El Ejecutivo provincial impulsa la creación de un
Código de Faltas en materia ambiental que contempla multas y hasta arresto de
infractores.

El gobierno bonaerense impulsará la creación de un Código de Faltas Ambiental
que será la base para la sanción de las infracciones que se comentan en
perjuicio del medio ambiente. Y en ese nuevo marco normativo, se crearán ocho
juzgados que serán los encargados de disponer sentencias que incluyen
apercibimientos, multas y hasta la posibilidad de aplicar el arresto
domiciliario para los responsables de generar casos graves de contaminación.
Otra característica del proyecto impulsado por el Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible (OPDS)es que establece competencias en el sentido de qué
tipo de contravenciones serán juzgadas en los municipios y cuáles en los nuevos
organismos que se prevén crear en la iniciativa. Cuando un inspector del OPDS
constate una falta que es municipal, se la trasladará directamente al juez de
faltas de esa comuna.
Por ejemplo, las faltas cometidas por empresas de alta complejidad seguirán
siendo labradas por el OPDS y juzgadas por los nuevos tribunales, en tanto el
control de silos, matafuegos, fed lots, cementerios y crematorios o la ley de
bolsas, por ejemplo, serán competencia municipal y las sanciones serán
aplicadas por los jueces de Faltas locales. En tanto, las apelaciones a estas
sentencias serán dirimidas en la justicia correccional ordinaria.
“Buenos Aires va a ser la primera provincia del país en tener un Código de
Faltas Ambiental”, declaró a los medios el coordinador ejecutivo de Control y
Fiscalización Ambiental bonaerense, Carlos Olivera. “Nuestro objetivo es que
exista un solo procedimiento para los temas ambientales, que sea aplicable
tanto por la Provincia como por los municipios, porque ahora existen por lo
menos cinco procedimientos con distintas prescripciones, según marcan las
distintas leyes”, añadió.
“Hoy hay una dirección de Fiscalización que fiscaliza, labra la infracción,
sigue el expediente y hace la infracción si corresponde. Lo que vamos a hacer
es dividir esta tarea. Esta dirección ahora va a fiscalizar y hasta clausurar,
pero el resto del trámite seguirá en los juzgados administrativos” que
funcionarán en la órbita del OPDS o en los municipios, añadió el funcionario.
Con esta división de funciones, se busca además descomprimir el cuello de
botella generado en Fiscalización. “No va a tener la carga de seguir con el
procedimiento hasta la multa. Hemos quintuplicado las inspecciones, lo que
implica una gran carga de expedientes, que hace que muchas veces no se sigan
como corresponde y además en muchos casos terminen prescribiendo las penas”,
sostuvo Olivera.
“Con la división de competencias se persigue además que el OPDS, en un futuro,
se pueda ir dedicando a lo más complejo, y que las industrias de primera
categoría, que son las que menos perjuicios generan para el ambiente estén
controladas por el municipio”, dijo Olivera.
Otra de las novedades del proyecto de Código de Faltas es la creación de un
Registro Único de Infractores ambientales. “De esta manera, y al trabajar en
conjunto con los municipios, vamos a tener los antecedentes de la empresa y ver
si son reincidentes”, dijo Olivera.
En lo que respecta a las sanciones, se establecen máximos que van hasta los
1.000 sueldos de la administración pública, unos 2 millones de pesos. Pero
también se incluyen otras penas como apercibimientos, clausuras o
inhabilitaciones y, como se dijo, el arresto domiciliario en casos graves de
contaminación. También, los jueces podrían disponer para algunos infractores
tareas comunitarias.

Fuente: Diario El Día