En
una nota de La Nación del 16 de octubre, Majul reveló el origen de los insultos
de Lanata contra dirigentes opositores: “Cristina recuperó el centro de la
escena y colocó a los precandidatos a presidente a la defensiva y en el lugar
de actores de reparto”.

Después del colapso de la convertibilidad, los partidos políticos argentinos
parecieron quedarse sin respuesta ante la grave crisis socioeconómica que
provocaron los gobiernos neoliberales iniciados en 1976 y consolidados en los
noventa. Esas conducciones fueron responsables del mayor endeudamiento de la
historia, el vaciamiento del Estado y la destrucción de la industria nacional
con 3 millones de empleos arrasados, la mitad de la población en la pobreza y
una tercera parte en la indigencia.
Néstor Kirchner, con un modelo de raíz peronista y expresión heterodoxa,
recuperó la economía a partir de un rápido impulso al mercado interno mediante
un aumento efectivo de salarios y un plan de subsidios que resucitaron la
demanda y con ella el trabajo y la industria nacional.
Los gobiernos de Cristina Fernández continuaron por ese camino mediante leyes
que impulsaron la igualdad y la inclusión social, con distribución del ingreso
e industrialización, en tanto que la oposición se limitó a oponerse
sistemáticamente sin presentar propuestas superadoras.
Por fuera de los partidos, y sostenida por el poder económico que asocia a
multinacionales, capital financiero y agroexportadores, se generó una oposición
económica y mediática que utiliza la difamación para desprestigiar políticas
públicas y generar un clima social adverso al gobierno.
El poder corporativo sometió a políticos opositores, transformándolos en sus
operadores. Héctor Magnetto, máxima expresión ese poder, hizo saber que no
necesitaba ser presidente de la República porque ese era un cargo menor.
Apologista de la dictadura cívico militar, manifestó públicamente su desprecio
por la Constitución cuando sus abogados reclamaron que la justicia ordenara la
suspensión del funcionamiento parlamentario con la finalidad de que el Senado
no trate el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que la
Cámara de Diputados había aprobado.
La ley se aprobó con 146 votos afirmativos, tres negativos y tres abstenciones
en la Cámara de Diputados y 44 votos afirmativos contra 24 negativos y ninguna
abstención en el Senado. A pesar de esa categórica aprobación, y de su
posterior convalidación por la Corte Suprema en 2013, varios precandidatos de
la oposición han declarado que en caso de ser presidentes derogarían la Ley de
Medios, o la parte de ella que afecta al Grupo Clarín.
La nueva consigna que el Grupo Clarín les impone a los precandidatos es derogar
todas las leyes que rechaza junto con sus asociados. Ese listado incluye las
leyes de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, Emergencia
Económica, Antiterrorista, de Blanqueo de Capitales, de Medios y el nuevo
Código Civil y Comercial, así como las reformas del Consejo de la Magistratura,
la Carta Orgánica del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores.
El vocero más destacado de Magnetto, Jorge Lanata, insultó públicamente a
dirigentes opositores por la consolidación del gobierno nacional ante la
sucesión de embates golpistas. Algunos de los insultados, como Sanz o Binner,
le pidieron disculpas. Otros, como Macri, Massa, Cobos y Carrió, se hicieron
los distraídos.
La clave de la preocupación de Clarín la dio Luis Majul en una nota de La
Nación del 16 de octubre, en la que escribió: “Igual que en julio de 2009,
cuando Néstor Kirchner, tras su primera derrota electoral, tomó la iniciativa y
empezó a arrinconar a la oposición, Cristina Fernández recuperó el centro de la
escena y colocó a los precandidatos a presidente a la defensiva y en el lugar
de actores de reparto.” Esto le resulta intolerable al establishment y a
Clarín.
Ni Magnetto ni la oposición pudieron detener las leyes que dieron forma a este
modelo, ni mediante artilugios legales ni negando el quórum en las sesiones del
Congreso. Por eso, ahora, la estrategia es “derogar”. Para conseguirlo, primero
deberán ganar las elecciones, luego lograr mayorías parlamentarias, y
finalmente, si pueden, ponerse de acuerdo en los proyectos. Todo eso está por
verse.

Nota: este artículo fue publicado en el suplemento Trabajo y Economía, que se edita en el diario Tiempo Argentino.