“Como un medio para la disuasión y corrección de las conductas en materia de tránsito” el Concejo Deliberante aprobó en la sesión del jueves 18, con modificaciones al proyecto original y por unanimidad, fuertes aumentos en el valor de las multas por infracciones. Días atrás, la cifra de muertes por “accidentes” viales alcanzó las tres decenas.
La nueva ordenanza se enmarca en la política de seguridad vial implementada por el Ejecutivo y el Legislativo ante la emergencia vial provincial y local. Desde la comuna, la semana pasada se presentó el programa Bahía Conduce, se creó el Cuerpo Único de Inspectores Municipales para la realización de controles en la vía pública, y en forma conjunta con instituciones gubernamentales y no gubernamentales se trabaja en campañas de difusión para prevención de incidentes.
Cabe destacar que más allá de las preocupantes estadísticas que obligan a tomar decisiones en la materia, el Régimen de Penalidades vigente hasta el momento -ordenanza 9.115-, data del año 1996. “Por lo tanto, más allá de las necesidades expuestas en cuanto al reordenamiento general del tránsito, los doce años transcurridos desde su promulgación son motivo suficiente para la readecuación del sistema”.
A faltas leves y graves, corresponderán «amonestaciones», que se aplicarán por única vez siempre y cuando no se registren antecedentes, y «multas» cuyo valor se determinará en unidades fijas denominadas “módulos”. Las infracciones leves podrán multarse con 30 hasta 100 módulos, y las graves desde 100 hasta 1000.
Los módulos que medirán la sanción de multa serán del «valor equivalente al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial». La recaudación se depositará en las arcas comunales.
No sólo el bolsillo se verá afectado con la implementación de la ordenanza aprobada por los concejales sino que habrá también «sanciones accesorias». Por ejemplo: asistencia a cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública; tareas comunitarias; inhabilitación para conducir vehículos o determinada categoría de ellos; decomiso, que «implica la pérdida de los elementos cuya colocación, uso o transporte esté reglamentariamente prohibida»; secuestro del vehículo; o detención preventiva por un lapso no mayor a doce horas.

¿Y Julio?
Al momento de las manifestaciones, Elisa Quartucci exigió la aparición con vida de Jorge Julio López al cumplirse ese día dos años del secuestro del testigo clave del juicio que condenó al genocida Miguel Etchecolatz a reclusión perpetua.
“Hace pocos días el ex ministro de Seguridad de la provincia León Arslanián, declaró que ‘después del tiempo transcurrido y de los esfuerzo para encontrarlo yo creo que López está muerto’. Esto evidencia cómo ha sido tratado el tema de la desaparición por las autoridades de la Provincia, la poca firmeza con la que se investigó. Lo concretó es que más allá de las suposiciones, a dos años, la investigación sigue parada (…) Ésta es una deuda de la democracia y en particular la tiene el gobierno kirchnerista y el de la Provincia”, afirmó la edila de la Coalición Cívica.
Sobre el tema, Norberto Martínez (Integración Ciudadana), dijo que “además de buscar a López hay que buscar a los responsables” y agregó que “la aspiración de que estas cosas no pasen en democracia no se cumple como, por lo menos la mayoría, quisiéramos. Hechos aislados que siguen ocurriendo, que lastiman y preocupan, deleznables, repudiables y criticables. Hechos que, en definitiva, afectan a la democracia”.