En los últimos tiempos se pudo notar un incremento importante en las tarifas de servicios públicos.
La situación es preocupante debido a la imposibilidad de pagar esos aumentos por parte de muchas familias, a causa de la retracción del salario de los trabajadores.
Cuestiones de Estado, de empresas y de políticas que no dan respuestas.

El de los servicios públicos y sus tarifas es un tema complejo para analizar desde la privatización que llevara adelante el modelo neoliberal de Carlos Menem. En cambio, nunca son complejos los aumentos, sobre todo en los últimos tiempos en que se incrementaron de una forma exorbitante: por el mismo tipo de servicio -calidad que deja bastante que desear- y pequeñas variaciones en el consumo, debemos dejar en manos de las empresas prestatarias un significativo mayor porcentaje de nuestros ingresos. Esto provocó las quejas de vecinos de la ciudad que de un día para el otro se encontraron con aumentos del 200 y 300 por ciento para algunos casos.
Las opiniones que recogimos y que brindamos en esta nota son variadas: existen quienes tal vez entienden el aumento pero reclaman un mayor salario, y quienes condenan el aumento en sí mismo. Las empresas brindan su opinión por escrito en el envío de la factura: la tarifa hay que pagarla, aunque en muchos casos el dinero no alcance. La realidad termina golpeando duro.
Por ejemplo, en lo que hace al servicio de electricidad, en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) existen casi 3.000 expedientes con incrementos del 300 al 400% respecto a consumos iguales o menores a los del pasado año.
Cada caso tiene características diferentes, por esa razón para hablar de las políticas empresariales respecto a servicios públicos es bueno remontarse al origen de la situación: la privatización de los ‘90. El economista consultado es el lic. Dardo Ferrer: “El Estado deja de ser proveedor directo y concesiona la provisión y administración al sector privado y regula tanto la provisión como el precio de los servicios. El principio de la tarifa establece que el precio debe cubrir el costo operativo y la rentabilidad empresaria de administrar el servicio. Esta rentabilidad se contempla en el corto plazo como la ganancia empresaria, y en el largo plazo como la reinversión e inversión en la estructura del servicio”.

Llegar a todos
Más allá de una ganancia empresaria también existe un ítem que debería ser imprescindible y que trata de que el servicio tiene que llegar a toda la población, incluidos quienes no pueden pagar. Ello implica una cuestión social que no genera rentabilidad en las empresas, y de allí los subsidios que entrega el Estado. Mientras existieron subsidios, las tarifas mantuvieron una determinada racionalidad, que tiene que ver con una rentabilidad empresarial calculada en moneda extranjera, más allá de que los recursos sean nacionales.
Recientemente, el problema emergió al retirarse parte de los subsidios y una cierta liberación de las tarifas, merced a una presión constante por parte de las empresas y la complicidad de los medios masivos de comunicación que no le dedican dos líneas al tema.
Diego Aldacour, titular de la OMIC, brindó su parecer: “Todo obedece a lo mismo, obedece a una falta de planificación en materia energética de años, incluso de gobiernos anteriores. Esa falta de planificación te lleva a improvisar y la improvisación en definitiva termina produciendo todo tipo de injusticias. Eso creo que es común a todos: se liberaron las tarifas. El gobierno le saca los subsidios a las privatizadas y para que estas no exploten les libera las tarifas, entonces aumenta en forma desconsiderada”.
El término “desconsiderado” encuadra claramente en la tarifa del gas. Según Aldacour, en septiembre de 2008 se pagaba $0,1498 el metro cúbico en usuarios R34 que representan a la categoría mayor de consumidores con 2150 metros cúbicos anuales, lo cual no es un consumo excesivo: “Y en octubre hay un nuevo cuadro tarifarlo que lo lleva a 0,21. Y a partir del tema del buque regasificador se empieza a cobrar a través del decreto 2067 el adicional 0,27. O sea que cuando antes se pagaba 0,1498, casi 15 centavos, hoy se está pagando casi 50 centavos, es 21 más 27, serían 48 centavos el metro cúbico. Por esa razón que lo que se ve hoy es muy preocupante y lo peor es que la factura en la que se están viendo los vencimientos no es la mayor, es la que mide el período pasado por lo cual la siguiente factura va a ser mucho peor”. El consumo del invierno todavía no se ha reflejado en las economías domésticas.

Convertibilidad, devaluación y actualidad
Para llegar a todo esto pasaron años de muchos cambios en la economía y por ende en el bolsillo del trabajador, que es el que siempre termina pagando el servicio. Explica el lic. Ferrer que cuando hubo convertibilidad hubo desregulación y dolarización de la mayoría de las tarifas en un esquema de costos internos muy altos que funcionó hasta la devaluación de 2002.
A partir de allí se genera una caída de ingresos y empleo, muy baja inversión de las empresas prestatarias lo cual provocó un congelamiento de las tarifas. Es aquí cuando entran en juego los subsidios para reemplazar a los aumentos: “En el largo plazo esto generó otra distorsión: La recuperación de ingresos se da más rápido en los sectores de mayores ingresos, de forma que a mediano plazo todos pagan lo mismo, pero los que más consumen pagan relativamente menos. Los terminan financiando en parte los sectores de menores ingresos, que en Argentina representa cerca del 70% de la población”.
Esto se sostuvo, continúa Ferrer, a través de superávit recaudatorios pero “el aumento del gasto primario ya establecía límites en el 2007 (para comparar: el superávit primario mensual en 2007 promediaba los $ 2.000 millones, en 2009 $ 850 millones). Por cuestiones electorales y exceso de confianza, el Estado no permitió ajustes progresivos y discriminados de tarifas, tampoco en 2008. Pero la situación fiscal no le permite mantener el monto total de subsidios y entonces permitió ajustes generales de tarifas para equiparar de una sola vez una situación arrastrada durante cinco años”.

Consumo e ingresos
Los aumentos trajeron consigo una particularidad que se explica en que en varios casos la discriminación se dio de acuerdo a niveles de consumo cuando en realidad la cantidad de consumo no representaría en forma total los niveles de ingresos: “En muchos casos el consumo depende en gran medida del tamaño del grupo familiar, entonces establecer una línea de corte a partir de un nivel de consumo acarrea que familias con altos consumos pero bajos ingresos queden dentro del ajuste de tarifas o penalizaciones. Es decir que se ajustó tarde y mal”, destaca Ferrer.
Por un lado, tenemos empresas que buscan su rentabilidad, y por otro una cuestión social de que los servicios lleguen a todos. Lo cierto es que el servicio tampoco llega a todos, y entre los que lo tienen muchos no podrán pagarlo.
En el caso del servicio de agua se produjo un aumento luego de 18 años de tarifas estables. Una amable carta firmada por la gerencia de ABSA llegó a todos los hogares en marzo y abril, poniendo en conocimiento de la nueva situación: la empresa se veía compelida a aumentar las tarifas por el estancamiento tarifario de casi dos décadas, duplicando inicialmente los valores. Lo que la carta no abordaba era la escasa o nula inversión del período ni la ecuación económica-financiera que obligaba a la empresa a recaudar notoriamente más por el mismo servicio.
En Bahía, aquellos que tienen sistema de estimación, calculado en base a metros cuadrados de la vivienda y a la tasación fiscal del inmueble, se encuentran pagando hoy cuatro veces más respecto a lo que consumen, lo cual habla de una notable desproporción.
Respecto a los que tienen el servicio a través del sistema medido, dice Aldacour que “en general aumentó de un día para el otro luego de 18 años, por lo cual la gente viene y viene (a la OMIC). Yo creo que los costos en general son justos en este sistema, lo que no hubo es una racionalidad en la implementación. Los aumentos han sido considerables, de cuatro categorías que teníamos se diseñó un nuevo cuadro tarifario y pasaron a ser tres categorías, y bajó el mínimo de 40 metros cúbicos -que era antes- a 20 metros cúbicos. Esto en definitiva no está mal salvo por una cuestión que es que no hay una tarifa comercial, hay sola una tarifa. Al no tener una tarifa comercial, de alguna manera estás igualando un uso comercial con un uso residencial lo cual no tiene nada que ver”.

Cambio de políticas
Planteada la cuestión, lo cierto es que parecería que las políticas de servicios públicos vienen mal desde las privatizaciones y debido a las acciones llevadas a cabo durante el tiempo a través de los distintos escenarios económicos.
Al hablar de responsabilidades, algunos sectores apuntan al gobierno y otros a las empresas pero lo cierto, más allá de eso, es que existe un perjudicado: el trabajador que paga bimestralmente las facturas.
Si un cambio de políticas se hace necesario, el tema es trazar el camino a seguir sin golpear siempre al mismo sector: “El cambio de políticas de servicios se debe analizar dentro de un contexto más amplio, no como un problema independiente de las políticas públicas. Sirve de muy poco, por ejemplo, plantear la municipalización de un servicio, ya que la magnitud del problema establece que no se puede hacer si persiste el mismo sistema de regulación, si la distribución de recursos públicos sigue siendo la misma y si no se obtienen políticas globales distintas, definidas y sostenidas en el tiempo. Generalmente, como ha sucedido hasta ahora, las soluciones son parches”, profundiza en su análisis Ferrer.

¿Tarifas altas o bajos salarios?
Daniel Gómez, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, se refirió al tema destacando la necesidad de que no se dejen de lado los sueldos de los trabajadores que necesitan de un incremento para hacer frente a la situación: “Tenemos que aclarar que no es que cuestionemos el aumento. Entendíamos que en algunos servicios había subsidios que estaban caídos. Si analizamos un poco el tema habría que evaluar si eran justos o no, porque por ahí beneficiaban con un precio mucho menor tanto al que necesita que lo subsidien como a aquél que puede tranquilamente pagar el verdadero valor de ese servicio. Lo que notamos nosotros es el desfasaje con los salarios: cuando llega la boleta uno dice que le vino carísimo, pero quizás ése tenga que ser el precio de lo que valen los servicios. Pero hay un desfasaje grandísimo con el tema salario”.
En su planteo, Gómez pone de relieve otros aspectos. Durante la década en que se entregaron los recursos nacionales y su administración a empresas privadas, hubo amplios sectores de la población que debieron resignar ciertos bienes, más allá de lo esencial. En cambio, a partir de 2003 “es cierto que veníamos de un modelo que generó más trabajo -al menos en nuestro rubro- y eso significó incorporar necesidades que estaban postergadas. También con esto que se ha hecho de castigar al que más consume, creemos que es algo que habría que evaluarlo porque es lógico que si alguien mejoró en eso, consume más. Ha llegado a que algunos compañeros tengan que pagar mucho más de lo que venían pagando”.
Desde el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Carlos Moreno plantea la misma lógica de cómo se va achicando el poder adquisitivo del trabajador al no contemplarse un paralelo entre servicios y salarios: “El desfasaje es muy grande. En mi caso personal, uno es ciudadano común y tiene los mismos problemas que tiene la gente, los incrementos han estado en un ciento por ciento”.
A las empresas no le deben cerrar los números, dice Moreno, quien opina que en caso de darse aumentos, éstos deben ser menos contundentes: “Pasa que a veces por cuestiones políticas no se aumenta en proporciones graduales y de repente tenemos que esperar un tiempo muy prologado y nos encontramos con estos aumentos desmesurados. En el mientras tanto al trabajador no le aumentan el salario como para poder afrontar este tipo de aumento. Nadie dice que los servicios tienen que estar congelados, tiene que tener un movimiento pero racional y de acuerdo al consumo y gasto de cada persona, no como hoy que se mete a todo el mundo a la bolsa y caiga quien caiga”.

En el transcurso de la semana se dio a conocer la suba del salario mínimo que a enero de 2010 será del orden de los $ 1.500. En lo que fue presentado por los medios de comunicación casi como un trámite, se advierte un trabajo intenso por parte de la cartera laboral a nivel nacional, los gremios agrupados en la CGT y en la CTA, y las cámaras empresariales. La pregunta que nos hacemos al publicar este informe es quién se va a apropiar sin más de este adicional en el salario de los trabajadores.