En el marco del Día de Lucha por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, se realizaron en la ciudad actividades organizadas por agrupaciones locales.
El domingo 29 de septiembre fue una jornada cultural en el Parque de Mayo y el lunes 30 una concentración en la Plaza Rivadavia bajo la conocida consigna: “Educación sexual para elegir; anticonceptivos para no abortar; aborto legal para no morir”.

Estas propuestas coincidieron con el debate instalado públicamente tras el pedido de aborto para la adolescente con retraso mental que sufrió un embarazo tras las reiteradas violaciones a las que la sometieron integrantes de su familia en sus salidas de fin de semana, agresiones silenciadas por las autoridades del Patronato de la Infancia donde se encontraba internada.
En ese sentido, el Plenario de Trabajadoras exigió respeto a “la decisión de la realización del aborto terapéutico, sin necesidad de instancia consultiva ni judicial previa, sin presiones de la Iglesia (Católica) y sin dilataciones por parte del Estado”.
Desde 1921, el Código Penal establece en su artículo 86 la legalidad del aborto para aquellos casos en que se ponga en peligro la vida o la salud de la madre, si este peligro no puede ser evitado por otros medios, o si el embarazo proviene de una violación a una mujer idiota o demente.
“Con ese artículo, si los médicos y los jueces tuvieran un poco más de coraje en la aplicación estaría bien, pero pienso que habría que sacarlo directamente del Código. El aborto no tendría que ser punible en ninguno de los casos”, manifestó Mónica Fernández Avello, abogada e integrante de Autoconvocatoria Mujeres.
A pesar de esto, si bien no se necesita autorización judicial salvo para menores o discapacitadas, la letrada opinó que “los médicos terminan pidiéndola porque se ven muy presionados por grupos fundamentalistas católicos que los amenazan con las siete plagas de Egipto”.
Gabriela Delfino, representante de la CTA, dijo a EcoDias que “no es nuestra idea ni imponer nada ni tampoco es una actividad proabortista. Pedimos políticas de salud serias, que la educación sexual permita poder decidir, que los métodos anticonceptivos estén al alcance de todo el mundo -es la manera de no quedar embarazada y no pensar en el aborto- y en última instancia el aborto legal para no morir”.
“Hay mucha hipocresía, en las clases medias o altas. Estos casos no llegan nunca a los medios porque uno va, paga y con todas las condiciones de seguridad e higiene se hace el legrado”, advirtió Fernández y agregó que “es una penalización para los pobres que tienen que recurrir a la salud pública donde algunos médicos se niegan y tienen que recurrir a una autorización judicial, que siempre tarda y es totalmente denigrante”.
Se calcula en la actualidad la misma cantidad de abortos que de nacimientos. En Bahía, y sólo en el Hospital Penna, se atienden 700 post-aborto por año.

Incumplimiento de leyes
A pesar de las legislaciones y convenciones -con carácter constitucional- sobre salud sexual y reproductiva, muchos programas o medidas vinculadas al ámbito educativo o a la provisión de métodos anticonceptivos, entre otras, no se cumplen por distintos motivos.
“En Bahía la entrega de anticonceptivos ha sido irregular. Supuestamente la tiene que mandar Provincia y Nación, sabemos que en algunos casos el municipio ha comprado pero en verdad no nos parece que forme parte de una prioridad desde el Estado, lo mismo la educación sexual, si bien existe una ley por la cual los adolescentes pueden ir a consultar a los hospitales”, aseveró Delfino.
La maestra detalló que en las escuelas existe “un aumento creciente” de adolescentes embarazadas y sugirió que no se trata de falta de información sino de “cómo se trabaja para que puedan tomarla y ponerla en práctica”.
La aplicación de la ley de Salud Sexual y Reproductiva en el Hospital Penna es un ejemplo de buen funcionamiento dentro de la realidad sanitaria nacional, comentó Fernández Avello, pero reconoció que “ni siquiera tienen los insumos básicos, no tienen ni Pervinox, yo no sé si el Penna hoy tiene un DIU”.
“También hay un tema de educación. Por ejemplo, en las clases bajas las parejas de las mujeres les prohíben usar anticonceptivos, esto obviamente tiene que ver con una sociedad patriarcal y machista porque están decidiendo ellos sobre el cuerpo de la mujer, piensan que los quiere usar para serle infiel”, destacó la abogada y pidió por un sistema dinámico acompañado por educación sexual escolar y accesible para todas.

Iglesia y hombres
La incidencia del catolicismo en la imposibilidad de legalizar el aborto para Delfino es tal que “impide y obtura el debate, ni siquiera estamos diciendo que hay una ley en el Congreso”.
“La Iglesia sostiene que el preservativo no es una fuente confiable para no adquirir enfermedades de transmisión sexual, en el Estado pesa mucho. Hablo de una Iglesia que no se ha manifestado en otros momentos, tan defensores de la vida que se dicen, durante la dictadura -con sacerdotes y militantes católicos desaparecidos- no escuchamos una sola voz. Sin embargo, en esto su posición es mucho más sólida e influyente”, expresó.
En cuanto al hombre, Fernández Avello sostuvo que “cree que el cuerpo de la mujer le pertenece, no solamente en casos extremos para violarla, sino para tener la cantidad de hijos que él quiera: es la falta de decisión de la mujer sobre su propio cuerpo el problema”.
“La discusión de la salud sexual y reproductiva es una cuestión de la especie humana y debe ser discutida en conjunto. Todos estamos incluidos, el cuidado para no quedar embarazada o de la salud sexual está puesto en la mujer y eso debería revertirse. Son patrones culturales históricos y fuertemente arraigados, está la culpa en la mujer, sería importante desenredar todo esto para poder discutir algunas otras cosas”, propuso Delfino.

Luego se conocería la decisión del Tribunal de Familia de revocar la medida cautelar que había suspendido el aborto el 1 de octubre. La práctica fue realizada ese mismo día.