Allanaron el Patronato de la Infancia
Ahora investigan las cuentas

La titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 7, Olga
Herro, tomó la posta dejada por el informe elevado a la Procuración General
de la Nación por su par en el ámbito federal, Hugo Omar Cañón, que
traslucía serias irregularidades en el manejo de los fondos, propiedades y
donaciones del Patronato de la Infancia.

Entre el lunes y el martes la funcionaria judicial realizó cinco
allanamientos en busca de documentación en la propia sede de calle Alvarado
855, en una oficina contigua donde el ex director Antonio López ejercería
“una administración paralela”, en los estudios contables de Osvaldo Meloni
y Omar Purriños Bayol, y un comercio. Herro manifestó que encontró al
Patronato en un estado “deplorable”.
“Estamos trabajando, tenemos una Investigación Preliminar Preparatoria
donde se están investigando supuestas irregularidades en la administración
de la entidad. Se tomaron varias declaraciones, tenemos alguna documental
agregada y a los efectos de poder esclarecer los hechos ilícitos que surgen
se resolvió el allanamiento y secuestro de la documentación para, con
posterioridad, hacer una auditoría”, explicó la fiscal a EcoDias.
Estas “irregularidades” comprenderían desde la falta de registración de
donaciones, el uso de bienes de la institución por parte del presidente,
Omar Fernández Insausti, hasta por ejemplo “según surgió de una
declaración, haber mandado a comprar una horma de queso que sale 30 pesos,
convertir el 3 en 8 y facturarla por 80”.
Los primeros allanamientos concretados el lunes, fueron en la entidad, en
dos estudios contables y en un comercio. “Yo personalmente concurrí al de
la sede principal, estaba únicamente la empleada de la recepción y había
dos personas en el área de administración. Uno de ellos es un empleado del
Patronato y el otro, aparentemente, sería empleado de un contador que
trabaja allí. Uno de ellos nos atendió bastante bien y el otro bastante
mal”, confesó la representante del Ministerio Público.
Tras enterarse de la nueva función que cumplía el ex director Antonio López
-“premiado” de esta manera por la comisión directiva por ser uno de los
principales responsables de la debacle institucional y de las “graves
violaciones a los derechos de los niños” descubiertas por Cañón- se allanó
al día siguiente su oficina instalada en un local aledaño.
En este lugar, donde López se presentó como “empleado”, se encontraron
alfajores que debían haber sido destinados a los y las jóvenes que viven en
la entidad y lo visto le permitió a la fiscal sostener que “habría una
especia de administración paralela en esa oficina”.

Lo secuestrado
En total, se secuestraron seis CPU y documentación, “puntualmente una que
estaba buscando que también se encontró”.
“Puede ser que haya desaparecido información, tengo entendido que los
estados contables han dado bien, pero se va a revisar factura por factura,
liquidación por liquidación, cheque por cheque”, detalló la investigadora.
Agregó que para esto “se va a contar con la colaboración de la Policía
Judicial que depende de la Procuración, no se van a limitar a observar las
facturas sino que van a hacer cruces de información y, por consiguiente, sí
puede haber desaparecido documentación y realmente el manejo fue al menos
desprolijo -por el momento podemos decir eso- pero creo que algún rastro
debe quedar”.
Respecto a las donaciones, Herro comentó que en una planillita secuestrada
se anotaron formalmente, aportes de “una tal fundación Florencio Fiorini
que no conozco”, Crediba, Prestar, Bingo Bahía, Consorcio del Parque
Industrial, “pero también tengo constancias de que hay donaciones que no
son registradas”.
La funcionaria explicó a EcoDias que de tratarse del delito de defraudación
a los responsables les caben hasta seis años de pena, “si es nada más que
una defraudación. Los hechos son muchos y calculo que los sospechados van a
ser muchos”, sobre todo desde la comisión directiva y ex director, “pero
todavía no hay ningún imputado”.
“Se va a investigar para tranquilidad de la ciudad de Bahía Blanca que ha
efectuado tantas donaciones a esa institución. Por una cuestión de respeto,
merece que se audite y se aclaren las cosas porque acá han sido siempre
comentarios, siempre denuncias, pero todo de una forma vulgar, no se
materializó nunca una denuncia más que ésta y nunca fue encarada hasta este
momento desde un punto de vista formal”, señaló Herro, y concluyó: “Los
afectados son los chicos y eventualmente algún donante. En realidad puede
haber, primero los chicos porque si un particular o el Estado en caso de
que se hayan extraído fondos provistos para la entidad y ésta los haya
destinado a otro tema, pero fundamentalmente la institución fue creada para
proteger a los chicos, si los bienes que son destinados a ese fin se les da
otro destino… Por ejemplo si hubo mala inversión de las becas o se
utilizaron esos fondos también puede resultar perjudicado el Estado”.