Al calor de los 39° de sensación térmica del mediodía del jueves, que transformó los diarios de sesiones en desesperados abanicos para concejales y concejalas, pasó una nueva semana sin arribar a un acuerdo que permita licitar la concesión de la nueva Terminal de ómnibus.
Inaugurada “para la foto” el viernes 7 y con la partida del primer colectivo a Mar del Plata a los veinte minutos del miércoles siguiente, el edificio y su estacionamiento son administrados transitoriamente por la comuna.
Desde el Concejo Deliberante se trabajaba la semana pasada en el borrador de un proyecto de resolución que fije algunas condiciones previas a la decisión del llamado a licitación para la concesión de uso, explotación, administración y funcionamiento o a la redacción definitiva del pliego correspondiente.
Primero, pedirán que se evalúe la posibilidad de explotar la administración bajo una modalidad de gestión público-privada a través de una sociedad anónima con participación mayoritaria del estado municipal.
Respecto al estacionamiento y la intención del Ejecutivo de cobrar a los usuarios de la terminal y del sector de encomiendas, recomendarán la utilización de un sistema público medido y pago de parquímetros con un valor similar al del sistema aplicado en el micro y macrocentro. Este punto valdría sea cual fuere la modalidad de concesión, pública, privada o mixta.
En ese sentido, manifestarán que deberá contemplarse en la redacción del pliego que la responsabilidad por robos totales o parciales o daños contra los vehículos correrá por cuenta de la empresa.
De llamarse a licitación, según estas primeras ideas, la Municipalidad no debería contemplar la posibilidad de otorgar un subsidio a la futura concesionaria, dejando claramente fijadas en la convocatoria las obligaciones y responsabilidades de la empresa administradora y las medidas que aseguren la compatibilidad de las actividades comerciales y de transporte con la protección del medio ambiente, las disposiciones de lucha contra el narcotráfico y normas similares en vigencia.
El canon y su forma de pago a aplicar durante los seis años de concesión -prorrogables por dos más- también preocupa en el deliberativo y, por eso sugerirán que se incluya una cláusula de ajuste adecuada.
La última de las previsiones pedirá dejar en claro que si alguno de los oferentes o sus socios hubiesen actuado como concesionarios del Estado en alguna prestación de servicios de estas características, tendrán que acompañar certificación de un adecuado cumplimiento de sus prestaciones anteriores, sea con relación al pago o realización de obras, y acreditar que no cuentan con objeciones por parte de organismos de control como la Auditoría General de la Nación.