Cooperadora de la Escuela de Comercio
Por la crisis piden renuncias

En diálogo con EcoDias un grupo de docentes de la Universidad Nacional del
Sur y sus escuelas dependientes denunciaron que no se cumplen con las
resoluciones del Consejo Superior Universitario (CSU) por parte de las
mismas autoridades que las producen, y ante las inacciones e injusticias
cometidas frente a las irregularidades de la cooperadora de la Escuela de
Comercio, solicitan las renuncias de tres altos funcionarios
universitarios.
El pedido lo suscriben los miembros directivos de Aduns Sergio Zaninelli,
Dante Patrignani y Mónica Martínez; Victorio Cabrera, docente de Comercio;
Pablo Sogni y Liliana Graziosi, de Agricultura; y las profesoras de la EGB
Marta Vanolli (consejera docente), Alicia Bocles, Susana Mariani y Liliana
Granero.

El conflicto salió a la luz, cuando el rector Guillermo Crapiste y su vice
María del Carmen Vaquero -luego de visitar las escuelas de Agricultura, EBG
(Ciclo Básico) y Normal- se acercaron el martes 17 de julio al último punto
de su recorrida: la Escuela de Comercio. Allí los recibieron un grupo de
docentes y las autoridades del establecimiento: la directora, Graciela
Corbatta, el vicedirector José Capomassi y Esteban Clair, vicedirector del
turno tarde.
La idea era dialogar acerca de “los proyectos y las iniciativas de la
escuela” pero “promediando la reunión, Esteban Clair anuncia que después de
las vacaciones de invierno iban a llamar a una asamblea de padres
convocando a constituir la cooperadora de la escuela de Comercio en función
de las pautas que impuso el Consejo Superior Universitario el año pasado”,
comentó. Fue entonces que surgió el desacuerdo por tratar o no ese tema en
ese momento, y con malas maneras se dio una discusión que casi llega a las
manos, según refirió Zaninelli.

¿Qué hay detrás de la discusión?
“La cooperadora de la Escuela Normal Superior tenía una situación de
precariedad institucional de irregularidad, de actuación poco confusa. Era
una sola persona la que manejaba la cooperadora y llegó una denuncia, se
hizo un globo más grande y llegó hasta el Consejo Superior (CSU)”, explicó.
Por esto, el CSU “inhabilita (a la cooperadora), la suspende e intima al
agente, porque era un docente de la escuela Normal que estaba a cargo, que
cese en sus funciones y no puede actuar más como representante de la
cooperadora”.
“A su vez, se construye un legajo. Simultáneamente el CSU pide informes de
las otras tres cooperadoras. Agricultura y EGB estaban ordenadas de
papeles. Comercio lo que hace es presentar cuatro o cinco colaboradores y
nada más. ¿Qué información quería el CSU? Acta de constitución, estatutos,
algún balance, informes… la escuela de Comercio no presentó nada”.
Conclusión: “el CSU se enteró que había otra cooperadora, la de Comercio,
que también estaba en situación precaria como la de Normal pero nada hizo.
Y estaban enterados porque de hecho, figura en el expediente (Expte.
3861/05 fs. 103/04 y Acta CSU N°538), que es un documento público. La
presidenta del Consejo de Enseñanza Media y Superior (lic. Alicia
Martorana) conocía esa situación y se operó sancionando a una sola
cooperadora”, afirma Zaninelli “con lo cual estamos de acuerdo, pero parece
que no se mide con la misma vara”, refiriéndose a la situación de la
cooperadora de Comercio.
Recuerda aquí que Martorana fue advertida el 7 de junio de 2006, el mismo
día que el CSU confeccionaba el “Reglamento de Funcionamiento” de las
cooperadoras por los docentes.

Nuevos reglamentos ¿para qué?
Con la resolución firmada por los entonces rector Luis Fernández y Sandra
Baioni, secretaria general del CSU, las cooperadoras tendrían que adecuar
todos sus estatutos, y entre otras cosas “todos los elementos que han
comprado deben donarlos a la Universidad”.
“La escuela de EGB y Agricultura han adecuado sus estatutos, están
funcionando, cobran cuota, tienen comisión directiva. La de la escuela
Normal no logra hacer una asamblea y sigue suspendida. Y la de Comercio,
haciendo caso omiso a esta reglamentación, se lanzó este año a empezar a
cobrar cuota sin haber ni notificado, ni adecuado sus estatutos a este
reglamento”, sostuvieron los docentes.
Dentro de las normas que deben cumplir las cooperadoras -nos señala
Victorio Cabrera- “en su inciso A dice: ‘habilitar libros de: actas, caja,
tesorería y registro de socios, haciéndolos foliar y rubricar por el
presidente del CEMS’, que es Alicia Martorana. Otra cosa que estoy seguro
que no han hecho es confeccionar un padrón de socios activos, acá se le
intenta cobrar a todo el mundo, pasan por tu casa para ver si te pueden
cobrar. El inciso A es lapidario”.
Por su parte, Marta Vanolli refirió el autoritarismo de los directivos de
la escuela y afirmó que “llegó el momento en que alguien se tiene que
ocupar de controlar que esto funcione de una determinada manera. La
resolución que sale del CSU implica eso: poner en claro el funcionamiento”.

El 19 de julio hubo una reunión del CEMS donde se debió tratar el tema,
pero la directora de Comercio, el contador Capomassi, “a pesar de estar en
la escuela, no dieron quórum, se estaban reuniendo con Martorana”, relató
Zaninelli.
Por todo esto los docentes reconocen que los responsables de este tema
“tienen que dar un paso al costado”. El martes 7 de agosto a las 18 en la
sede gremial, los docentes continuarán la discusión sobre este tema
iniciada en la asamblea del jueves 19 de julio.