Días atrás la dra. Mirta Mántaras, abogada de la APDH, visitaba Bahía Blanca para anunciar que solicitarían al Consejo de la Magistratura un juicio político contra el juez Alcindo Álvarez Canale, quien tiene a su cargo las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura genocida, por entender que el proceso está plagado de irregularidades.
Entre ellas: lentitud en la instrucción, declaraciones indagatorias “en cuotas” que privan a las víctimas de un juicio rápido y sencillo, cambios de criterio “de blanco a negro” haciendo que sean quienes sufrieron las torturas -encapuchados en los centros clandestinos de detención- los que tengan que probar aquellos delitos, e incluso, la desprolijidad en las capturas de los represores y las citaciones “como si fuera un juicio de divorcio o de alimentos”.
Esta postura es compartida por todos los organismos vinculados con la búsqueda de justicia. Sin embargo, Víctor Benamo, delegado local de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (informalmente, dado que falta la firma del convenio), realizó una confusa defensa del accionar del cuestionado magistrado.
Consultado acerca de la actualidad de las causas afirmó: “Es una buena pregunta para aclarar algunas cosas injustas que se hacen decir, sobre todo con respecto a las críticas del dr. Álvarez Canale de que no hubo celeridad en los procesos. El problema es que no había personal. El gobierno estaba demorado en dotar de personal”.
“Bueno, recién ahora se ha renovado, se contrató a Agustín Carestía, un hombre joven de cuarenta años, abogado, que está haciendo la investigación. Y yo mismo tengo el poder ampliado que hasta hace poco tiempo estaba circunscrito a Eduardo Luis Duhalde, recién ahora 17 abogados del interior recibimos la facultad para presentarnos en los juicios”, destacó y agregó que “si queremos hacer juicios en serio este refuerzo era necesario”.

Las preguntas del señor Benamo
 “¿Tenemos que juzgarlos a los militares como ellos juzgaban, que no juzgaban? ¿Somos demócratas y nos molesta que una ley que no puede cambiarse, echarse atrás, porque sería una ley retroactiva? ¿Nos molesta que un señor Harguindeguy tenga arresto domiciliario? ¿O Massera? ¿O éste que se suicidó, que estaba en la Prefectura? (Haciendo referencia a Héctor Febrés) ¿Qué sean presos vip? Eso es lo que tiene que aprender la gente a opinar como militante. Nosotros no somos como ellos”.
Benamo manifestó también que “algunos tiran la bronca porque en la demora de los juicios también está implícito que hay que probar. Digo que la víctima tiene que contribuir con prueba para que al imputado… porque eso es la esencia del derecho penal”.
-¿Pero hay causas que han recogido mucha prueba?
-Sí, pero tiene que pasar por la constatación de la prueba, tiene que pasar a la acusación fiscal y ahí se va a ver en estos juicios.
Finalmente, acerca de lo que la APDH calificó como “declaraciones en cuotas”, el letrado manifestó que “el impulso judicial lo tiene la justicia federal, no somos nosotros, hay lugares que han trabajado con más velocidad. Hace poco el ex presidente y ahora la presidenta también ratificó el pedido de que se apuren las causas”.