Causa V Cuerpo de Ejército
Fin de año con presos VIP

El sanjuanino Walter Bartolomé Tejada, ex Jefe del Departamento II
Inteligencia, fue procesado como “partícipe necesario” en la causa 05/07
que investiga delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional
del Comando V Cuerpo de Ejército durante la última dictadura cívico-
militar.

El juez Alcindo Álvarez Canale, titular del Juzgado Federal N° 1, imputó al
genocida 79 hechos entre privaciones ilegales de la libertad, torturas,
homicidios, desapariciones forzadas y el robo de los hijos de Graciela
Romero de Metz y María Graciela Izurieta luego de que dieran a luz en el
campo de concentración “La Escuelita”.
Además, le trabó un embargo por 35 millones de pesos pero dictó su falta de
mérito en 17 casos y “para garantizar al imputado la correcta preservación
de su estado de salud”, al igual que al ex jefe del Batallón 181 Mansueto
Swendsen, le dispuso prisión preventiva en su cómodo hogar del sexto piso
de Soler 154.
“Tejada estaba en el Departamento II de Inteligencia, así que era una pieza
clave en todo lo que significaba búsqueda y procesamiento de información”,
dijo a EcoDias el fiscal general Hugo Cañón.
Durante la aplicación del plan de exterminio todas las acciones se
realizaban en función de los partes redactados por las dependencias de
Inteligencia a partir de los cuales se fijaban “los famosos blancos”:
personas que iban a ser secuestradas por los grupos operativos. A esto se
sumaban los grupos de torturadores e interrogadores, también especialistas
en inteligencia.
En su declaración ante el juez y los fiscales, el militar de 79 años
intentó deslindar su responsabilidad en los hechos diferenciando las
labores del Departamento II de Inteligencia a su cargo -abocado a la
confección de informes sobre el comportamiento “de minorías chilenas” y el
“orden de batalla de las FFAA” trasandinas en el marco del supuesto
conflicto bélico- y el Destacamento de Inteligencia 181 a órdenes del
Estado Mayor para “la lucha contra la subversión”.
“En general hacen esa diferencia. (En todos) los Estados Mayores el GII es
el Departamento de Operaciones de Inteligencia, pero a su vez hay un
Destacamento de Inteligencia y todos los que integraban el GII desligan la
tarea de la represión ilegal en manos del Departamento como lo dijo Vilas
también cuando prestó declaración”, explicó Cañón y manifestó que la prueba
recogida en todas las causas del país lo demuestra.
Otra de las preguntas reiteradas por los funcionarios judiciales en la
indagatoria refería a una calificación firmada por Tejada en el legajo de
su subordinado y ex prófugo Julián “Laucha” Corres procesado en junio por
47 secuestros, 38 casos de tortura, 17 homicidios y 7 desapariciones
forzadas de personas.
Para el fiscal general, Tejada dio “una versión contradictoria, por un lado
dice que no sabe si es su firma y después dice que no es, pero lo atribuye
más a la falta de claridad en la lectura que a una negativa explícita de
haberlo firmado. Ahora habrá que hacer estudios pero hay una vinculación
directa y, si otro hizo la firma en lugar de él de todas maneras, demuestra
el vínculo funcional que había entre ambos”.
La resolución del magistrado fue apelada por la defensa de Tejada y también
por el Ministerio Público que la semana pasada adjuntó la fundamentación
del recurso intentando modificar la calificación que excluyó hechos y
asimismo lo procesa por “participe necesario” mientras que los fiscales
consideran que fue “autor mediato”.

Volver a casa
Respecto a la prisión domiciliaria, Cañón repudió el inicio de “esta vía de
excepción” primero con Mansueto Swendsen y ahora con Tejada.
“Esto realmente es preocupante porque es como abrir una compuerta permisiva
que rompe lo seguido hasta ahora en Bahía Blanca. Digo esto porque el
arresto domiciliario frente a crímenes de lesa humanidad no tendría que
darse de ninguna manera”, dijo.
Álvarez Canale, en una nueva chicana jurídica tergiversa manifestaciones
del fiscal sobre el caso Cárdenas Otegui, un preso común abandonado hasta
la muerte en Villa Floresta, “para decir que (Tejada) no merece correr el
riesgo para la salud, realmente es intolerable”.
Los hechos muestran que de ninguna manera “un Tejada, es decir un militar”,
es descuidado por los servicio penitenciarios provincial o federal sino que
“sabemos la diligencia que ponen y la atención que reciben: sección
privilegiada, VIP, con computadoras, teléfonos celulares, de todo”.
“En cambio un pobre desgraciado, un preso común condenado a su suerte, que
no fue atendido durante nueve meses es un caso de gravedad extrema. Creo
que si Tejada está tres días sin ser atendido por un médico a los dos días
está el escrito en el Juzgado y éste resuelve rápidamente una medida. En
cambio, Cárdenas Otegui pidió, pidió y pidió y nadie le daba pelota”, se
quejó.
Un tercer privilegiado es el represor Osvaldo Bernardino Páez, coautor
mediato de 41 delitos de lesa humanidad, aunque en este caso la resolución
provino un juez porteño.

Presente y futuro
El recientemente jubilado camarista Luis Cotter, dijo el miércoles al
diario La Mañana de Neuquén en ocasión de su visita para presenciar la
primera etapa del juicio oral contra ocho genocidas, que “en este momento
lo de Bahía Blanca es inexplicable por qué no hay ni por aproximación en un
mediano plazo un juicio como este».
Recordó que se reforzó el personal en el juzgado “para que se ocupen de la
investigación” y sostuvo que los designados “no tienen ninguna experiencia
judicial y lo único que pueden exhibir es algún conocimiento de quien los
designó y alguno de ellos ligazones filiales muy fuertes con algún miembro
de la Cámara Federal».
«La única razón o fundamento que uno puede suponer o presumir con seriedad
es que hay artimañas o alquimias jurídicas que se están jugando para que
las cosas no avancen», agregó.
De hecho, 2008 cierra con sólo cuatro causas confirmadas por la Cámara
Federal -Páez, Bayón, Delmé y Masson- con posibilidad de ser elevadas a
juicio oral. El resto está pendiente de resolución por el tribunal de
alzada -alrededor de una decena de casos- otros libres, muertos o prófugos.
“De lo más antiguo que tenemos y hemos pedido informes, es por la falta de
mérito de (Humberto) Adalberti y ahí se demoró en sortear juez, (…) pedimos
que nos facilitarán la causa y no fue posible, así que viene varios meses
demorada”, ejemplificó Cañón.
La Fiscalía y la querella esperan que la Cámara Federal resuelva cuanto
antes pero “si no vamos a pedir la elevación a juicio con los casos que
tengamos porque este juicio está muy dilatado y diferido. Inclusive no
pensábamos presentar nuevos pedidos de indagatoria hasta que no pudiéramos
llevar a este grupo que teníamos pero ante la demora seguimos”.
A la captura que tiene el fugado Aldo Mario Álvarez, se solicitó la de
otros cuatro integrantes del Destacamento II de Inteligencia. A este
“cuentagotas” se agregan las pantomimas de Canale pidiendo “guardar cupo en
la cárcel para alojar a personas que va a detener, por lo cual ya anuncia
que va a ser detenida y puede escaparse tranquilamente”.
De elevarse tal cual se requiere la causa y no hay recursos de por medio,
se deberá continuar el trámite en el Tribunal Oral. Ahí se abre otra etapa
“complicada” porque habrá que esperar respuesta de algunos jueces:
“algunos, como Fernández Orozco, fue defensor de los militares así que
suponemos que se va a jubilar si no tenemos que recusarlo”.
Luego vendrá una engorrosa búsqueda de reemplazantes. La reforma
legislativa estableció hace varios años que tendrá que integrarse con
jueces de tribunales orales cercanos, en nuestro caso, La Pampa. “Ahí hay
tres jueces pero acaba de fallecer uno hace un mes, quedan dos. Si no
tendrá que ser Mar del Plata o La Plata”.
Por último, recordamos que en manos del juez ad hoc Eduardo Tentoni se
desarrolla a mejor ritmo la causa de por los delitos de lesa humanidad en
Puerto Belgrano, según Cañón, “ya está listo un pedido de citación
indagatoria y lo estaremos presentando en estos días”.