El abogado especialista en Derecho Ambiental, dr. Mario Cappareli, de visita por la ciudad, brindó una conferencia sobre los aspectos jurídicos de la contaminación electromagnética que podrían producir las antenas de telefonía celular.

“No somos anti antenas, no estamos en contra de la telefonía celular, estamos en contra de que las instalen donde quieran: hay reglamentaciones que se deben cumplir”. Eso fue lo primero dejó en claro Mario Capparelli, quien preside la Asociación Civil en Defensa de la Calidad de Vida, de la ciudad de Buenos Aires, y fue invitado por la Red de Abogados Poder Ciudadano para dar a conocer a la comunidad más información sobre cuestiones legales referentes a las antenas.
La disertación se llevó a cabo en el Colegio de Abogados y contó con la participación del ingeniero Néstor Mata, quien se refirió al funcionamiento y los problemas que pueden causar las antenas de telefonía. Así, los disertantes brindaron a los presentes más elementos para luchar contra la erradicación de estas torres que tienen un alto impacto contaminante y son posibles causantes de enfermedades cancerígenas.

La generación que no nació
Si bien se sabe de casos de cáncer que podrían ser producto de la emisión de estas antenas, el dr. Capparelli también se refirió a aquellos que pueden ser afectados en el futuro y para los cuales se trabaja actualmente: “Estamos representando a gente que aún no ha nacido porque los efectos de todo esto se van a ver con el transcurso del tiempo. A lo mejor no hay daños actuales inminentes pero sí los va a haber a futuro y eso es lo que hay que preservar”.
A la palabra preservar se le puede sumar prevenir. Es que el abogado, ya en términos jurídicos, explicó que con el nacimiento del Derecho Ambiental se empieza a hablar del derecho preventivo lo cual da ciertas facultades: “No hay estudios que digan que las antenas son absolutamente inocuas, no hay certeza absoluta de que hagan daño ni tampoco de que no lo hagan. Ante este panorama debemos prevenir. Es decir, vamos a tratar de que si hay contaminación que no continúe, y después ver que es lo que ha ocurrido con anterioridad y como se puede remediar”.
Otro de los temas que preocupa a Capparelli es la actitud de las empresas de instalar sus antenas en cualquier lado. La masiva venta de teléfonos celulares se ha transformado en un gran negocio que hace que para brindar sus servicios las empresas instalen antenas sin tener en cuenta las leyes: “Hay una falta de cumplimiento por parte de las empresa y simultáneamente una falta de contralor por parte de la autoridad. Tanto la autoridad municipal como la provincial y nacional son responsables y van a ser responsables por los daños que puedan sufrir las personas individualmente por este tipo de emisiones”.

Mientras que en la provincia de Buenos Aires la ley no establece categóricamente que las antenas tengan que estar a más de 100 metros de espacios educativos, sanitarios, culturales, en otros países la ley es más dura. Según Capparelli, “en Nueva Zelanda resolvieron que las antenas tienen que estar instaladas por lo menos a 500 metros de cualquier parte poblada mientras que la Comunidad Europea establece una distancia de 200 metros y nuestra reglamentación dice 100 metros. Esa generosidad de nuestro país atenta contra la salud y lo que ha ocurrido es que las antenas están ubicadas a menos de 100 metros”.

Más allá de la contaminación
Luego de la conferencia Capparelli continuó el tema con EcoDias y explicó que su venida a la ciudad también tiene que ver con brindar asesoramiento en demandas por esta problemática, como el caso de la Escuela 63 y el de Villa Amaducci.
Al respecto, el abogado señaló que se van a promover amparos ambientales para que cese la contaminación. A pesar de esto, el abogado insistió con la idea de determinar primero si cada antena está ubicada legalmente: “Más allá de la contaminación está el tema acerca de qué manera están estructuradas estás antenas y el sitio en donde se encuentran. Si están autorizadas, si la autorización fue precedida del estudio de impacto ambiental como dice la ley 11.723 de la provincia de Buenos Aires, hay también una ley general del ambiente que está en consonancia con eso, ver si se dio un cumplimiento a esas disposiciones…”. Según el profesional, la experiencia indica que no se cumplen reglamentaciones y de allí el análisis inicial y necesario de suspender el funcionamiento de las antenas instaladas de manera ilegal.

Para tener en cuenta
El dr. Capparelli contó que a través de la ONG ambientalista que preside se ha logrado la cesación de cuatro antenas de telefonía celular instaladas en las localidades de Pilar, San Isidro, Garín y Escobar: “Son procesos largos, lamentablemente no son tan cortos. En algunos casos hemos tenido acciones preventivas en el día y otras veces ha demorado uno o dos meses”.
Una información importante para aquellos vecinos que tengan una antena cercana a su domicilio tiene que ver con que las ONGs son las que asumen la responsabilidad en los juicios que se llevan a cabo: “Se pide que los vecinos firmen un petitorio en calidad de testigos que pretenden que cese la contaminación, no es que firman una demanda. Con eso nosotros acompañamos a la demanda diciendo que estos son los testigos del hecho pero las responsabilidades la asume la ONG”.

Menos que un suspiro
Por último, el abogado ambientalista habló sobre las modificaciones que la Secretaría de Política Ambiental provincial hizo sobre la ya famosa resolución que exigía un mínimo de distancia de las antenas para con lugares sensibles: “La nueva resolución va a durar menos que un suspiro porque vamos a tomar acciones judiciales. Esa reglamentación viola no sólo cláusulas constitucionales sino también el Tratado de San José de Costa Rica y el de Derechos Sociales, Económicos y Políticos que establecen un principio de progresividad”.
Para ser más claros, el abogado finalizó explicando que “cuando se reconoce un derecho no se lo puede desmerecer, gradualmente se lo puede ir mejorando. Si nosotros teníamos ese derecho a que las antenas no podían estar ubicadas sino bajo ciertas condiciones, no se puede empeorar esas condiciones en perjuicio nada más ni nada menos que del simple habitante. Y acá los más perjudicados son los chicos y la gente de más edad porque son los que menos resistencia tienen frente a la agresión externa de cualquier naturaleza”.