Lejos de la superstición, en la última sesión extraordinaria del Concejo Deliberante se vivió un verdadero martes 13. Al iniciarse la asamblea, considerablemente tarde, se produjo el momento más caliente y vergonzoso cuando los ediles votaban el proyecto de ordenanza referido a la aplicación del fondo fiduciario de unos $ 928.000, conformado para la compra de colectivos.
Estaba presente una veintena de discapacitados que reclamaban el cese de la discriminación y la compra de unidades adaptadas para poder subir con sus sillas de ruedas, personas que desde las siete de la mañana “rebotaban” entre Municipalidad y Concejo, ilusionadas con un resultado favorable.
Sucedió antes del mediodía que el Ejecutivo entregó a los concejales un decreto delegando en el Legislativo la asignación del número de colectivos adaptados a comprar. Decreto que fue rechazado y en cambio se proyectó una ordenanza autorizando a la gestión Breitenstein a decidir el porcentaje de vehículos a adquirir.
Ya durante la sesión se leyó la ordenanza que establece los mecanismos de distribución y compra para las empresas, los modelos de ómnibus y, en su artículo sexto, afirma que el Ejecutivo “por vía reglamentaria, definirá la cantidad de vehículos a incorporar aptos para el traslado de personas discapacitadas”. Esto último provocó el enojo de los presentes dado que esperaban una medida más firme para con el municipio.
Luego, tras las manifestaciones de los ediles Mario López, Aníbal Roig y Alberto Sangre, se aprobó el proyecto desatando la ira y decepción de los discapacitados.
“¡Esto es una vergüenza! Una discriminación absoluta, lo hablado con la intendencia y con los concejales en particular fue clarito: se comprometieron a que la ordenanza no iba a salir si no era con una contraprestación por parte de las empresas a que se cumpliera la Ley y el 100% de las unidades fuera adaptado para discapacitados”, aseguró Jorge Berrondo a viva voz para terminar advirtiendo que “esto es una burda farsa para darle a las empresas los subsidios (…) y en ningún momento le dicen que cumplan con la Ley”.
Así, se llegó a un cuarto intermedio donde el presidente del deliberativo, Juan Pedro Tunessi, mantuvo una infructífera reunión con los discapacitados. “Por una cuestión de intereses políticos nosotros quedamos en el medio”, explicó luego Berrondo reconociendo que nadie quiere hacerse cargo del “costo político”.
Nuevamente en su estrado, Tunessi aseguró por lo bajo que si el intendente no admitía su responsabilidad en la problemática, él estaba dispuesto a solicitarle al día siguiente la renuncia del subsecretario Usabiaga, “mensajero” este de la discapacidad política para resolver la problemática del transporte público.