El 15 de septiembre el intendente Cristian Breitenstein encabezó el acto de firma del contrato de concesión de uso entre el Consorcio de Gestión del Puerto y la empresa Potasio Río Colorado (Río Tinto) de un terreno de 60 hectáreas por 50 años para la exportación de cloruro de potasio.
Con bombos y platillos se anunciaron los 170 millones de pesos de inversión que desembolsaría la empresa para la construcción y explotación “por su cuenta” de una “planta y terminal portuaria para el procesamiento, almacenamiento y exportación por vía marítima”.
El parte de prensa de esa jornada agrega que “la concesión prevé asimismo el otorgamiento de espacios adicionales donde la concesionaria construirá un desvío ferroviario para el ingreso de la mercadería procedente de la zona de extracción, situada en Malargüe, provincia de Mendoza, en el límite con Neuquén”.

Antecedentes internacionales
Cuatro días antes, la página www.noalamina.org publicó que el Ministerio de Finanzas de Noruega excluyó a la empresa minera del Fondo de Pensiones del gobierno, “ante el riesgo de estar contribuyendo con esas inversiones a daños severos en el medioambiente”.
“El gobierno noruego afirma en un informe que Río Tinto está directamente involucrada en la destrucción ambiental ocasionada por la mina Grasberg en Papua Occidental (Indonesia)”.
Ante la consulta de EcoDias, integrantes del Concejo Deliberante local opinaron sobre el proyecto que a pesar del anuncio del Ejecutivo aún no cuenta con los permisos correspondientes.
Para la titular de la Comisión Asesora de Medio Ambiente, Aloma Sartor, lo más preocupante es la concreción de las inversiones ferroviarias que mejorarían la entrada de ingreso al puerto sustituyendo la línea actual: “Me temo que si avanza el proyecto, como evidentemente lo hace, vamos a tener los trenes cortando av. Colón porque el compromiso de la empresa es una obra en el ingreso portuario pero la otra inversión importante la hacía el Estado nacional”.
En cuanto al impacto ambiental, sostuvo que al deliberativo no llegó ningún estudio, sólo “tuvimos una presentación empresarial genérica”, aunque aclaró que “lo que se haga en el área portuaria no va a tener un impacto que se pueda escapar porque no son procesos muy complejos”.
Sí la preocuparon las consecuencias que pueda traer aguas abajo el cauce del Río Colorado de ser alcanzado por la montaña de sal que dejará la empresa en Malargüe -210 hectáreas por 50 metros de altura a perpetuidad-.
“Tuvimos varias reuniones con el Coirco y Corfo, había una negociación donde Coirco no les daba la autorización de disposición en el lugar original y lo último que nos comunicó el presidente del organismo fue que la empresa aceptó trasladar el lugar donde se va a poner la inmensa montaña de sal”, dijo Sartor.
Para Norberto Martínez (Integración Ciudadana) hay que esperar los resultados de los estudios de impacto ambiental solicitados por el Concejo. “Me parece apresurado haber dado 60 hectáreas del puerto por 100 años -son 50 prorrogables por otros tanto- sin tener todos los elementos”.
“De acuerdo con lo que uno ha leído, Río Tinto no tiene los mejores antecedentes en distintos lugares del mundo, lugares como Noruega no quieren tener ningún tipo de contacto y deshicieron negocios o convenios que tenían por la forma de moverse respecto al poco respeto de las cuestiones ambientales”, aseguró el edil.
Además destacó que “lo primero que enarbolamos es que van a invertir 170 millones de pesos. Nadie está en contra de las inversiones, pero hay que actuar responsablemente, primero ver qué quieren hacer y después hablar de las inversiones” y sugirió que el Concejo tiene que llamar “como mínimo al titular del Coirco y una vez reunidos todos los antecedentes, veremos”.

Otras voces
“Sabemos por experiencia de otros países que son empresas con plantas muy difíciles de controlar y que necesitan el seguimiento para que cumplan las normas de seguridad ambiental y me parece relevante conocer la opinión de las autoridades municipales, de Medio Ambiente en particular, porque hasta el momento no escuché ningún tipo de comentario al respecto sobre todo porque su localización, si bien está en zona portuaria, afectaría a todos los bahienses”, manifestó Elisa Quartucci de la Coalición Cívica.
Advirtió también las dudas referidas a la infraestructura ferroviaria en el acceso a puertos “que es totalmente deficitaria” y evaluó que “para la ciudad en sí, más allá de los problemas ambientales, lo que genera es una actividad económica, puestos de trabajo, pero eso hay que equilibrarlo con los impactos negativos”.
A Andrés De leo (Acción Radical) no le sorprendió que “el Ejecutivo siga sacándose fotos con anuncios de inversiones multimillonarias porque no es la primera vez y seguramente van a aparecer más”.
En ese sentido, exigió mayores precisiones sobre las consecuencias medioambientales, pidió analizar los beneficios para la ciudad porque “más allá de la inversión inicial no van a ser más fuentes laborales que las de una pyme” y cuestionó los trastornos que se pueden provocar “en la trama vehicular porque se supone que van a venir cuatro ferrocarriles diarios y sabemos que hoy no están las vías en condiciones ni pasan por los lugares adecuados” y “la decisión de otorgarle 60 hectáreas a ese proyecto”.
Desde el oficialismo, el concejal Marcelo Ciccola, afirmó que la iniciativa “es muy importante porque genera un circuito dentro del puerto interesante independientemente de lo que genera la empresa en Mendoza y los posibles factores de contaminación, nos cabe la responsabilidad de controlar a la empresa en el puerto y la mercadería en tránsito al igual que le corresponde a la provincia”.
Sobre el precoz anuncio, subrayó que “es la intención de la empresa realizar estas gestiones para las cuales viene trabajando. De todas maneras para el funcionamiento va tener que contar con los permisos necesarios y los va a realizar en el Consorcio de Gestión del Puerto y en el OPDS, no me queda la menor duda”.