Según la información brindada por el municipio a la Defensoría Oficial Federal, las antenas de telefonía celular de Villa Amaducci no contarían con permisos, factibilidad, estudios de impacto ambiental y otros aspectos que tienen que ver con su habilitación.
Por todos estos incumplimientos, se libraron oficios al intendente, autoridades provinciales y nacionales para verificar si esas inobservancias siguen vigentes.
Si dicha verificación confirmara lo dicho, se tendría que proceder a la desinstalación definitiva de las torres.

Un nuevo capítulo en lo que refiere a las antenas de telefonía celular de Villa Amaducci. Las mismas están ubicadas a metros de una institución de ayuda al paciente leucémico y de la Sociedad de Fomento del barrio, donde funciona la unidad sanitaria. En las inmediaciones se han producido tres casos de muerte por cáncer y existe temor en los vecinos de que esas antenas sean las causantes.
Después de que el caso de las antenas llegara a la justicia, aún sin respuestas definitivas, los vecinos se acercaron a la Defensoría Oficial Federal de Bahía Blanca la cual pidió una serie de informes al municipio acerca de permisos, estudios de impacto ambiental y demás cuestiones que hacen a la habilitación de las torres que contienen las antenas.
Lo cierto es que la comuna respondió ese pedido y por las informaciones recogidas se pueden deducir varias inobservancias en cuanto a los permisos de factibilidad de las antenas.
A partir de esos antecedentes se instó una nueva resolución. Los antecedentes, según nos refiere el defensor oficial, dr. Gabriel Jarque, “muestran la ausencia de factibilidad para el emplazamiento de estas antenas que debe ser otorgada por la comuna. Hubo una factibilidad otorgada por la Secretaría de Obras Públicas que está vencida desde hace mínimamente cinco años. Por otro lado, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS) tiene que otorgar un permiso de instalación y funcionamiento que no consta en esta documentación que envió la Municipalidad que esté otorgado. Por otra parte, surge de estos antecedentes que la empresa representante de la firma Claro directamente no ha presentado la documentación que le fue solicitada y que corresponde a la resolución 144/07 pese a que consta que hubo una intimación de parte del municipio para esto”.
Por si fuera poco, tampoco se refleja que haya sido efectuado estudio alguno o evaluación de impacto ambiental, obligatorios para este tipo de emplazamientos: “En función de todo esto desde Defensoría se dictó una resolución por la cual se dispone librar de oficios al intendente, al titular del OPDS, al titular de la Comisión Nacional de Comunicaciones y al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación remitiendo copias de esta resolución, para que como instancia previa a considerar la interposición de una acción judicial, dispongan la realización de diligencias tendientes a que, verificado el incumplimiento de la normativa, se haga efectiva la desinstalación de estas antenas. Se hace la salvedad de que se puede evaluar una eventual relocalización en el lugar, las formas y las condiciones establecidas en la normativa”.

Negligencia
De aquí en adelante lo que queda es justamente la acción de las autoridades, a las que se les libró oficios, en torno a la verificación de todos estos incumplimientos. Vale aclarar que todas las irregularidades mencionadas surgen de los antecedentes brindados por la Municipalidad, lo cual no concluye linealmente de que la empresa de telefonía móvil no tenga la documentación respaldatoria en regla. Pero no es menos cierto, al menos en su momento, de que hubo un evidente incumplimiento empresarial y una falta de responsabilidad por parte de las autoridades competentes: “De la documentación resulta una gran negligencia de parte de las empresas, particularmente Claro. Directamente surge que no presentó absolutamente nada”. Es decir, en caso de que se verifique una de las antenas no tendría ningún tipo de habilitación o permiso. Sin embargo, funciona allí desde hace varios años.
En la resolución firmada por Jarque no se le resta importancia a la telefonía celular y la necesidad de que hoy se cuente con este servicio: “Se reconoce la importancia del servicio de telecomunicaciones, eso es innegable. Pero ese sistema de telecomunicaciones tiene que adecuarse a las normas y pautas establecidas por la autoridad pública, sea municipal, provincial o nacional. Si no atienden esas pautas o se las intima, o no se puede autorizar a que sigan funcionando en esas condiciones. Y en ese caso la pretensión y el interés de los vecinos sería legitimo”.
Los reclamos por las antenas de Villa Amaducci tienen una extensa vigencia. Apenas unas semanas atrás en el Barrio Latino una antena de telefonía celular sufrió la caída a raíz de un incendio, lo que generó su erradicación. Habrá que ver cómo sigue el tema en Villa Amaducci. Si los antecedentes se verifican, se constataría una situación de por sí bastante grave: “En su caso pueden proponerse alternativas que satisfagan los intereses de los vecinos que se presentaron en la Defensoría”.