Algunas modificaciones se realizaron a la resolución de la Secretaría de Política Ambiental que dicta que las antenas de telefonía celular deben estar situadas a no menos de 100 metros de lugares neurálgicos o sensibles como plazas, escuelas, hospitales, etc.
Pese a que dicha resolución estuvo suspendida durante 2006 -con el consiguiente beneficio para las empresas de telefonía celular-, cabe aclarar que ya se encuentra en plena vigencia.

Ejemplo
La suspensión de la norma finalizó en febrero pasado por lo cual se establece que las antenas, como las de Villa Amaducci, deben ser retiradas. Y las modificaciones a la norma tienen que ver, justamente, con esto último ya que se estableció un plazo de 1 año para que las empresas saquen sus antenas de los lugares en que podrían estar afectando la salud de la población. El licenciado Leoncio Montesarchio, presidente de la Asociación Ambientalistas del Sur, dijo que estos nuevos cambios constituyen soluciones parciales al conflicto: “Es una solución parcial pero podría significar un alivio a la tensión. Lo de Villa Amaducci es una situación emblemática pero hay muchísimas otras antenas que están en diferentes lugares y que deberían ser retiradas. Entendemos que ha sido modificada en alguna parte y que da un plazo de un año a los propietarios de las antenas para que respondan a la aplicación de esa resolución. En una reunión en el Concejo Deliberante como comisión asesora le hemos dicho al municipio que proceda a hacer cumplir la resolución, porque estamos dentro del plazo del año en que deben ser retiradas”.
Con esta acción, según Montesarchio, se busca evitar que las empresas argumenten no tener tiempo material para proceder al retiro de las torres.

Plazos amplios
 “No sé con que criterio han puesto el plazo de un año, lo ideal hubiera sido un plazo mucho más perentorio. Las empresas ya saben que tienen que retirarse, hace tiempo que lo saben, desde que salió la resolución. Lo que pasa es que no se si habrán hecho lobby para que esto se vaya estirando pero los plazos se terminaron y en este momento tienen que empezar con el retiro”.
Por otra parte Montesarchio señaló que si bien debe haber voluntad por parte de algún ente provincial como la Secretaría de Política Ambiental, el municipio no debería excluirse a la hora de exigir la aplicación de la norma.

La solución de fondo
Si bien Montesarchio resaltó la importancia de estos cambios en la resolución también aclaró que en realidad la solución fundamental pasa por otro lado y que tiene que ver con bajar los estándares de emisión de las antenas que en nuestro país son altísimos: “Lo básico de la resolución se mantiene en pie, nosotros bregamos por el retiro de las antenas a no menos de 100 metros de estos lugares pero lo que pedimos es que se mida la potencia de emisión”. A lo dicho, el licenciado agregó que otro problema a solucionar tiene que ver con la cantidad de antenas que existen en la ciudad y cercanas a lugares sensibles: “La solución integral pasa por ahí y también por desconcentrar la cantidad de antenas que hay en algunos sectores de la ciudad, por ejemplo en el microcentro”.