La industria minera frente al medio ambiente, a los derechos humanos y a los derechos indígenas: un balance sombrío y una responsabilidad que asumir.

“Durante los primeros días de este mes de marzo se realiza en Toronto, Canadá, el evento ‘International Convention, Trade Show & Investors Exchange – Mining Investment Show’ (financiado por la Barrick Gold Corporation), destinado a reunir representantes de la industria minera en el mundo. Es esta coyuntura la que nos lleva una vez más a expresar nuestra profunda inquietud y a denunciar la situación crítica que se asocia a la aceleración continua de la explotación de las riquezas naturales, entre ellas, las riquezas mineras.
Estamos sometidos actualmente a un crecimiento económico sin fin que tiene como finalidad la acumulación de riquezas y de poder, en detrimento de consideraciones humanas, sociales y ambientales. Esa tendencia es devastadora para el medio ambiente y las comunidades. La perturbación y el desequilibrio de los ecosistemas, la contaminación del suelo, del aire, del agua y por lo tanto, de la cadena alimenticia, se encuentran entre los impactos, a menudo irreversibles, originados por estos desarrollos industriales (gasíferos, petroleros y mineros). El reciente informe del GIEC sobre los cambios climáticos es en ese sentido elocuente. A estos impactos se asocian los que afectan profundamente a las comunidades, a menudo indígenas, de las regiones en las cuales estas explotaciones tienen lugar.
El despliegue de las transnacionales extractivas aparece como un nuevo tipo de colonización, que se impone a través del poder del dinero y que extirpa las riquezas, en una vasta operación de saqueo. La instalación de estas empresas se lleva a menudo a cabo por medio de campañas millonarias de presión en las localidades codiciadas, que combinan la seducción a través de la promesa de beneficios, la compra de apoyos, la amenaza, la utilización del miedo, las agresiones, la represión, etc., lo que constituye una violación inaceptable de los derechos humanos fundamentales. El aumento de la violencia, de la intervención de las fuerzas represivas e incluso de la militarización se manifiesta demasiado a menudo paralelamente con la presión de las empresas para lograr sus planes de explotación.

Casos son lo que sobra
Los testimonios de situaciones de este tipo provienen de diversos rincones del mundo. Por ejemplo, citando algunos de los numerosos casos, la extracción de níquel por la empresa canadiense Inco en Sorowako, Indonesia, ha perturbado completamente la vida de la comunidad indígena Karonsi’e Dongi que fue desplazada por la fuerza con la complicidad de las autoridades y de la policía. Su territorio fue destruido y en parte transformado en terreno de golf para los trabajadores de la empresa minera. Además, Inco construyó edificios sobre un cementerio de esa comunidad indígena.
Igualmente, aprovechando conflictos sociales locales, esta empresa se apropió de tierras de diversas comunidades en Sulawesi central. En 1999, la ‘Comisión de la verdad’ de la ONU identificó la complicidad de Inco con violaciones de los derechos humanos y con asesinatos en Guatemala. En San Marcos, una de las regiones más pobres de ese país, la empresa Glamis Gold Ltd. (hoy en día, Goldcorp Inc.) impone un clima de hostilidad y de amenaza y continúa los trabajos de operación de la mina a pesar del rechazo casi unánime de la población frente al proyecto minero Marlin de esa compañía (consulta popular de Sipacapa).

Pascua Lama
El caso del proyecto Pascua Lama de la transnacional canadiense Barrick Gold Corporation, en la frontera chileno-argentina, ilustra igualmente los deslices de los desarrollos mineros. Se trata de un proyecto que pone en peligro el ecosistema de toda la cuenca del valle del Huasco, en el corazón de la Cordillera de los Andes, afectando directamente las fuentes esenciales de agua de una región semidesértica: los glaciares.
La calidad del agua será profundamente afectada por la utilización de productos tóxicos como el cianuro (una utilización ya denunciada en la Declaración de Berlín del 2000) y ciertos metales pesados, al igual que la disponibilidad de agua -ya precaria-, pues es enorme la cantidad requerida por la mina (360 litros por segundo).
Por otra parte, los derechos territoriales y ancestrales de la comunidad indígena Diaguita son violados. Entre otros atropellos, la Barrick pretende instalar una mina en tierras en litigio. Este proyecto minero perturba completamente la vida de una región con vocación agrícola, violando los derechos a la autodeterminación de la población, es decir, el derecho de elegir su propio modo de desarrollo.

Mineras contaminantes
Las empresas extractivas sacan enormes provechos, entre otras cosas, gracias al costo bajísimo de las royalty y de las condiciones socioeconómicas y políticas, a menudo difíciles, de los países en donde se instalan. Sus huellas y secuelas no son de desarrollo comunitario, prosperidad colectiva, seguridad, bienestar y calidad del medio de vida, como lo sostienen a menudo sus discursos, sino que son de devastación ambiental, social, económica y cultural.
En el estado actual de la situación (ideología dominante neoliberal) se da privilegio a las inversiones extranjeras. Canadá es confrontado en ese sentido a asumir una enorme responsabilidad: 60% de la industria minera en el mundo es canadiense. Las medidas voluntarias de respeto del medio ambiente adoptadas actualmente por las empresas y a las cuales el gobierno canadiense llamó como medio de regulación, son netamente insuficientes. Se impone la adopción de una regulación firme y un sistema de control riguroso. La campaña mediática que presenta a las transnacionales mineras como ‘mineras responsables’, e incluso, en el caso de la Barrick, como ‘minera comunitaria’ está muy lejos de la dolorosa realidad de violación de derechos humanos (ambientales, sociales, indígenas) que acompaña a la imposición de estos desarrollos mineros en el mundo.
Frente a esta situación, exigimos:
– que se adopten medidas urgentes, claras y eficaces para asegurar el respeto del medio ambiente y de las comunidades;
– que la Declaración Universal de los Derechos Humanos sea rigurosamente respetada como condición sine qua non integrada en los proyectos de desarrollo extractivo, entre los cuales se encuentran los proyectos mineros.

Firman esta declaración por Argentina:
APresTur – Chilecito, La Rioja; Asociación de Mujeres Riojanas; Autoconvocados en Defensa de la VIDA; Coordinadora de Asambleas Ciudadanas por la Vida – Chilecito, La Rioja; Inka Ñan Turismo EVT – Chilecito, La Rioja; Operarios ex Gatilar, Chamical; Proyecto Nexos de articulación entre Universidad y Movimientos Sociales – Universidad Nacional Quilmes; Raúl A. Montenegro, Profesor, Premio Nóbel Alternativo; Red y Revista Theomai, Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo; Vecinos Autoconvocados de Capital; Vecinos Autoconvocados de Chamical; Vecinos Autoconvocados de Chañarmuyo; Vecinos Autoconvocados de Famatina; Vecinos Autoconvocados de Patquial; Vecinos Autoconvocados de Pituil; Vecinos de Malanzán; Vecinos de Punta de los Llanos; Grupo Apu Huaira – Chilecito, La Rioja y Fundación para la defensa del ambiente, entre otros.

Fuente: www.ecoportal.net