Mientras la Subsecretaría de Niñez municipal y la Dirección provincial de Promoción y Protección de los Derechos del Niño se desgastaban en reuniones de reestructuración del Patronato de la Infancia para encuadrarlo en el tan mentado “nuevo paradigma” establecido por la flamante legislación en materia de minoridad, las cuestionadas autoridades de la entidad continuaban actuando con su ya característica negligencia para cuidar la integridad de los internos.

En un contexto de violencia institucional singular, hubo una gota que colmó el vaso: la inacción y ocultamiento de la violación y embarazo de una joven de 18 años, con retraso mental, por parte de integrantes de su familia. El hecho motivó el despido del director, Antonio López, el psicólogo Esteban Godia, la asistente social Verónica Godoy y la coordinadora educacional Susana Camblor.
A fines de la semana pasada se esperaba la orden del Tribunal de Menores para la realización de un aborto terapéutico, fundado en el artículo 86 del Código Penal, con la intervención del Comité de Bioética del Hospital Penna.
A principios de este año, el 4 de enero de 2008, el entonces secretario de la Fiscalía Federal, dr. Gabriel Jarque, elevó un informe al dr. Hugo Omar Cañón donde concluía que el desempeño de López como director del Patronato “no demuestra dar cumplimiento a finalidades propias” de la institución y, de acuerdo a los antecedentes, su continuidad en el cargo “podría comprometer el interés superior de niños alojados”.

El silencio no es salud
La denuncia fue presentada en la Comisaría de la Mujer por la dra. Fernanda Petersen, secretaria de la Comisión Directiva hasta el viernes 5 y madrina de comunión de la joven.
Petersen aseguró que ni bien conoció los hechos, se presentó en la sede de calle Alvarado al 900 donde los directivos, al escuchar lo dicho por la víctima, “nos exponen un acta dentro del legajo de la nena que había sido firmada el 24 de julio por el director y la vicedirectora de la institución, el psicólogo y la trabajadora social donde contaba que otro familiar que la retiraba de la institución la habría tocado. Este familiar también manifiesta que no se presenta ante la comisaría para hacer esta denuncia para que la chiquita no sea expuesta ante la justicia”.
Entonces, las autoridades se comprometieron “a establecer estrategias de trabajo que, obviamente, nunca se establecieron” y no presentaron el acta ante ninguno de los organismos judiciales y estatales que deberían determinar el accionar: Tribunal de Menores, y Servicios Local y Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.
“Cuando se le pregunta a la trabajadora social por qué no se presentó este acta, por qué no se estableció ese mismo día impedir la salida de la chiquita o gestionar un pedido a través del Servicio Local o Zonal, dijo que fue ‘simplemente porque se olvidó’”, relató la madrina.
Asimismo, comentó que al dialogar con la adolescente “nos dice frases como ‘a mí me dijeron que esto no lo cuente’, o también por parte de los familiares le dijeron que si lo contaba, tanto yo como el resto de mi familia no la íbamos a sacar nunca más, iba a quedar dentro de la institución”.
El lunes 1 de septiembre, Petersen concretó la denuncia en la Comisaría de la Mujer, donde el equipo técnico evaluó que para no generarle una mayor inestabilidad la joven no debía declarar, quedando el trámite en manos de la psicóloga policial quien transmitió los dichos recogidos en una entrevista previa “donde la nena contó sin ningún tipo de duda lo que había sucedido en un relato pormenorizado”.
La abogada detalló que la adolescente por responsabilidad “del equipo técnico del Patronato, más allá de haber sido víctima de abuso sexual con toda la problemática que esto implica, fue víctima de abuso institucional”.
“Cuando la chiquita refiere algunas cuestiones frente a este equipo se las minimizan y no solamente eso, sino que se la devuelven a este entorno familiar lo que le corrobora a ella que nadie le va a creer. Cualquiera le preguntaba cómo estás, ‘bien, bien’, y no podía ir más allá de eso”, afirmó.
Por eso, pidió que se despida al equipo completo porque “si esto pasó con esta chiquita, puede tranquilamente estar pasando con el resto de los chicos” y aseguró que si lo que estas personas hacen es sumir a los menores “en una situación de desprotección, alguien va a tener que tomar cartas en el asunto”.

Sin equipo
Tanto el director Antonio López como el presidente de la Comisión Directiva, Omar Fernández Insausti, se descargaron de responsabilidades centrándose en la trabajadora social Verónica Godoy.
“Una trabajadora social con un título en cualquier institución de este tipo, tiene la obligación de contactar permanentemente a los tribunales y al juez de Menores. Ella tenía la orden del director -esto lo hemos averiguado mediante un sumario interno- de haber hecho la denuncia para que la nena no saliera más con esta gente”, dijo Fernández quien encabeza el Patronato hace unas tres décadas.
Además, aseguró que la denuncia la radicaron desde la Comisión Directiva “cuando tomamos conocimiento de los hechos”, en alusión a la presentación de Petersen quien priorizó concurrir a la comisaría a presentar su renuncia como secretaria, medida que concretó días después.
El presidente informó que decidieron aceptar las renuncias de López y del psicólogo Godia, quienes -llamativa o casualmente- las habían presentado “algunos días antes” a pesar de que los cuestionamientos venían realizándose desde meses atrás y por parte de todos los sectores vinculados a la problemática institucional.
“Con respecto a la asistente social hemos tomado la medida ya de despido, está notificada, por su responsabilidad directa en esta situación. Y respecto a la maestra coordinadora, Camblor, está con licencia psiquiátrica y estamos analizando cuál es la situación de ella pero creo que vamos a suspenderla hasta tanto esto se aclare y después prescindir de sus servicios”, agregó Fernández.
Así, el funcionario dijo “que sacaremos a todo el equipo técnico y, mientras tanto, Municipalidad, Provincia y nosotros estamos haciendo una selección de personal para conseguir un director técnico, asistente, psicólogo y maestra coordinadora, cosa que nos va a llevar unos días evidentemente. La verdad es que para que no quede acéfala la institución le pedimos al director que colabore unos días más” hasta tanto se realice un concurso público “para que haya transparencia absoluta”.
“Ahora yo les pregunto a ustedes, el manejo de esta situación, estamos a siete u ocho días, ¿cómo puede ser que no haya nadie preso? ¿Quién es el responsable de esta situación? Todo esto yo lo voy a seguir a partir de ahora todos los días. La justicia tiene que tomar medidas urgentísimas”, sentenció el titular del Patronato.