Semanas atrás dos trabajadores de Canal 7 de Bahía Blanca, cuyo dueño es el Grupo Clarín, fueron echados tras descubrir un sistema de cámaras ocultas y dar aviso de esto a la delegación local del Sindicato Argentino de Televisión.
En plena conciliación obligatoria, la empresa les otorgó licencia, con lo cual, según el sindicato, no se estaría cumpliendo con lo establecido por el Ministerio de Trabajo provincial.

Todo arrancó el jueves 30 de julio cuando desde Canal 7 de nuestra ciudad se decidió cesantear a dos empleados de la emisora, Gustavo Daich y Ángel Juan, ambos de amplia trayectoria. Inmediatamente, compañeros e integrantes del Sindicato Argentino de Televisión (SAT) manifestaron su repudio frente a la medida y realizaron una vigilia en las puertas del canal de calle Blandengues reclamando que se reincorpore a sus compañeros.
La manifestación comenzó el jueves a la noche y se extendió durante toda la mañana del viernes 31. Acerca de las causas que habrían motivado los despidos, EcoDias pudo hablar esa misma mañana con el secretario general del gremio, Octavio Alvarado, al momento que salía del canal local. Alvarado habló de una actitud persecutoria por parte de la empresa: “Hemos detectado una cadena de cámaras ocultas entre los paneles de las paredes y los ductos de aire acondicionado, provistas de audio, esto lo hemos podido probar esta mañana. Los trabajadores que detectaron esas cámaras, que fueron los que informaron al gremio para que emprendamos la acción, fueron despedidos anoche”.
Por esta razón, se realizó una denuncia ya que se entiende la situación como una violación a la privacidad de los trabajadores: “Estamos pidiendo intervención de la justicia y esperamos que nos garanticen que no hay más elementos de este tipo en la empresa. No vamos a negociar absolutamente nada que signifique la reducción de puestos de trabajo para ninguno de nuestros compañeros”.
En medio de la manifestación en la que había inicialmente unos veinte trabajadores y gran presencia policial tanto frente del canal como en las inmediaciones, Alvarado señaló que el método empleado por la empresa se asemeja a situaciones que se vivían en décadas pasadas: “Es una actitud confrontativa que está teniendo el Grupo Clarín -propietario de esta compañía- con los afiliados de nuestro sindicato, con una persecución, con una discriminación acentuada en cuanto al tratamiento a los trabajadores. La dirección de esta compañía ha vulnerado todos los esquemas legales y convencionales en cuanto a la convivencia con los trabajadores. Nosotros hemos denunciado en más de una oportunidad este tipo de atropellos, los trabajadores tenían una sospecha de que podría haber elementos como cámaras ocultas o micrófonos diseminados en distintos ámbitos de la empresa. Nosotros lo pudimos corroborar, sustanciamos una causa, y teníamos previsto y programada para hoy la inspección ocular que ya realizamos. Es una actitud claramente vengativa para con los trabajadores que informaron de esta situación ante nuestro sindicato”.
Alvarado también señaló que la situación tiene un trasfondo político. Incluso, ni bien conocido el conflicto, el sindicato emitió un comunicado de prensa titulado “La vendetta del grupo Clarín” en el cual se preguntaban “ ¿Cómo negar que se trata de una brutal represalia por los justos reclamos de todos los empleados, afiliados al SATSAID, frente a los desmanes cometidos por el actual gerente de la emisora, Simón Roitman?.
A la vez, fuentes confiables aseguraron que el clima laboral dentro del canal no es para nada agradable y que se descree que el tema de las cámaras sea el real motivo del problema: habría otras cuestiones que impulsaron los despidos en Canal 7 de Bahía Blanca.

Acatamiento parcial
Los trabajadores continuaron su protesta hasta que en horas del mediodía del viernes 31 las partes involucradas tuvieron una audiencia en la delegación local del Ministerio de Trabajo provincial, momento en que el organismo dictó la conciliación obligatoria.
Esta medida plantea una instancia de diálogo, volviendo la situación a fojas cero. Es decir, la empresa tiene que reincorporar a los empleados de forma inmediata y el sindicato no puede realizar medidas de fuerza. Todo esto por un periodo de tiempo en el que se busca una solución final al conflicto.
Sin embargo, a pocos días del dictamen, Alvarado denunció que dicha conciliación no se estaba cumpliendo: “Se ha acatado de forma parcial, ya que se han presentado los trabajadores a ocupar tareas y la empresa por su propia cuenta decide entregarles a los dos una licencia. De esta manera, se estaría incumpliendo el mandato del Ministerio en cuanto a las formas que se deben guardar en el marco de una conciliación. Hoy ninguno de los dos compañeros está trabajando y nosotros vamos a apelar esta medida que entendemos ayuda muy poco a solucionar el conflicto. El argumento tampoco lo tenemos, digamos que es porque se les canta…”. Las licencias en cuestión fueron otorgadas por 15 días sin brindar razón alguna, y tanto el sindicato como el Ministerio de Trabajo provincial toman esta medida como violatoria de la conciliación obligatoria.
Según afirmó el gremialista, desde el sindicato se acató inmediatamente la decisión del Ministerio ya que una vez dictada la conciliación se dejaron de lado todas las acciones directas que venían llevando a cabo: “Lo grave es que si el ministerio público no puede regir las relaciones laborales de la empresa y sus empleados, la pregunta y la reflexión sería quién debe hacerlo, a qué instancia debemos ir. No es un dato menor, creemos que esto tiene un trasfondo político muy fuerte, estamos enfrascados en una lucha de demostrar el poder por parte de un grupo como este”.
En cuanto a las cámaras encontradas, Alvarado señaló que en la reunión mantenida con la empresa, los representantes de la misma no tomaron ninguna posición acerca de esa denuncia: “La existencia de las cámaras está documentada mediante inspección, mediante la suscripción del acta de inspección por parte de la escribana que puso la empresa para controlar la situación de paro: no estamos hablando de alguna sospecha que tengamos sino de un hecho concreto. Estamos viendo si esto configura un delito penal, vamos a ver cómo sustanciamos una causa porque creemos que esto tiene una gravedad extrema y abre un interrogante muy fuerte acerca de qué tipo de relación vamos a tener con esta empresa de acá al futuro también, en que ámbito vamos a tener que desarrollar el diálogo con la compañía”.
Mientras los trabajadores reclamaban en la vereda del canal, éste emitía como todos los mediodías su noticiero local en el cual, obviamente, nada se dijo sobre la situación de Juan y Daich (éste incluso tuvo que ser hospitalizado tras la noticia del despido). Parecía que la intervención del Ministerio traía soluciones. Una de las partes seguiría con su postura firme de no contar con ambos trabajadores en su plantel. Para estos días se espera una reunión clave en la Capital Federal entre las autoridades de Canal 13 y los abogados del Ministerio de Trabajo.
Allí podría haber alguna solución en cuanto al futuro de los trabajadores ahora licenciados.

La realidad de los cables
Semanas atrás los trabajadores de la televisión también habían sido noticias aunque en este caso por cuestiones salariales.
Hablamos de los empleados de las empresas de TV por cable de nuestra ciudad, que finalmente lograron una recomposición salarial que solucionó el conflicto. Acerca de las negociaciones, Alvarado informó: “Se llegó a un acuerdo que implica una recomposición salarial del 18% en 3 pasos y una suma fija de 600 pesos por única vez para todos los trabajadores. Justamente se estuvo firmando el día del conflicto con Canal 7, eso ya está firmado. Esto es para la actividad de la televisión por cable, y hay un dato que no es menor: todos sabemos que Cablevisión también pertenece al Grupo Clarín… Gracias a Dios, tenemos muy buenos acuerdos con las compañías de cable de Bahía Blanca, tenemos un promedio salarial de aproximadamente 3500, 4000 pesos y ahora este incremento es interesante”.