Sorteado el imprevisto de la fuga de Julián “Laucha” Corres, la dra. Mirta Mántaras, abogada de la Asamblea por los Derechos Humanos y familiares de víctimas de la represión militar en Bahía Blanca durante la última dictadura, estuvo en la ciudad para informarse personalmente de la actualidad de la causa 05/07 que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército.

“Estamos muy interesados en elevar la causa a juicio oral, que se haga el debate donde se va a dictar la sentencia. Esto lo vamos a hacer por segmentos porque queremos concretar un primer envío de un grupo importante de acusados con otros que tenemos dificultades para encontrarlos o problemas con el estadio en que se encuentran sus indagatorias, haríamos un segundo tramo. Luego el Tribunal Oral verá cómo será la organización de este debate”, aseguró la dra. Mirta Mántaras a EcoDias.
Los genocidas procesados con confirmación de la Cámara Federal de Apelaciones, hasta el momento, son: coronel Juan Manuel Bayón, oficial superior del Estado Mayor, tercero en jerarquía en todo el Comando a cargo del Departamento III de Operaciones (G-3); teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez, con igual cargo en el Estado Mayor y subordinado de Bayón en el G-3, jefe de la División Educación e Instrucción y Acción Cívica; mayor Hugo Jorge Delmé, oficial de Estado Mayor.
Se suman: el teniente coronel Mario Carlos Antonio Méndez, que vino del Regimiento 25 de Infantería chubutense “en comisión” al V Cuerpo para integrar la Compañía Comando y Servicios, sumándose “en ocasiones” a la “Compañía Operacional” o “Agrupación Tropas”; y el entonces subteniente Jorge Aníbal Masson, jefe de la sección Infantería de la Agrupación Tropas a cargo del mayor Ibarra.
Sobre este último, Mántaras sostuvo que “con la revocación de la resolución de Álvarez Canale, que fue terrible porque a una persona con todos los antecedentes de Masson lo dejó en libertad, el juzgado tiene derecho a apelar esta nueva decisión sobre su situación procesal y esa apelación se la vamos a esperar”.
“Lo que no vamos a esperar es la Casación porque a partir de lo resuelto por la Corte en ese sentido no necesitamos hacerlo para que no nos pase como aquel encajonamiento que hizo Bisordi parando todo el juicio de la Esma. Como sabemos que hay agentes enquistados en el Poder Judicial, que más que la lealtad a la Ley tienen la lealtad a los militares, consideramos muy importante la solución a ese gran problema”, manifestó la querellante.
El trámite para la elevación a juicio de la primera etapa de la causa implica contestar los traslados de todas las partes, tanto querellantes como imputados, para que luego sea el juez quien concrete la elevación. Mántaras opinó que “tendríamos que tratar de tener eso terminado antes de fin de año, para hablar de juicios en la feria, habilitando los tiempos para que se hagan los juzgamientos lo antes posible”.

En carpeta
Más allá de los procesados con confirmación de la Cámara mencionados arriba, hasta el momento la causa cuenta con otros siete procesados con prisión preventiva y dos liberados: el médico militar y ex director de la Cruz Roja, Humberto Adalberto, y el coronel Mario Alberto Casela.
Para próximas etapas, “tenemos personal de Inteligencia. El único que fue procesado y después murió fue Santiago Cruciani pero en ese destacamento todavía no se ha comenzado a trabajar. Después hay otros imputados o sindicados que tenemos bastante interés en que vengan a juicio como procesados. Lo que pasa es que queremos ir terminando por etapas las declaraciones indagatorias (porque) cada vez que hay una serie de indagatorias el juez ser toma licencias largas como la última vez”.
“Además, tenemos que investigar más lo que refiere al Batallón de Comunicaciones 181, prácticamente las únicas personas procesadas son los jefes -Mansueto Swendsen y Tauber- pero nos falta todavía personal inferior en la cadena de comandos”, agregó Mántaras.
Por otro lado, el juez ad hoc Eduardo Tentoni continúa trabajando en la instrucción por lo delitos de lesa humanidad cometidos bajo la órbita de la Armada en Puerto Belgrano.
“El juez está haciendo un trabajo muy bueno. Como ese caso tiene menos víctimas y menos acusados, Tentoni ha resuelto hacer la indagatoria con los casos ya armados, de manera tal de tener bien ubicado quién es quién y dónde estaba cada uno. Son casos de extrema gravedad donde de hecho tenemos bastante prueba como declaraciones, la inspección ocular a la Base y la ubicación jerárquica de quienes dependían el Comando de Operaciones Navales y las Baterías de Puerto Belgrano”, concluyó la querellante.

Juicio político
“Tenemos interés en que todas las circunstancias queden incluidas y consideramos que en la presentación que anteriormente se hizo -inclusive también se presentó uno al principio de esta cuestión- había menos elementos de los que tenemos ahora. Queremos reforzar ese juicio político. Ahora se ha sorteado el pedido y pasó al presidente del Consejo de la Magistratura, Mariano Candotti, como órgano acusador que evaluará si concreta o no la acusación. Tiene plazos pero laxos”.