Las
inversiones energéticas tienen plazos de maduración prolongados en el tiempo y
requieren de un marco de previsibilidad en materia institucional, legal y
fiscal. Esas condiciones son satisfechas por el nuevo ordenamiento legal.

El amplio consenso logrado a partir del Acuerdo Federal para el
Autoabastecimiento de Hidrocarburos, suscripto entre las provincias que
integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos
(Ofephi) y el gobierno nacional, permitió avanzar en el dictamen de comisiones
del Senado favorables a la nueva ley de hidrocarburos que será tratada mañana
en el recinto de sesiones.
El nuevo ordenamiento legal actualiza la Ley 17.319 sancionada en 1967 bajo la
dictadura de Onganía. Aquella ley mantuvo la pertenencia al patrimonio
inalienable e imprescriptible del Estado Nacional de los yacimientos de
hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República
Argentina y en su plataforma continental, y estableció un sistema mixto de
explotación con áreas específicas reservadas para las empresas estatales. Su
texto no resulta adecuado a una realidad productiva que ha evolucionado significativamente
con el paso del tiempo y que hoy exige, con urgencia, una regulación para la
explotación de los no convencionales y los proyectos off shore.
Desde un punto de vista técnico, la nueva ley no sólo readecua los plazos de
los permisos de exploración y las concesiones de explotación sino que establece
mayores regalías para las provincias, un más alto canon de exploración, un bono
de prórroga de las concesiones y aportes para RSE, entre otros cambios
financieramente positivos para las provincias. En concreto:
• Los permisos acortarán su extensión de nueve a seis años para las
explotaciones convencionales, de nueve a ocho para las no convencionales y de
12 a ocho para las off shore.
• Para prorrogar el permiso, la autoridad de aplicación tendrá la potestad de
controlar si se cumplieron en tiempo y forma las inversiones pactadas de
acuerdo al plan de negocios. Se agrega un adicional del 3% a las actuales
regalías (12%) por período prorrogado, con un máximo de dos instancias.
• Se implementa el pago de un bono para la prórroga de concesiones de
explotación del 2%, dependiente de las reservas probadas. El mismo se
constituirá en un recurso directo para las provincias.
• Cuando los proyectos se realicen en el marco del régimen de promoción de
inversiones, deberá ser aplicado un excedente del 2,5% en iniciativas de
Responsabilidad Social Empresaria.
Sabido es que las inversiones en sectores como el energético, con plazos de
maduración prolongados en el tiempo, requieren de un marco de previsibilidad en
materia institucional, legal y fiscal. En este último punto, es importante
enfatizar la relevancia de la aplicación de las técnicas de recuperación
terciaria que buscan maximizar el factor de recuperación de los sitios de
explotación, con el propósito de ampliar su vida útil. Argentina actualmente se
encuentra carente de este tipo de proyectos, por ello la nueva legislación
prevé la posibilidad de que la autoridad de aplicación, fuere provincial o
nacional, reduzca las regalías por debajo del 12% en caso de que se genere una
iniciativa de recuperación terciaria que resulte inviable para tales niveles de
carga fiscal. La crítica de sectores opositores escuchada durante estos días,
referidas a un supuesto perjuicio al financiamiento, es una falacia que oculta
la falta de conocimiento que tienen sobre economía y tecnología actuales de los
hidrocarburos. Omiten que los regímenes fiscales tienen que ser acordes a un
esquema de incentivos basados en la abundancia o escasez de inversiones: los
proyectos que no se realizan, no dejan ningún puesto de trabajo y generan cero
regalías.
Una mención merece la inserción de YPF como emblema nacional y tractor del
desarrollo energético. Para dar una medida de magnitud en el consolidado 2013
de la petrolera de bandera nacional que mantiene el 42% del total de producción
del mercado, hay que pensar que actualmente factura más de U$S 16 mil millones.
Sobre sus ventas, la ganancia fue del 7,11%, esto es U$S 1138 millones, la
inversión ascendió a más de U$S 2371 millones, política que hizo posible
obtener 240 mil barriles de producción, 43 mil millones de m³ por día de gas y
refinar el 50% del producto del crudo extraído en nuestro país.
Semejante escala de producción posiciona a YPF entre las compañías de mayor
atractivo a nivel mundial, valor que se traduce en la cotización de sus
acciones que crecieron un 70% más que las de las principales petroleras del
mundo. Ese recorrido bursátil se inició desde el piso que tocó después de la
estatización y fue impulsad por el enorme potencial que tiene en materia de
hidrocarburos no convencionales. Sin embargo, todo ese potencial queda trunco
sin una suficiente aplicación de recursos. Un buen punto de comparación es lo
que pasa en Eagle Ford, una de las principales reservas de no convencional de
Norteamérica, explotada en mayor medida por la mexicana PEMEX. Produce 1,5
millones de barriles por día, contra los 31 mil que se extraen en todo Loma
Campana. Ahora bien, en Vaca Muerta el proyecto lleva tan sólo un año y el
total invertido es de apenas U$S 3100 millones, contra un megaemprendimiento
como Eagle Ford que ya tiene casi ocho años de explotación y más de U$S 45 mil
millones aplicados. Falta mucho camino por recorrer.
Para concluir, la nueva ley reafirma el rumbo definido por nuestro gobierno,
que pasa por un desarrollo estratégico, sustentable y federal, una definición
que es un mérito insoslayable de este proyecto político. Ya hace 20 años,
siendo convencional constituyente, Cristina Fernández bregó por el
reconocimiento provincial sobre el dominio de los recursos. Posteriormente en
2006, Néstor Kirchner impulsó la sanción de la “Ley Corta”, que traspasó a las
provincias los permisos y las concesiones hidrocarburíferas. Después, y ya en
2012 con la estatización del 51% de YPF, se transfirió a las provincias el 25%
de la participación accionaria, sin contraprestación alguna. A las claras,
cuando la oposición saca a relucir un discurso de federalismo demagógico,
debemos recordar lo hecho en esta década y lo que queda por hacer,
jerarquizando esta nueva ley como condición necesaria para el largo plazo.

Nota: este artículo fue publicado en el suplemento Trabajo y Economía, que se edita en el diario Tiempo Argentino.