El domingo 6 de julio fue detenido en nuestra ciudad el represor Osvaldo Laurella Crippa, teniente coronel retirado y ex interventor de la Policía de la provincia de Neuquén desde el 24 de marzo de 1976 hasta fines de 1977.
Vivía en Alsina al 500 y hasta hace algunos meses conducía los programas “Viviendo la tarde” y “Generaciones” en la histórica radio LU3, y “amenizaba” las tardes de sus oyentes con fuerte vocación de opinólogo.
Según informaron desde la Agrupación HIJOS del Alto Valle, Laurella Crippa es “el responsable de todos los operativos de secuestro que se produjeron en la ciudad y la provincia de Neuquén”. Por ejemplo, el hecho conocido como “operativo Cutral Có” donde participó tanto el Ejército como la Policía regenteada por el detenido.

El Juzgado Federal de Neuquén, a cargo del dr. Guillermo Labate, cuenta con un equipo de colaboradores para la instrucción de la causa, conducidos por la dra. Silvina Domínguez, quien confirmó a EcoDias que el ex teniente coronel se encuentra alojado en un hospital bahiense y su situación procesal no pudo ser definida ante la imposibilidad de tomar la declaración indagatoria correspondiente.
La detención se produjo en el marco de la tercera etapa de la investigación por delitos de lesa humanidad que lleva adelante el juez Labate, presidente del Tribunal Oral Federal neuquino, que a partir de este miércoles 20 comenzará a juzgar a ocho genocidas por 17 casos cometidos en la Subzona 52 con asiento en el Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña, Neuquén.
De allí dependía el CCD (Centro Clandestino de Detención) “La Escuelita”, instalado en un terreno del Ejército cercano al Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 de la provincia neuquina. La aplicación del genocidio en esa región del país era comandada por las autoridades militares del bahiense V Cuerpo de Ejército.
Remontándonos a la historia, tras los juzgamientos ordenados a los tribunales militares contra las propias fuerzas de seguridad intervinientes en el Terrorismo de Estado -que implicaron livianas e irregulares investigaciones y cuyas obvias conclusiones terminaron considerando la inexistencia de delitos-, se dio intervención a la Cámara Federal finalizando en el Juicio a las Juntas.
La causa por la cual ahora se detiene a Laurella, se inició bajo la carátula “‘Causa art. 10 ley 23049 por hechos acaecidos en Provincias de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén bajo control operacional que habría correspondido al V Cpo. Ejército’ Expte. 11/86 de la CFABB (Cámara Federal local)”.
Así comenzó a desarrollarse en los juzgados locales el proceso de citaciones a indagatorias, resoluciones de procesamientos, prisiones preventivas rigurosas, etcétera, hasta que llegó el turno de la impunidad mediante las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y todo quedó estancado.
Cabe destacar que por entonces, la dra. Mirta Mántaras planteó la inconstitucionalidad de estas leyes, logrando que la Cámara bahiense, en un fallo “especialmente valioso”, avalara el pedido de la abogada de la APDH. Pero el expediente llegó a la Corte Suprema por las apelaciones de los militares citados y en 1988 el máximo tribunal revocó el fallo de los camaristas de nuestra ciudad.
Más aquí en el tiempo, después de ser declarada por el Congreso y la Corte la nulidad de las leyes se reabrieron las causas y, una vez superados algunos debates jurídicos, se delegaron las instrucciones a los juzgados de primera instancia.
De esta manera, la causa que abarcaba los delitos de toda la zona 5 de Seguridad -sur de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia- se divide, y los hechos de la subzona 52 de Neuquén pasaron a ser en noviembre de 2005 competencia del Juzgado Federal del dr. Guillermo Labate.

Justicia en serio
A diferencia de lo que sucede en la investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo el control operacional del V Cuerpo de Ejército que “impulsa” el juez Alcindo Álvarez Canale en Bahía Blanca, los neuquinos podrán empezar a aliviar las heridas del genocidio a partir de esta semana con el comienzo del juicio a ocho represores por los delitos de “asociación ilícita”, “privación ilegal de la libertad” y “tormentos” en perjuicio de 17 víctimas.
Se trata sólo de la primera etapa de la causa 8736 caratulada “Reinhold Oscar Lorenzo y otros s/Delitos c/la libertad y otros”, dado que el magistrado decidió segmentarla, reuniendo primero a los casos con prueba, para no dilatar la elevación a juicio. Quedan, por ende, otros dos cuerpos: el segundo ya fue también elevado a juicio oral, y el último tuvo un avance muy importante en cuanto a detenciones a partir de los primeros días de julio.
Gervasio Díaz, de HIJOS Alto Valle, manifestó que “en esta tercera etapa se imputan a 32 genocidas por una cantidad de 55 víctimas. La diferencia es que acá no solamente son integrantes del Ejército sino además de las Policías de Río Negro y Neuquén. Entre esos 32 -los ocho que van a juicio también son parte de este paquete-, concretamente hubo alrededor de 23 detenciones nuevas, entre ellas la de Raúl Guglielminetti y Laurella Crippa”.

Testimonios sobre Centros Clandestinos de Detención en Neuquén

El ex diputado por Santa Cruz, Orlando Stirnemann (CONADEP Legajo N° 4337), atestigua: «A principios de abril de 1976 fui detenido en Malabrigo, provincia de Santa Fe. Tres días después me trasladaron desde Reconquista en un avión Guaraní, matrícula Y116, con destino a Aeroparque, y de allí en otro avión, matrícula AE106, a la Base Comandante Espora. Pude ver todo esto porque no estaba vendado, ya que decían que yo era »boleta segura». Primeramente estuve dentro de un Centro Clandestino de Detención (CCD) instalado en un gran galpón perteneciente al Batallón de Comunicaciones. Quince días después de haber sido detenido en este CCD, soy trasladado a otro CCD, presuntamente dentro de la misma jurisdicción del Ejército…».
Francisco Tropeano (CONADEP Legajo N° 6956), detenido legalmente en el Comando de la VI Brigada de Neuquén el 28 de marzo de 1976, hubo de esperar turno en la cárcel de dicha ciudad, hasta que fue trasladado a la Base Comandante Espora y entregado allí a personal del V Cuerpo, siendo alojado en el mismo galpón que Stirnemann. Durante el tiempo de su detención clandestina, el Coronel Swaiter (CONADEP Legajo N° 6956), jefe de Inteligencia de esa Zona, negó a la sra. de Tropeano la presencia de su esposo como detenido en su jurisdicción, hasta que al cabo de varias semanas fue legalizado también en el Penal de Villa Floresta.
Allí pudo constatar que el mencionado oficial era el mismo que había inspeccionado en repetidas oportunidades el CCD donde él estuvo alojado, en compañía de otras personas que permanecen desaparecidas: «Todos oíamos cuando alguno era sacado del galpón principal para ser torturado con picana eléctrica. Presumo que había un médico indicando cuándo debían parar. En dos oportunidades oí mientras estaban torturando algo así como: ‘se cortó… se cortó…’. También me pareció que aplicaban inyecciones. Durante la noche se hacían presentes jefes militares que daban instrucciones a los encargados del galpón sobre el comportamiento a seguir con los prisioneros, durante los operativos.
Recuerdo muchas escenas de terror, pero no puedo dejar de mencionar una en particular: era de noche, los guardias empezaron a gritar que los montoneros venían a rescatar a los presos, y se pusieron a disparar sus armas mientras exclamaban: »Hay que matarlos a todos». El tiroteo era adentro, al lado nuestro, pero también afuera. Los guardias corrían, a veces se detenían en una cama y se ponían a golpear a un prisionero atado y vendado. Si bien estas palizas ocurrían frecuentemente, esa noche nuestro terror era mayúsculo, a causa de los tiros. Pienso que esa noche fusilaron fuera del galpón a algunos detenidos y el comportamiento de los guardias era para que esto pasara desapercibido a los que estábamos adentro».