Se acerca el ciclo lectivo 2010 que se perfila conflictivo. Según el nivel, las clases comenzarán entre el 1 y el 8 de marzo, mientras muchos docentes continúan reclamando la devolución de los descuentos por los días de paro del año pasado.

Raúl López, secretario general del Suteba (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires), fue contundente a la hora de hablar de los descuentos: “La única respuesta que dio el gobierno provincial a los pedidos de mejoras salariales que se hicieron en noviembre con medidas extremas como los paros, no fue solución en sí, sino un castigo a esos reclamos con el descuento de los días de paro. Fue una medida totalmente injusta y arbitraria, ya que el reclamo se realiza porque el salario de un docente fue congelado desde marzo del 2009 -tuvo un incremento en esa fecha de un 9 %, cuando la inflación daba esa cifra. (El docente) trabaja en condiciones deplorables, tuvo la gripe A dentro de las escuelas y siguen siendo los docentes los sostenedores de la educación pública. Realmente, que ante una medida de fuerza la respuesta del gobierno sea los descuentos, la medida es arbitraria e injusta”.
Es así que a partir de estas decisiones del gobierno provincial, el gremio ha iniciado una serie de reclamos por varias vías, desde lo político hasta lo legal.
Entre ellos se encuentra una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo y presentaciones legales de amparo en la justicia. Y a nivel provincial se ha establecido en la conducción central del Suteba, a cargo de Roberto Baradel, que el primer tema de discusión en las paritarias sea la devolución de los descuentos.
Las reducciones en el salario se concretaron en la liquidación salarial de enero, con montos que oscilan entre $ 400 y $ 700, dependiendo de los cargos de cada docente y los días de paro a los que adhirió. “Es un porcentaje altísimo teniendo en cuenta que el salario inicial de bolsillo de un docente es de $ 1.490, si a eso le descontás $ 400 estás incidiendo en el carácter alimentario del salario”.

Remolones
En la actualidad, las paritarias están en punto muerto, la primera reunión convocada para el 1 de febrero, fue cancelada por el gobierno para mediados del mes en curso, “algo totalmente ilógico porque si en una paritaria no se discuten condiciones laborales y salariales no tiene sentido”, agregó López.
El secretario general denunció la actitud del gobierno actual frente a los graves problemas que enfrenta la educación pública, problemas que no sólo son salariales y económicos, sino de la misma escuela en cuanto a infraestructura, y contenidos pedagógicos.
En relación con infraestructura en Bahía Blanca “no se ha construido ni un aula y los arreglos que se han realizado son aquellos que venían pendientes de años atrás. Tenemos graves problemas estructurales y sobre todo de falta de aulas, especialmente en algunas ramas como inicial”.
Frente a este problema, el gobierno ha tomado la decisión de municipalizar las salas maternales para convertirlas en educación formal.
“El problema es que se concretó en aquellos barrios donde no hacía falta jardines de infantes. En vez de poner todas las energías en cubrir las necesidades de los barrios que realmente no tienen jardines de infantes, como una solución precaria se ha incorporado este proyecto que estamos combatiendo y estamos tratando de hacer que la sociedad tome conciencia de que esto es el desentendimiento de la provincia, de su rol de proveedor del derecho a la educación pública. Y a su vez el desentendimiento de la Municipalidad de su tarea social, que son las que cumplen las salas maternales que invariablemente van a dejar un tiempo de atención para dedicarse a estos jardines formales”.

A poco de iniciar
Se acerca el día y los conflictos siguen irresueltos. Mientras los chicos preparan mochilas, guardapolvos, lápices y cuadernos, los docentes continúan en la incertidumbre de la aplicación de la nueva Ley Nacional de Educación Nº 26.206, que propone una estructura integrada por el nivel inicial, primario y secundario básico y superior. El nivel inicial con una obligatoriedad de dos años (sala de cuatro y cinco), el primario de seis y cada uno de los secundarios de tres.
“El primero de marzo no sabemos qué va a pasar, creemos que las negociaciones van a ser muy duras y van a tener muchas idas y vueltas. Si nosotros nos basamos en las características de las negociaciones que están proponiendo desde el gobierno van a ser muy conflictivas. El requerimiento que nosotros tenemos, dista mucho de lo que el gobierno parece ofrecer. Ni siquiera sabemos qué va a pasar con la nueva ley”.
La situación en la provincia de Buenos Aires no es aislada. Las características de la educación en el país son similares y cada provincia cuenta sus propias falencias.
“La situación en general es bastante caótica dentro de la educación pública. En las provincias del norte tenemos salarios más bajos que en el resto del país y en algunas provincias del sur como Río Negro tenemos deudas de salarios, específicamente de aguinaldos al día de hoy que no fueron cobrados. También hay provincias como San Luis que en base a una fuerte privatización de las escuelas ha reducido la estructura de la escuela pública, y si bien tenemos escuelas que son estructuralmente mejores, los salarios de los maestros siguen siendo bajos. En provincias como Santa Cruz o Neuquén, en base a las luchas han conseguido mejoras salariales pero siguen luchando en cuanto a lo pedagógico y de instrumentación de las reformas que ya en la gran mayoría de las provincias han sido rechazadas”.
Si bien hasta ahora no existe un sistema de educación unificado en nuestro país, la intención de la nueva ley es igualar las condiciones en todo el territorio. Estos subsistemas tienen que ver con los problemas que se presentan en cada una de las provincias, sobre todo estructurales, económicos y pedagógicos.
“El problema en las demás provincias es la implementación de esta ley, hasta que no se implemente en todo el país, van a seguir existiendo subsistemas. Nosotros creemos que esta ley nacional es la Ley Federal de Educación con otra terminología mucho más progre, pero que en su base sigue manteniendo el espíritu de la ley anterior, dando la posibilidad de privatizar a través de empresas y de ONGs la escuela pública a partir de las necesidades económicas y sociales que tiene la escuela”, afirmó López.