Durante su último plenario de
2011, el CSU otorgó aval institucional a un informe elaborado por una comisión
ad hoc en torno al proyecto de YPF para la ría bahiense. Entre otros puntos,
recomienda estudiar otras opciones para la ejecución de la obra, efectuar un
análisis integral y difundir la información que de él resulte.

El megaproyecto de la empresa YPF, que propone efectuar un dragado entre los
puertos Galván y Cuatreros para instalar en cercanías a la localidad de General
Daniel Cerri una planta regasificadora fue uno de los temas que atravesó el
2011.
A nivel institucional, la Universidad Nacional del Sur (UNS) no permaneció
ajena a la polémica desatada por la iniciativa. Un bimestre atrás, un grupo de
científicos pertenecientes al Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia
de esa casa de estudios confeccionaron un primero informe. Entre otras
conclusiones, entendían que “que el sitio propuesto para la ampliación del
sector portuario, sumado a la extensión del dragado requerida para dicho
emplazamiento, resulta absolutamente inapropiado y completamente desaconsejable
desde el punto de vista ambiental”.
Algunos días más tarde, mediante su resolución 705/11, el Consejo Superior
Universitario (CSU) adhirió al pronunciamiento académico “desde lo disciplinar”
y determinó la creación de una comisión ad hoc “a fin de realizar un estudio
integral del proyecto”.
El grupo se conformó a partir de la participación de veintiséis referentes
universitarios en distintas áreas. Geólogos, biólogos, geógrafos, economistas y
abogados fueron algunos de los especialistas que suscribieron el documento. Las
firmas corresponden a Guillermo Bonorino, Gustavo Burachik, Juan Ángel Cappa,
Roberto Bustos Cara, Elizabeth Carbone, Jorge Carrica, Gabriela Cristiano,
María Amelia Cubitto, Ana Eliceche, Alejandra Geraldi, Ana Lía Guerrero, Corina
Iuale, María Belén Kraser, Claudio Lexow, Silvia London, Pablo Martín, Walter
Melo, Ana Julia Nebbia, Fernando Romero, Horacio Romano, Paola Rosake, Stella
Tonelli, Valentina Viego, Sergio Zalba, Rodrigo Zeballos Bilbao y Mariana
Zilio.

El informe
El “informe preliminar” que la comisión ad hoc remitió al CSU detalla su
“preocupación” en torno a una serie de puntos que enumera, no sin antes aclarar
que la opinión se expresa “sin perjuicio de los beneficios económicos que el
proyecto pudiera generar para la ciudad y la región, y aún cuando desde algunos
aspectos geológicos el mismo sería viable”.
Los aspectos en los que los académicos expresaron su preocupación se detallan a
continuación:
“- El sitio escogido para el emplazamiento de la planta regasificadora y la
expansión portuaria prevista en la zona interior del estuario de Bahía Blanca
ha sido señalada por distintas disciplinas como particularmente inapropiada en
función de su valor para el funcionamiento del ecosistema completo, su
singularidad y vulnerabilidad.
– La ausencia de un análisis de localizaciones alternativas del proyecto, que
permitan la operación de la planta regasificadora y la reinyección del gas al
ducto troncal con un menor impacto ambiental, incluyendo la posibilidad de
aprovechar profundidades naturales, evitando las tareas de dragado.
– La carencia de un análisis integral de los impactos que generaría la
propuesta de expansión de la zona portuaria e industrial en la zona interior
del estuario, más allá de las tareas de apertura del canal de acceso,
movimiento de buques metaneros y de regasificación y gasoducto de reinyección.
– La incertidumbre acerca de las tareas de mantenimiento de las profundidades
logradas a partir del dragado inicial, tanto en el destino del nuevo refulado y
los impactos que éste podría generar, como en el modo en que serían financiadas
dichas actividades.
– La ocupación del frente marítimo costero, que limitaría de manera
significativa el acceso de la comunidad al mismo; la afectación de la actividad
pesquera artesanal y comercial por tiempo indeterminado; la pérdida de
servicios ecosistémicos del estuario y la factibilidad de proyectos de desarrollo
local alternativos.
– El proyecto de regasificación no explicita los riesgos de posibles accidentes
en la actividad marítima y el gasoducto, ni sus consecuencias sobre la
población y otras instalaciones colindantes. Si bien se reconoce el nivel de seguridad
de estas operaciones, el análisis debería incluir la operación ship-to-ship en
el muelle de amarre y los efectos de posibles incidentes sobre la navegación en
el canal.
– En torno a los sujetos de gestión, y desde el ámbito del derecho, siendo que Repsol
YPF es una sociedad extranjera que realiza actividad habitual en el país, que
se ha formado una unión transitoria de empresas entre la mencionada y Enarsa,
se requiere conocer el carácter de la unión, el reconocimiento de derechos para
los sujetos de gestión, si puede dar lugar a relaciones jurídicas en las que se
pacte la jurisdicción de tribunales extranjeros, sean tribunales estatales o
arbitrales”.

Las recomendaciones
En virtud de los argumentos reseñados, el informe elaborado por la comisión
ad hoc plantea tres recomendaciones básicas.
La primera de ellas se vincula a la posibilidad de estudiar alternativas para
la localización del emprendimiento. La segunda, aconseja “realizar un análisis
integral del proyecto, considerando dragado, puerto, planta regasificadora y
posibles instalaciones industriales en el futuro, ya que un análisis parcial
tiende a subestimar los impactos globales generados por los efectos aditivos o
sinérgicos”. Finalmente, la tercera de las recomendaciones solicita que “se provea
de información detallada a fin de poder realizar el adecuado encuadre jurídico
de la problemática”.

La Resolución
Una vez remitido el informe al CSU que lo había solicitado, el expediente
ingresó sobre tablas a la última sesión que el cuerpo desarrolló en 2011. El
plenario se realizó en la tarde del 21 de diciembre pasado, y los consejeros
decidieron darle curso.
Proveniente de las Comisiones de Enseñanza e Interpretación y Reglamento, el
proyecto de resolución que proponía avalar las conclusiones de la comisión ad
hoc descansaba en dos argumentos nodales, vinculados al papel que debe cumplir
la universidad pública en la sociedad en que se inserta. De este modo, dos de
los considerandos referían que “es necesario que la UNS aporte su opinión sobre
un proyecto trascendental para su zona de influencia” y “que la Universidad
debe asumir un rol activo en los procesos de toma de decisiones que pudieran
afectar a su entorno”.