Dos iniciativas fueron aprobadas por unanimidad, en la sesión del jueves, como resultado de la denuncia de un empleado que realiza tareas de vigilancia y seguridad para la empresa Absa en su planta depuradora de Ruta 252 -cercana a “El Triángulo”- sobre una posible contaminación ambiental ante el vertido de líquidos cloacales en la tierra y efluentes industriales del polo petroquímico a la ría, sin realizarse tratamiento alguno.
El primero de ellos, redactado por la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Aloma Sartor (UCR), solicita a la Autoridad del Agua informes sobre “programas y resultados de análisis realizados en el canal de efluentes de las industrias del área portuaria en la ría” y además detalles de “las inspecciones realizadas a establecimientos en la ciudad a fin de controlar el cumplimiento de los parámetros de vuelco en los efluentes al sistema cloacal”.
Por otro lado, Norberto Martínez (Integración Ciudadana) se dirigió al Ejecutivo exigiéndole que requiera a Absa explicaciones sobre: la posible existencia de contaminación ambiental; los controles efectuados por personal competente de la comuna del contenido de los canales como de lo que hubiera sobre el terreno, si los hubo; y acerca del funcionamiento de la tolva instalada en la planta y si las bombas que envían el liquido a los filtros han tenido desperfectos en los últimos meses”, entre otros puntos.

Reparación histórica
Fue aprobado también por unanimidad una resolución del concejal Julio Ruiz, impulsando el proyecto de ley del diputado nacional tucumano Gerónimo Vargas Aignasse, que establece un régimen previsional complementario de la Ley de Reparación Histórica para ex detenidos políticos víctimas del Terrorismo de Estado.
“Es sabido que entre los diez o doce mil compañeros que estuvieron en situación de detención, muchos de ellos no tienen ninguna cobertura, muchos no han tenido la fortuna que hemos tenido otros y se encuentran en una situación grave desde el punto de vista social. Esto ha motivado el proyecto de ley y la idea es que salga cuanto antes”, manifestó Ruiz.
Entre los fundamentos del proyecto que se discute en la Cámara de Diputados, Vargas Aignasse señala que “los sobrevivientes de tal aberrante dictadura, así como sus familiares, padecieron y padecen daños psicológicos imborrables, producidos como consecuencia de lo vivido. Muchos de ellos perdieron el trabajo como consecuencia del arresto, secuestro y persecución de la cual fueron objeto, no pudiendo reinsertarse en la vida social y laboral al recuperar la libertad, encontrándose desempleados, sin cobertura social ni posibilidad futura de contar con una jubilación digna”.
“Estas personas merecen el reconocimiento y computo como años de servicios, más los aportes correspondientes a los efectos jubilatorios de los períodos en que se hallaron privados de su libertad”, detalla.

Residuos y emergencia vial
Otros temas destacados, fueron la sanción de la ordenanza que autoriza a la comuna a llamar a licitación para contratar los servicios de higiene urbana y explotación del servicio de “proyecto, construcción y operación” del relleno sanitario, en ambos casos por el término de siete años. Y asimismo, la declaración de la emergencia vial en el partido de Bahía Blanca.