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A esperar entre rejas

De manera grata y sorprendente la impunidad en Bahía Blanca retrocedió un casillero ya que los represores acusados de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar, deberán permanecer bajo prisión preventiva hasta el inicio del juicio oral y público.
La medida fue tomada por la Corte Suprema de la Nación que revocó las inexplicables excarcelaciones que beneficiaban a los responsables del Terrorismo de Estado.

A través de la acostumbrada cobertura que EcoDias hace de las causas que investigan delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca durante la última dictadura, varias fueron las oportunidades en las que, en estas mismas páginas, se describían las lamentables trabas que sufría la búsqueda de verdad y justicia. Esto se debió a los múltiples beneficios que recibieron los represores imputados y que pueden resumirse en el más importante: su libertad.
En decenas de entrevistas, el fiscal ad hoc Abel Córdoba, a cargo de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, explicaba a las y los lectores de EcoDias los riesgos procesales que implicaba que los acusados estén libres y la cantidad de pedidos por parte de su fiscalía para que dicha situación se revirtiera. La justicia de Bahía Blanca hizo oídos sordos a todo esto apoyándose, como si se tratase de una costumbre histórica en la ciudad, en la vieja y conocida impunidad.
A fines de 2010 EcoDias volvió a conversar con el fiscal Córdoba y como el panorama era el mismo parecía que el año se cerraba de una manera amarga. No solo se lamentaba que los represores estuvieran en la calle sino también la constante demora del correspondiente juicio.
 Sin embargo, para fin de año ocurrió tal vez lo que no se esperaba y vino del lado de la justicia nacional ya que la corte Suprema de la Nación revocó las excarcelaciones que beneficiaban a los represores lo cual hizo que todos ellos tengan que esperar su juzgamiento bajo prisión preventiva.
Según Córdoba, en nuevo diálogo con EcoDias, la Corte hizo suyos los fundamentos del Ministerio Público Fiscal de la forma de valorar el riesgo procesal de los imputados por delitos de lesa humanidad “que han cometido los hechos desde estructuras de poder que todavía hoy mantienen una actividad remanente que puede llegar a afectar el proceso. Cuando la Corte Suprema toma esos argumentos empezó a hacer posible la revocación de todas esas excarcelaciones que se habían producido y dispuesto por parte de los jueces acá en Bahía Blanca”.
Previo a la revocación, el 90 por ciento de los acusados se encontraba en situación de libertad lo cual significaba algo realmente grave: “A partir de eso pedí dos revocaciones que en primera instancia fueron negadas y luego la Cámara sacó varios fallos en diciembre ya aplicando los criterios de la Corte Suprema. A partir de ello pedí la revocación de todas las excarcelaciones que se habían producido en las causas Armada y Ejército que sumaban alrededor de 50 y durante enero los jueces decidieron hacer lugar a esa solicitud por los fundamentos que había dado la Fiscalía”.
Para Córdoba, la medida viene a corregir el hecho insólito de tener procesados por 80 crímenes de los más graves que reconoce el órgano jurídico, sin estar en calidad de detenidos.

El riesgo sigue
Cuando se pedía la correspondiente prisión preventiva para los represores, la cual era negada, se argumentaba el riesgo que esto implicaba para el proceso. Y ese riesgo que se corría era, por ejemplo, la fuga de alguno de los acusados. Si bien la situación cambió, el peligro y temor a que algún imputado pueda escaparse, sigue existiendo: “Todo ese riesgo corrió durante este tiempo y eso se empieza a ver reflejado con algunos procesados que al conocer que se les había revocado la excarcelación y que ya no iban a seguir beneficiados con criterios que no tenían ningún tipo de fundamentos, se han empezado a dar a la fuga y ahora estamos viendo qué medidas se adoptan para dar con ellos porque mientras están prófugos no se los puede enjuiciar”.
Varios de los imputados ya han sido encontrados y en caso de que pase lo mismo con el resto, todos los represores procesados estarían detenidos: “Luego habría que ver la situación de cada uno para ver si corresponde prisión domiciliaria o cárcel pero quedarían todos detenidos, cumpliendo prisión preventiva ya sea en un domicilio o en un establecimiento carcelario. Hay muchos que ya han sido encontrados y esa gente ya empezó a estar con la libertad revocada. En otros casos se están haciendo tareas de investigación para hallarlos y en otros casos están prófugos”.
Por otra parte y volviendo a la revocación de la Corte, Córdoba agregó que son varios los fallos que se tomaron alrededor de la causa ESMA. Se trata de recursos que llegaron por esas vías y cuyos fundamentos son aplicables a las causas de otras jurisdicciones.
Además, los argumentos para que se lleve a los represores a la cárcel no solo hablaban del riesgo procesal sino también de la actividad remanente de las estructuras de poder que causaron los hechos: “Esa actividad se refleja en el caso de Julio López que era una de las pruebas más cabales de lo que podía ocurrir con un testigo en estas causas si no se adoptaban los recaudos necesarios y se extremaban las medidas. Y por otra parte está la eventual responsabilidad del Estado Nacional que tiene la obligación jurídica internacional de juzgar los crímenes de lesa humanidad. Para ello tiene que asegurarse que haya imputados en el proceso y si estos están en libertad sabemos que se han dado a la fuga, que no cumplen con las disposiciones de la jurisdicción, por lo cual es un modo de asegurar esa responsabilidad del Estado y también ese deber que tiene de perseguir los crímenes más graves”.

El juicio sigue demorado
La revocación de las excarcelaciones tiene cierta relación con la realización del juicio oral y público a los represores de la dictadura ya que con los procesados libres, el juicio corría riesgos de no llevarse a cabo en su totalidad debido a una posible fuga o a la afectación de alguna prueba. Pero respecto al ansiado inicio del juicio, la buena nueva de la revocación no viene a modificar las cosas: “Esto no implica ni una aceleración ni una innovación en el trámite del juicio que sigue en el mismo ritmo cansino en el que estaba. El trámite sigue excesivamente lento y con periodos de paralización que le siguen a cada actividad que están llevando a prolongar demasiado al juicio que hace varios meses que está en condiciones de ir perfilando su culminación que es en el debate oral”.

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2011-01-19 00:00:00
Etiquetas: Bahía Blanca.
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