Durante los últimos meses la causa “Investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército”, que tramita en el Juzgado Federal N° 1 la Secretaría de Derechos Humanos -a cargo del dr. Mario Fernández Moreno- ha registrado algunos de los tan ansiados avances exigidos por la querella y parte de la sociedad que exige el Juicio y Castigo a los torturadores, violadores, ladrones y genocidas de la dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976.

En la actualidad el titular del juzgado, Alcindo Álvarez Canale, se encuentra de licencia hasta el 17 de agosto y los trámites son firmados por el subrogante, dr. Eduardo Tentoni, también juez ad hoc en la causa Puerto Belgrano desde febrero de 2007.
EcoDias dialogó con el fiscal en Primera Instancia, dr. Antonio Castaño, para evaluar la marcha de la instrucción.
El funcionario judicial informó que, salvo el caso del coronel Mario Alberto Casela a quien se le dictó la falta de mérito, los procesamientos del resto de los represores “están en trámite de apelación” y para cuando dicho trámite sea superado, ya cuentan con “una resolución de Procurador General de la Nación que permitiría la posibilidad de pedir la elevación a juicio oral”. Esta medida puede darse “independientemente de que los defensores amplíen -si se da la confirmación por parte de la Cámara- la apelación ante el Tribunal de Casación Penal de la Nación”.
“Creo que ateniéndonos a lo que normalmente hicimos en la etapa de instrucción con relación a todos estos imputados tenemos sobradas esperanzas de que puedan ser confirmados los procesamientos”, opinó el fiscal.
Para Castaño, de las declaraciones indagatorias surgió “prácticamente lo que teníamos: la mayoría eran los carceleros, algunos -como declaran los testigos- bastante sanguinarios”, aunque en varios sucesos “seguimos teniendo los apodos y todavía no hemos detectado la identidad de las personas que ocupaban esos lugares y también torturaban a los detenidos en los centros clandestinos de detención como La Escuelita”.
A pesar de esto, la investigación sigue adelante: “Hay pedidos nuestros de detención y llamado a prestar declaración indagatoria de otras personas que prestaron servicios en el ámbito del Comando V Cuerpo”.
Entre ellos, sobresale el ex jefe de Inteligencia del V Cuerpo, coronel retirado Aldo Mario Álvarez, quien -según información publicada en el diario Página/12 a principios de año por el periodista Diego Martínez- fue “compañero de promoción y amigo de Ramón Camps”, gerente “en las sombras” de la agencia de seguridad privada Alsina SRL hasta 1998 de la cual fue “dueño hasta marzo de 2000 cuando cedió las acciones a su yerno”.
En cuanto a las estrategias defensivas expuestas en las indagatorias, Castaño aseguró que “lógicamente la tendencia a tratar de desincriminarse es común a todos. La realidad es que si bajamos de jerarquía, todos apuntan a (Adel) Vila que era quien estaba a cargo de la subzona y en definitiva tenía la vinculación directa con el jefe del Comando V que era (el comandante Osvaldo) Azpitarte o (el general Abel) Catuzzi” posteriormente.
Por otro lado, en los casos de los ex titulares del Batallón 181 -Argentino Cipriano Tauber y Jorge Enrique Mansueto Swendsen- advirtieron que aquellos detenidos que si bien no pasaron por La Escuelita estuvieron en el Batallón, pero “no en condiciones clandestinas sino como gente que sabía donde estaba y con condiciones totalmente diferentes”.
“Eso en definitiva no nos atañe porque estaban detenidos ilegalmente, sin ningún tipo de justificación, se manejaban fuera de todo contexto legal porque los jueces no tenían conocimiento de las detenciones y las circunstancias que estaban atravesando dentro del Comando. Para nosotros sigue siendo ilegal”, manifestó el fiscal.

La (in) Justicia durante la dictadura
Cuando los acusados intentaron desligarse de responsabilidades apuntando a las inspecciones que realizaban autoridades de la justicia -federal o provincial- el juez de la causa sostuvo que “lejos de justificar” la conducta de los imputados “implicaría la responsabilidad penal de los funcionarios que, teniendo la obligación de denunciar las irregularidades en que incurría el Servicio Penitenciario en esta ciudad, no lo hicieron”.
Al ser consultado acerca de la participación de los funcionarios del Poder Judicial mencionados por los imputados -sobre todo el entonces juez federal Guillermo Federico Madueño-, Castaño afirmó que “no se podía hacer absolutamente nada porque a partir del golpe estaban todos bajo la órbita de la estructura de las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército al que tenían que estar subordinados todos los estamentos de cualquier tipo, sea nacional o provincial, bajo la órbita, en este contexto, del Comando V Cuerpo”.
“Madueño era el juez federal, supuestamente tendría que tener conocimiento o como todo juez cumplir con su cometido de visita a las distintas unidades carcelarias que pudieran estar en el lugar y, como consecuencia de eso, haber tomado conocimiento de estas circunstancias. Pero dicen las autoridades carcelarias que los detenidos nunca pidieron hablar con el juez ni nada por el estilo”, detalló el titular de la Fiscalía en Primera Instancia.
En cuanto a la posibilidad de vincularlos con la causa, comentó que “lo estamos viendo”, puede que “estén involucrados directamente por no haber tomado conocimiento de esas circunstancias. Independientemente de que todos estábamos en ese momento en una nebulosa general, después del golpe y los acontecimientos con el correr de los días y los meses, si uno hacía una visita normal a la totalidad de la cárcel y por más que esos eran detenidos a disposición del Poder Ejecutivo, tiene injerencia directa el juez federal”.
“Tomar conocimiento de esas personas y las condiciones en que estaban detenidas era su obligación y cualquiera se daba cuenta que el estado en que estaban no era de personas que habían sido bien tratadas: investigar eso era bastante fácil”, sentenció.

¿Un respaldo al juez?
El titular de la delegación local de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, Víctor Benamo -quien en marzo salió al cruce de las críticas presentadas por la representante de la querella de la APDH, Mirta Mántaras hacia el juez Canale por la lentitud de la causa y otras irregularidades-, mediante “un poder especial” del Ejecutivo Nacional, fue autorizado a presentarse como segunda querella.
“Como fiscal, no solamente de estas causas sino de las que son de importancia a nivel del Estado Nacional, vemos bárbaro que puedan presentarse todas las partes como querellantes. A mí en particular no me molesta, al contrario, nos da la posibilidad de que cuatro o seis ojos vean más que dos”, aseguró Castaño.
-¿Puede llegar a entorpecer el desarrollo de la causa teniendo en cuenta que al menos cuatro de esos ojos tienen una mirada diferente y la han manifestado públicamente?
– A mi criterio no porque, en definitiva, todo tiende a un fin común que es la posibilidad de que personas que han participado de esas atrocidades puedan ser condenadas. Creo yo, ¿no? (…) Es mi punto de vista, no quiero decir que esto sea la postura de todos los fiscales, o del dr. Cañón (Fiscal General). Hablo por mí como fiscal de Primera Instancia.

Puerto Belgrano
“Estamos abocados a esta causa, acá tengo todos los incidentes de excarcelación que son los que más tenemos y la verdad que no tenemos novedades de Puerto Belgrano, nos estamos abocando mucho a esto.
Prácticamente tenemos muy poco, que son todos los involucrados directos en función de la jefatura que eran todos los almirantes y vicealmirantes, que ya prácticamente se nos están yendo: Mendía murió y el resto son personas bastante mayores”.
“Tenemos a los jefes máximos, en cambio en el Ejército estaba todo más a mano. Lo primero que habrá que hacer es citar a indagatoria próximamente a los que están vivos”.