron “cierta cultura” como apuntó la viuda de Loyola, y jamás mantuvieron con vida a sus víctimas durante cuatro días, ni para interrogarlas ni para mostrarlas como trofeo ante ningún patrón.