En su última sesión del 2010, el Consejo Superior Universitario pasó para el año venidero dos de los temas más candentes de la jornada deliberativa: la reválida de la abogada Girotti al frente de una cátedra y la aceptación de los fondos del YMAD. El repudio a los hechos de violencia registrados el 1 de diciembre salió por un voto, pero lavado: se quitaron de su redacción los epítetos polémicos.

Tras la Asamblea Universitaria que colocó a Guillermo Crapiste en su segundo mandato al frente de la Universidad Nacional del Sur (UNS), el Consejo Superior Universitario retomó el normal desarrollo de sus sesiones ordinarias, dando cumplimiento al último encuentro plenario estipulado para este 2010.
En un orden del día que hacía prever una sesión maratónica, se destacaban tres temas que abrían la polémica: la posible reválida de la abogada Gloria Girotti como profesora adjunta de la cátedra de Derecho en los Contratos, la aceptación o el rechazo de los fondos provenientes de los Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y el repudio propuesto por el oficialismo a los hechos de violencia ocurridos al cabo de la Asamblea del 1 de diciembre.

Girotti, en suspenso
Bajo la atenta mirada de una Madre de Plaza de Mayo, el titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Eduardo Hidalgo, y un grupo de militantes sindicales y estudiantiles que se llegaron al lugar, el CSU trató la posible reválida de la abogada Gloria Girotti en el cargo de profesora adjunta con dedicación simple de la materia “Derecho en los Contratos”, dictada por el Departamento de Derecho de la UNS.
Entre 1972 y 1979 Girotti se desempeñó en la Secretaría Nº 2 del Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca, entonces a cargo de Guillermo Madueño. La polémica en torno a la designación de la profesional tiene como antecedente la impugnación presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el docente chubutense Gonzalo Pérez Álvarez a la candidatura de Girotti al cargo de Camarista Civil, Comercial y Laboral de Puerto Madryn.
El CELS, por caso, fundamentó en su momento su impugnación bajo el argumento de que la aspirante “carece de la idoneidad que se requiere para este cargo público”, en la medida en que “sus antecedentes han avalado algunos de los delitos perpetrados en la jurisdicción del V Cuerpo del Ejército durante la última dictadura militar”. Por otra parte, el organismo menciona que Girotti “tramitó con serias falencias diversos recursos de hábeas corpus presentados a favor de personas privadas ilegítimamente de la libertad durante la última dictadura militar”. Entre los ejemplos de esta práctica, menciona los recursos presentados a favor de Daniel Carrá, Cora Pioli y Darío Rossi. Los dos primeros, permanecen desaparecidos. Rossi fue fusilado en 1977.
Otro antecedente de Girotti lo configura su conducta ante un falso enfrentamiento, fraguado por el Ejército en septiembre de 1976 y al que se endilgaron cuatro víctimas que, en realidad, ya se encontraban detenidas al momento de difundirse la noticia a través del diario La Nueva Provincia. Madueño y Girotti cerraron y archivaron la causa en octubre de 1976, sin poner en duda el relato oficial de los hechos.
Por decisión del cuerpo colegiado de la UNS, la designación no fue votada en la noche del 15 de diciembre sino que se estudiará el año entrante.

YMAD, y después
Una oportuna moción de privilegio posibilitó que el debate en torno a la aceptación o el rechazo de los fondos provenientes de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) ocurriera antes de lo que el orden del día lo preveía.
El punto 30 del plenario incluía dos dictámenes, uno a favor de la aceptación y otro que instaba a un rechazo. Escueto, el primero hacía referencia a la existencia de la partida y aconsejaba su aceptación “considerando los informes presentados por la comisión designada al efecto”, para destinarlo a la financiación de un buffet en el espacio universitario del barrio de Palihue. Los consejeros Castro, Bouzat, Cravero, Torre y Lliteras resultaban los firmantes del escrito, tratado en la Comisión de Economía, Finanzas y Edificios.
El segundo dictamen se diferenciaba del primero en cuanto a su posición respecto de los fondos provenientes del YMAD, pero también por su minuciosa argumentación. Sin embargo, se le objetó el hecho de no haber pasado por comisión previamente a la discusión en el recinto.
Por ello, el CSU resolvió que el tema vuelva a su comisión de origen. En 2011, Economía, Finanzas y Edificios deberá discutir y aconsejar acerca de la aceptación o no del monto, de casi un millón de pesos.

Repudio medido
Por trece votos contra doce, los integrantes del CSU aprobaron un repudio institucional a los hechos de violencia ocurridos luego de proclamada la reelección de Guillermo Crapiste como rector de la UNS, el 1 de diciembre pasado.
La discusión acerca del pronunciamiento supuso un debate en torno a lo que se entiende o engloba bajo el término “violencia”. Mientras el físico Cravero entendía que parte de los cánticos del 1 de diciembre pertenecían al folclore proselitista, el consejero por el grupo estudiantil La Corriente, Diego Schoo, recordó hechos de violencia nunca repudiados por el máximo organismo de la UNS. Entre ellos, enumeró las amenazas a trabajadores de militancia sindical y la rotura que el MNR-Desafíos produjo en un vidrio del local del Centro de Estudiantes de Ciencias de la Administración (CECA), con el objeto de hacerse de la administración del lugar tras polémicas elecciones que La Corriente declaró fraudulentas.
Finalmente, el CSU aprobó por un voto una redacción que se diferenciaba de la propuesta originalmente y quitaba los epítetos que resultaban más polémicos.

Qué es el YMAD
Creada en 1958, la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) era en principio una sociedad tripartita entre la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado nacional.
En 1994, YMAD pasó a conformar una UTE (unión transitoria de empresas) con la transnacional Minera Alumbrera Ltd., de capitales canadienses y suizos y constituida bajo la legislación de un “paraíso fiscal” como Antigua y Barbuda. Desde ese momento, percibe apenas el 20 por ciento de las utilidades de la explotación del emprendimiento minero de Bajo La Alumbrera, en Catamarca. De ese porcentaje, el YMAD debe otorgar un 60 por ciento a la provincia de Catamarca, un 20 por ciento a la Universidad Nacional de Tucumán e idéntico porcentaje a las restantes universidades nacionales, que no están obligadas a aceptarlo aunque sí tienen derecho a reclamarlo.
No es un dato menor Que el vicepresidente de Minera Alumbrera Ltd., Julian Patricio Rooney se encuentre procesado desde el 24 de mayo de 2008 por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán como “presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud, previsto y penado en el artículo 55 de la ley 24051”, según el informe que la magíster María Graciela Cortázar remitió al CSU en noviembre de este año.  
Toda la información detallada en este recuadro fue incluida entre los considerandos mencionados por el dictamen que el CSU rehusó tratar al no haber sido convalidado por alguna comisión del cuerpo.
El consejero de los no docentes Roberto Cimatti se permitió dudar de que las ganancias declaradas por la empresa que explota el yacimiento sean las que se tuvieron en cuenta a la hora de distribuir regalías con el YMAD, ya que “no se pudieron conseguir los estados contables de la empresa YMAD”. A su vez, recordó que el proyecto original del MNR giraba en torno a un comedor universitario y no a un buffet, como se incluyó en la redacción del dictamen que aconsejaba la aceptación de los fondos.
Finalmente, los firmantes (Cimatti, Alonso, Ripari, Poggiese, Eberle y A. Rodríguez) recordaban el derecho de “todos los habitantes a gozar de un ambiente sano”, tal como reza el artículo 41 de la Constitución Nacional. Y sostenían que “el eje fundamental de la polémica sobre la aceptación o rechazo de los fondos del YMAD es esencialmente ético y político, ya que afecta el rol de contralor de las universidades nacionales y puede suponer en los hechos la sumisión de la producción académica y científica a los intereses de quienes puedan financiarla”.
En cambio, los consejeros Castro, Bouzat, Cravero, Torre y Lliteras plantearon que era mejor recibir la suma independientemente de su procedencia.