EL CSU
deberá tratar en las próximas sesiones uno de los temas que dejó pendientes en
diciembre pasado: la aceptación o el rechazo de los fondos provenientes del
YMAD, que explota yacimientos minerales en el norte argentino y está acusada de
delitos ambientales y económicos.
De visita en nuestra ciudad el fiscal que lleva adelante causas por dicha
tipología en el norte argentino historió el conflicto y puso blanco sobre negro
en el debate universitario.

Fueron dos
extensas conferencias, desarrolladas a la mañana y la tarde del viernes 20 de
mayo último. El fiscal Antonio Gustavo Gómez, quien comenzó su carrera en el
sur del país pero la continuó en el extremo norte argentino, detalló la
historia y estado de la cuestión de las causas que sigue contra la empresa
minera que explota el suelo norteño mediante su participación en los
Yacimientos Minerales de Agua de Dionisio (YMAD).
Lamentablemente, ninguna de las dos charlas registraron asistencia masiva de
autoridades. A pesar de tratarse de un fiscal de la Nación, no hubo recepción
oficial para Gómez, que fue presentado por la Asociación de Docentes de la
Universidad Nacional del Sur (ADUNS).
Lo contrario hubiera sido muy oportuno, ya que el Consejo Superior Universitario
(CSU) de la Universidad Nacional del Sur (UNS) deberá tratar en algunas de las
próximas sesiones el expediente en torno a la aceptación o el rechazo de los
fondos que el YMAD distribuye entre las universidades nacionales.
Durante el plenario del 15 de diciembre último, el CSU dejó en suspenso dos
temas candentes para 2011: la reválida de Gloria Girotti -que ya resolvió
favorablemente, a pesar de su imputación por delitos de lesa humanidad- y el
debate sobre el dinero mineral.

Un poco de historia
Creada en 1958, la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD)
era en principio una sociedad tripartita entre la provincia de Catamarca, la
Universidad Nacional de Tucumán y el Estado nacional.
En 1994, YMAD pasó a conformar una Unión Transitoria de Empresas con la
transnacional Minera Alumbrera Ltd., de capitales canadienses y suizos y
constituida bajo la legislación de un “paraíso fiscal” como Antigua y Barbuda.
Desde ese momento, percibe apenas el 20 por ciento de las utilidades de la explotación
del emprendimiento minero de Bajo La Alumbrera, en Catamarca. De ese
porcentaje, el YMAD debe distribuir tres quintos a la provincia de Catamarca,
un quinto a la Universidad Nacional de Tucumán e idéntica proporción a las
restantes universidades nacionales, que no están obligadas a aceptarlo aunque
sí tienen derecho a reclamarlo.
Por otra parte, el vicepresidente de Minera Alumbrera Ltd., Julian Patricio
Rooney se encuentra procesado desde el 24 de mayo de 2008 por la Cámara Federal
de Apelaciones de Tucumán como “presunto autor penalmente responsable del
delito de contaminación peligrosa para la salud, previsto y penado en el
artículo 55 de la Ley 24.051”, según el informe que la magíster María Graciela
Cortázar remitió al CSU en noviembre de este año.
Toda la información reseñada en estos párrafos fue incluida entre los
considerandos mencionados por el dictamen que el CSU rehusó tratar en diciembre
pasado, argumentando que no había sido convalidado por alguna comisión del
cuerpo.

Tránsito pesado
Durante su conferencia, Gómez empezó refiriéndose a su participación como
actor de reparto en una de las películas que el cineasta Fernando “Pino”
Solanas elaboró sobre la problemática, en Cafayate. Allí se detuvo a “cuatro
camiones enormes de Minera La Alumbrera. La gente de Cafayate y los pueblos
originarios pararon estos camiones en la ruta”. Del proceso participaron unas
cuatrocientas personas.
“Fue muy interesante, porque finalmente Minera La Alumbrera presentó una
querella contra la comunidad quilmes por haberle parado sesenta días los
camiones, a los que obligó a volver por donde habían venido. Fue un éxito sobre
una querella de estas características”, narró.
Pero el dato más interesante surgió cuando, a raíz de la acción judicial, se
logró establecer el domicilio de la empresa: el paraíso fiscal de la isla Saint
Martin. “¿No es curioso que una empresa, a la cual pertenece la Universidad
Nacional de Tucumán, tenga ese domicilio?”, se preguntó Gómez.
“Y lo más curioso es que los contratos firmados entre ella y el YMAD fueron
firmados oficialmente con luces de colores y platillos en Catamarca. Pero la
modificación, en Nueva York y en una cláusula secreta”, reveló.
“¿Cómo puede una universidad permitirse esto? ¿Y cómo el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) acepta ese tipo de participación en estas
cuestiones? Entonces, el eje que tenemos que empezar a debatir en la
universidad es hasta dónde vamos a aceptar que la corrupción cale hondo y hasta
dónde vamos a aceptar taparnos las narices para poder recibir con la mano el
dinero que se supone que va a beneficiarnos”, reflexionó.

Agua que no has de beber
“Yo aliento a los profesores de estas casas de estudios, que no estén
vinculados a la contaminación ambiental como lo está la Universidad Nacional de
Tucumán, a rechazar estos fondos. Son fondos que se ganan u obtienen en base a
la salud de la gente del norte”, instó.
“Minera La Lumbrera consume cinco millones de litros de agua por hora. Cuánta
falta le harían esos cinco millones a la gente de Bahía Blanca, en el
verano…”, ironizó. “La misma necesidad que ustedes, la tiene la gente del
norte. Sin embargo, no hay una gota de agua para ellos”, agregó.
En otro orden, Gómez detalló las causas abiertas y los delitos probados a la
empresa Minera La Alumbrera, vinculadas a delitos ambientales, explotación de
riquezas sin habilitación y evasión impositiva.