ABORTO
Solicitarán juicio político a Longas

Por obstaculizar la realización del aborto no punible a la interna del
Patronato de la Infancia embarazada durante las reiteradas violaciones que
sufría en sus salidas de fin de semana, la dra. Fernanda Petersen anunció
que pedirá un juicio político al integrante del Tribunal de Familia, dr.
Jorge Eduardo Longas.

Aunque los profesionales del Hospital Penna ya habían comenzado el
proceso médico autorizado por el artículo 86 del Código Penal para estos
casos, el juez Longas recibió a una pareja dispuesta a adoptar a la
criatura y ordenó suspender la interrupción del embarazo por 24 horas.
Un día después, el tribunal en pleno revocó la medida del entrometido
magistrado y hoy, la víctima -de 18 años con un importante retraso mental –
está “bien, perfecta” viviendo con la familia Petersen.
“Se está analizando si la intervención que él toma de suspender la
práctica que habían iniciado los médicos está dentro de lo que permite la
ley o no. El artículo 86 es claro en eso, no requiere autorización
judicial, y lo que trata de hacer es evitar la judicialización de estas
situaciones”, dijo a EcoDias la letrada y madrina de la joven.

Evitar la judicialización
La semana pasada la denunciante, a partir de la lectura del fallo de
Longas, redactaba la fundamentación del pedido y estudiaba cuál sería el
ámbito adecuado para su presentación: la Comisión Bicameral de Juicio
Político bonaerense o, directamente, la Suprema Corte.
“Este es el único caso que está previsto, no hay dudas, por eso hay un
protocolo de salud en los hospitales públicos donde los profesionales, que
son los que mejor saben del tema, analizan los antecedentes médicos y
jurídicos y si dan el visto bueno no tiene sentido ninguna intervención.
Obviamente el artículo 86 dice que la persona tiene que ser idiota o
demente, por lo tanto tiene que actuar a través de un representante legal”,
afirmó Petersen.
Además destacó que, más allá de que el aborto para su ahijada se pudo
concretar y tuvo el resultado esperado, “la idea es evitar esta
judicialización que se viene dando en diferentes departamentos judiciales
del país. En estas situaciones, no existe margen para que intervenga un
juez de ningún estamento”.
Según publicó la periodista Mariana Carbajal el lunes 13 en Página/12,
este no es el primer juez en afrontar un pedido de juicio político por
tratar de obstaculizar un aborto no punible. Por ejemplo, la jueza de
Menores platense Inés Siro tuvo un pedido en su contra pero la Suprema
Corte provincial, “que hasta el año pasado era la que admitía o no los
pedidos de jury, todavía no se expidió en ese caso”. Siro se opuso en 2006
a la interrupción del embarazo de otra adolescente con discapacidad mental
-de Guernica- embarazada víctima de un abuso sexual.
“Por las trabas que enfrentó la joven para acceder al aborto no punible
en el sector público, la Argentina enfrenta hoy una demanda internacional
en el Comité de Derechos Humanos de la ONU”, escribió Carbajal y agregó que
“la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ya admitió que en ese caso,
con la intervención de la justicia, se violaron diversos derechos de (la
joven) LMR”.

Reformular la pregunta
Para la dra. Petersen, quien conoció a su actual ahijada como profesora
de catequesis, esta lamentable discusión pública generada por las trabas
impuestas a la aplicación de la ley y las diversas opiniones surgidas,
cambiaron su visión sobre este tipo de abortos.
“En principio, si a mí me preguntaban dos o tres meses atrás por este
artículo 86, más allá de la cuestión técnica, no tenía una idea más amplia.
Ahora me planteo que es un privilegio para las personas discapacitadas y
por qué no trabajar para que esta posibilidad la tenga cualquier persona
que es víctima de un abuso sexual”, comentó.
Preguntó además “por qué plantear que la mujer tenga que llevar
adelante un embarazo producto de la más grande de las aberraciones, como si
fuera un botella o un envase. O sea, me cambió muchas cuestiones desde
donde mirar la misma cuestión, cómo reformular la pregunta. En vez de decir
por qué no lleva adelante el embarazo y lo da en adopción a decir por qué
llevarlo”.
La abogada pidió que, amén de las fallas del sistema, la gente que debe
recurrir a estas resoluciones, por lo menos, tenga garantizada su salud:
“El que toma esta decisión la va a seguir adelante, es un tema de recursos,
el que tenga más va a ir a un médico o a un lugar con mejores instalaciones
y, más allá de que sea clandestino, su vida va a tener menos posibilidades
de correr riesgos”, advirtió y concluyó planteando otros interrogantes:
“¿Qué hubiera pasado si acá no hay un embarazo de por medio? ¿Se hubieran
creído los dichos? ¿Se hubiera seguido investigando igual?”.