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Delitos de lesa humanidad en Bahía

A treinta y dos años del comienzo del genocidio del autodenominado ‘Proceso de Reorganización Nacional’, víctimas, familiares y todos los argentinos continuamos a la espera del Juicio y Castigo para cada uno de los miembros del sistema represivo. En Bahía Blanca el eje del plan pasó por el Comando V Cuerpo de Ejército con base en Villa Floresta y un radio operacional -subzona 51- que abarcaba el sur provincial, Río Negro y Neuquén.
Las causas por las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese marco, son impulsadas por una Unidad especial en el ámbito de la Procuración General local, avalada por el procurador general de la Nación Esteban Righi, encabezada por el fiscal general Hugo Cañón y compuesta por su par en primera instancia, Antonio Castaño, y un cuerpo de colaboradores profesionales que se dedican exclusivamente a esas causas analizando y ordenando la documentación existente.
Según explicó Castaño a EcoDias “en base a esa documentación es que hemos ido solicitando la detención, principalmente en la etapa inicial, de los que estaban a la cabeza de direcciones y divisiones dentro del organigrama jerárquico del Ejército. La figura visible de todo este andamiaje lógicamente era el general Vilas (jefe del V Cuerpo 1975-1976), quien a pesar de haber sido citado para declarar, evidentemente surgió que tiene una enfermedad que le imposibilita hacerlo”.
“Sí hemos logrado, de acuerdo a las pruebas recopiladas, las declaraciones de otros personajes como Páez, Delmé, Masson, Casella, Bayón, en su momento Cruciani y seguimos en el pedido constante de citaciones y detenciones. Salvo Casella, que ha logrado que la Cámara revocara su procesamiento y quedar en libertad aún estando supeditado al proceso, los demás están detenidos en el penal de Marcos Paz”, aseguró el fiscal. Recordamos que en el caso de Cruciani, alias el tío, falleció sin condena.

Yo no fui
Castaño informó que la línea argumental de las declaraciones de los represores “lógicamente es desconocer totalmente e imputarle todas las cosas a quienes no están o no pueden declarar, como que Vilas era el que tenía toda la organización del plan criminal y todos los que estaban en las distintas divisiones, llámese Personal, Logística, Inteligencia, eran todos ajenos a esa situación, la desconocían totalmente y la conocían solamente por los medios y después que pasaron los hechos. La metodología de todos es desincriminarse o tratar de incriminar directamente a quienes no están como el mayor Ibarra, Vilas, etc”.
Igualmente, forman parte de la prueba las declaraciones realizadas en el marco de los Juicios por la Verdad, donde por ejemplo se rescata la versión de Vilas: “Todas están recopiladas y son tomadas como pruebas porque son declaraciones testimoniales que han prestado tanto personas que estuvieron detenidas, privadas de su libertad o torturadas, como estos personajes”.
Los testimonios, “nos permiten pedir el procesamiento independientemente de que no sean, supuestamente, los que han ido a secuestrar, torturar, matar o desaparecer personas. En el período que ellos estuvieron a cargo de una división en el V Cuerpo, esos hechos caen bajo sus órbitas. La situación de que son ajenos y nadie conoce absolutamente nada, teniendo rango de coroneles y demás, no merece el menor análisis desde mi punto de vista pero es la línea argumental y la defensa que ellos pueden esgrimir”, dijo Castaño y destacó que los genocidas cuentan con todas las garantías del Código Procesal a diferencia de sus víctimas.
También, adelantó que “pedimos la detención y el pedido de declaración de otras personas que estaban involucradas en el ámbito del Batallón 181 y logramos que se pidieran, así que estamos esperando”.

La justicia es lenta pero llega
El cuello de botella que se genera en la Cámara de Casación Penal es una de las preocupaciones nacionales de aquellos que buscan acelerar los juicios. En ese sentido el Procurador General, brindó claras directivas a los fiscales intervinientes para que “una vez que obtengamos el procesamiento y la confirmación de la Cámara, podamos solicitar la elevación a juicio, independientemente de los trámites de apelación a Casación que se puedan dar. Basado en unas relativamente nuevas jurisprudencias que hay en estos momentos y con la posibilidad de sortear ese artilugio que tienen los defensores para ir trabando las causas y caer en la Cámara de Casación que es donde evidentemente se traban todas las cuestiones de este tipo”.
Castaño aseguró respecto a la lentitud de las causas, por un lado que al igual que en otras ciudades muchos jueces naturales no quisieron intervenir y se tuvo que buscar conjueces, en tanto, “desde nuestra unidad hacemos los planteos y pedidos y se va llevando adelante, quizás ahora un poco más aceptado que al inicio, pero nosotros somos una parte, creo que es la lentitud misma del proceso” en un juzgado multifuero.
Finalmente insistió en que desde la Fiscalía se realizaron todos los planteos pero “que se ubique a las personas no depende de nosotros: pedimos a Interpol la imposibilidad de salir del país o de detener en otros lugares al ‘Laucha’ Corres”.
“Ese es un personaje que lo quisiéramos tener sí o sí, es una persona relativamente joven y tenemos comprobados hechos aberrantes de su parte, después de la muerte del ‘Tío’ Cruciani, es la persona más importante que buscamos. Y está. Pero como siempre digo, yo estoy acá adentro, no buscando a la gente ¿Qué hacen las autoridades? Creo que se está haciendo todo para detenerlo, creo: pero evidentemente no aparece”, concluyó Castaño.

Sobre las declaraciones en cuotas
“Esa es una vieja práctica que se hacía en función que como el Código da plazos, a partir de una declaración el juez tiene diez días para resolver, en anteriores causas se llamaba a prestar declaración nuevamente por algún hecho que había quedado pendiente y le daba margen de diez días más para realizar el auto de procesamiento. Nosotros lo planteamos cuando se dio esa circunstancia en un principio de varios llamados porque considerábamos que un nuevo llamado permitía una prórroga del plazo, eso fue modificado pero a veces -no quiero echar tierra sobre el juzgado- inclusive a nosotros se nos ha pasado un hecho y necesitábamos llamarlo para imputárselo también porque es un derecho que acuerda la ley. Ahora se complica con el asunto de los traslados porque están en Marcos Paz”, comentó el fiscal.

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2008-03-22 00:00:00
Etiquetas: Bahía Blanca.
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