Con 35 votos a favor, 33 en contra y una abstención, el Senado convirtió en ley la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Luego de una maratónica sesión la Cámara alta aprobó en la madrugada del 30 de septiembre la Ley de Glaciares, que impone más límites a la actividad minera en el país. Es el texto consensuado en la Cámara de Diputados al cual eliminaron el artículo 17.

La cámara alta aprobó el último día del mes pasado una ley que busca proteger definitivamente a los glaciares, a la vez que aplica restricciones a la explotación minera en el país.
En el debate se contraponían dos proyectos. Por un lado, se mocionaba el elaborado en el ámbito del Senado; por el otro, el que fue finalmente aprobado luego de más de 8 horas de debate con 35 votos a favor, 33 en contra y 1 abstención, que contaba con media sanción de la cámara baja. Esta propuesta se conocía con el nombre de sus impulsores, el senador Filmus y el diputado Bonasso.
La ley aprobada establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos. Asimismo, considera a los glaciares como bienes de carácter público y crea el Inventario Nacional de Glaciares que recogerá la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.
En el centro del debate se impuso la consideración de la protección de las reservas de agua dulce, con severos cuestionamientos a la actividad minera que se desarrolla sobre la Cordillera de los Andes.

Intereses económicos vs. intereses ambientales
En el debate se perfilaron dos grupos enfrentados que superaron sus pertenencias partidarias, por cuanto los bloques mayoritarios otorgaron libertad de acción. De un lado, se ubicó la mayoría de los senadores de provincias mineras, que se pronunciaron por insistir con la sanción original de la Cámara alta -de septiembre del año pasado-, considerada por los ambientalistas como la más benigna para la explotación minera.
El otro grupo defendía la sanción de Diputados, más restrictiva para la actividad minera en la alta montaña y a cielo abierto, que pueda afectar a los glaciares y su zona de influencia. El de la judicialización fue el argumento principal contra la norma más restrictiva, junto a la falta de injerencia de las provincias en el control de los glaciares.
Luego de la intervención de 38 senadores, que hicieron uso de la palabra, la votación dio lugar a fuertes divisiones internas tanto en el bloque oficialista como en el arco opositor.
El oficialista Daniel Filmus fue el abanderado del proyecto más duro a favor del medio ambiente y la preservación de los glaciares. Luego de que en 2008 la presidenta Cristina Fernández vetara una ley de características similares a la que se discutía ahora, Filmus impulsó desde la Cámara alta el envío de un nuevo proyecto a la Cámara de Diputados. A comienzos de este año, comenzaron a cruzarse presiones de empresarios mineros y grupos ecologistas. Y luego de un largo debate se impuso la postura de una norma con más controles a la actividad minera, impulsada de manera conjunta por el diputado Miguel Bonasso y el senador porteño.
El ex ministro de Edudación debió defender la ingeniería legislativa aplicada al dictamen de minoría, que empujaba el proyecto Bonasso quitándole un artículo, que impedía invertir en zonas glaciales antes de una auditaría técnica. Cuando el neuquino Horacio Lores (MPN) sostuvo que modificar una media sanción es inconstitucional, Filmus le respondió que ambas cámaras lo avalaron en 1995.
Una de las diferencias que generaban polémica es que mientras el proyecto del Senado señalaba que las zonas a proteger son los glaciares “descubiertos y cubiertos y, dentro del ambiente periglacial, los glaciares de escombros”, el de Diputados definía de manera más amplia como zona periglacial al “área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico”.
Otro punto de discordia se refirió a que la iniciativa del Senado quería otorgarle la facultad de diseñar el inventario de glaciares al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) en coordinación con instituciones nacionales y provinciales competentes. La letra de la ley sancionada no menciona a las provincias.

Voces
Sumamente satisfecho por la labor legislativa que demandó numerosas reuniones preparatorias, Daniel Filmus remarcó que “el agua es un derecho humano” y advirtió que “hubo países, que miran a los recursos naturales de la Argentina, que se abstuvieron de adherir a la declaración internacional del agua como derecho humano”, aunque sean “las Naciones Unidas (las que) definieron el derecho a tener agua como un derecho humano”. Asimismo, sostuvo que “tener agua es más importante que tener oro”.
En tanto, el sanjuanino César Gioja, principal defensor del proyecto original y también oficialista, criticó la iniciativa finalmente aprobada porque, según dijo, “elimina la consideración de las provincias y consulta solamente a las autoridades nacionales”.
Además, agregó: “Si decimos hielos permanentes, definimos una geografía determinada; si decimos suelos congelados, puede someterse a varias interpretaciones. Prefiero la definición clara y precisa del proyecto del Senado”.
A su vez, el jefe del bloque oficialista Miguel Pichetto votó en favor de la media sanción de Diputados e invocó la palabra presidencial: “Como la presidenta sostuvo que cualquiera sea la ley que se vote será promulgada, yo entiendo que el proyecto que mejor expresa la limitación a la actividad minera es el que viene de Diputados”.
Varios senadores cambiaron de postura sin anunciar esa posición, como el caso del santiagueño Emilio Rached, cuyo voto se preveía para el proyecto del Senado, y la entrerriana Blanca Osuna, de quien se esperaba que votara en favor de la iniciativa de Diputados.
El titular del bloque del radical, Gerardo Morales, afirmó que la Cámara de Diputados “mejoró” el proyecto del Senado y advirtió que “la primera responsabilidad de proteger el medio ambiente corresponde a las empresas mineras, y eso no ocurre”.
Por su parte, la senadora Marina Riofrío, quien votó a favor de la letra original, aseguró que “en todo se aceptó la protección de los glaciares, lo único que se pidió es precisión en la terminología que defina la zona a proteger”.
El senador salteño Juan Pérez Alsina, quien anticipó su voto a favor del proyecto del Senado, afirmó que la versión de Diputados es “un verdadero avance sobre el federalismo argentino en protección del medio ambiente” y consideró que “la ecología sin desarrollo es suicidio comunitario”.

El artículo eliminado
Art. 17: “En las áreas potencialmente protegidas por la presente ley, no se autorizará la realización de nuevas actividades hasta tanto no esté finalizado el inventario y definidos los sistemas a proteger. Ante la solicitud de nuevos emprendimientos, el Ianigla priorizará la realización del inventario en el área en cuestión”.
Comentario de la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina: “Este artículo de la media sanción de Diputados es, simplemente, la aplicación del Principio Precautorio que establece el artículo 4º de la Ley General del Ambiente (Nº 25.675). Este principio, en caso de ausencia de información (como ocurre en las áreas donde el inventario no ha sido realizado aún), obliga a actuar preventivamente cuando haya peligro de daño grave o irreversible. Así, resulta claro que en los lugares donde no esté finiquitado el inventario de Glaciares y ambiente Periglacial no pueden autorizarse nuevas actividades”.

Fuentes: diarios Clarín, Perfil y Tiempo Argentino.