Puerto General San Martín es una ciudad santafesina que es parte del Cordón Industrial del Gran Rosario. Pegada a la vecina localidad de San Lorenzo, en esta ciudad los aires y las rutas huelen a saqueo y contaminación.
Desde esta zona industrial se exporta el 90 por ciento de los metales que extraen, a fuerza de volar montañas, megaemprendimientos mineros como Minera Alumbrera, de Catamarca.
Completan el paisaje grandes empresas cerealeras como Cargill, Terminal 6, Nidera, Dow, Bunge, Vicentín, Molinos Río de La Plata, que ocupan las costas del Río Paraná con sus puertos privados, desde donde operan, acopian y exportan millones de toneladas de granos -mayormente de soja-, minerales, hidrocarburos, compuestos químicos y petroquímicos, aceites y combustibles.

En el llamado Polo Portuario San Lorenzo-Puerto San Martín, se encuentra el corazón de un modelo de concentración extractivo, tan poderoso como contaminante: el agroexportador y la minería a cielo abierto.
Mientras que los proyectos mineros se desarrollan a lo largo de la Cordillera de los Andes, desde Jujuy hasta Santa Cruz, en Puerto San Martín una de las empresas multinacionales más importantes del país exporta, a través de su puerto privado y del llamado tren azul, los metales que extrae de los cordones montañosos ubicados en la zona de la provincia de Catamarca: Mina Alumbrera.
Algunos vecinos de estas localidades -los que se animan- y organizaciones ambientalistas de todo el país, no sólo denuncian el saqueo del que son testigos todos los días, cuando el paso del tren muestra la foto calcada del modelo devastador de la megaminería y la soja transgénica, sino que además intentan dar cuenta de la fuerte contaminación ambiental de la que son víctimas.

Minería
En la Minera Alumbrera se explotan diariamente 300 toneladas de roca utilizando toneladas de explosivos y se las muele en un triturador gigante que consume tanta energía diaria como la ciudad de Catamarca. Según un informe elaborado por el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), “los proyectos mineros a gran escala provocan la destrucción y la contaminación del medio ambiente, las cuales causan enfermedades mortales para las personas, y también para su animales. De fuentes y sustento de vida, el agua, el suelo y el aire pasan a ser fuentes de muerte. Además, la gran minería desplaza las actividades económicas locales, afectando la cultura y la identidad de comunidades para las cuales la tierra es el centro de su vida.”
El principal recurso afectado es el agua. Cada yacimiento necesita millones de litros de agua cada día, en zonas donde ya es un recurso escaso (solamente la mina Bajo La Alumbrera consume 100 millones de litros por día).
Por otro lado, “la minería contamina también los suelos, lo cual tiene un impacto fuertemente negativo sobre la vegetación y sobre la productividad de esos suelos. La contaminación de los suelos se produce por depósito de partículas sedimentadas, por el vertido directo de los productos líquidos de la actividad minera, o por la infiltración de productos de lixiviación del entorno minero. Al igual que el agua, el aire se contamina por el drenaje ácido de la minería, al entrar en contacto con el ácido sulfúrico. Además, pequeñas partículas de los metales pesados se desprenden de los residuos y se diseminan luego con el viento, integrándose lentamente en los tejidos de los organismos vivos”, detalla ampliamente el informe del Serpaj.
Con el modelo concentrado de la soja RR, la contaminación y el impacto en la salud de la población es también preocupante. La utilización del herbicida glifosato -ampliamente denunciado por numerosas organizaciones y comunidades- envenena la tierra, destruye la fauna y la flora nativa de las zonas ricas en bosques y suelo fértil, como Santiago del Estero, Córdoba, Chaco, Santa Fe, por citar algunas provincias, contamina el aire y afecta terriblemente la salud de las comunidades, tanto rurales como urbanas, cercanas a los campos fumigados con este tóxico herbicida, propiedad de la multinacional Monsanto.

Menem lo hizo
Realidades en diferentes provincias, en distintas geografías, reflejan las mismas operaciones y complicidades de este robo y genocidio silencioso en Argentina. Las legislaciones son, para unos casos, prácticamente inexistentes y débiles y, para otros, altamente favorables al avance cada vez más devastador de este tipo de economía a gran escala. “La geografía minera cambió totalmente a partir de la sanción de nuevas leyes durante el gobierno de Carlos Menem, siendo la principal la ley de Inversión Minera 24.196, en 1993. Este nuevo marco legal abrió las puertas a los capitales de la grandes multinacionales extranjeras”, afirma el Serpaj.
El punto destacado es que estos beneficios no podrán ser retirados por el período de 30 años. Como contraparte, las mineras deben dejar regalías a las provincias. Sin embargo, el porcentaje estipulado es irrisorio: solamente se les exige el 3 por ciento del valor del mineral extraído, cuyo único control se confía a la declaración jurada presentada por la empresa multinacional.
En este sentido, únicamente las organizaciones sociales y las asambleas de vecinos han decidido enfrentar con la propia vida los intereses de las corporaciones mineras y sojeras, frenando la instalación de proyectos como el de Famatina o el de Agua Rica, o logrando, con muchísimo esfuerzo y una larga lucha, escasos fallos judiciales que han impedido, por ejemplo, la utilización de plaguicidas en centros urbanos, como el reciente caso de la localidad de San Jorge, en Santa Fe.

Acto y movilización
El pasado sábado 8 de mayo se convocó a una concentración y un acto para alzar las voces en contra de la megaminería y el modelo sojero, en la localidad de Puerto San Martín. Al mismo, se sumaron organizaciones sociales de Rosario.
El objetivo fue, una vez más, denunciar el impacto socioambiental que provocan las multinacionales y el saqueo compulsivo que, en esta zona industrial, se materializa con el tren azul y el puerto privado de La Alumbrera.
Quizás, uno de los momentos más emotivos de la jornada en Puerto San Martín se vivió alrededor de las 17 hs., cuando todos los que participaban del acto se dirigieron a las vías por donde pasa el llamado tren azul, para mostrar en alto la bandera argentina y repudiar el saqueo que por esas vías se realiza con total impunidad.
El tren azul sale de Minera Alumbrera, atraviesa Tucumán, Santiago del Estero, casi la totalidad de Santa Fe y llega a Puerto General San Martín, donde la minera cuenta con un puerto exclusivo al que es imposible llegar.

Catamarca
Invitados para contar su experiencia de lucha, estuvieron presentes los integrantes de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, de Catamarca, quienes en una ejemplar movilización están enfrentando a la Yamana Gold, una multinacional minera canadiense que pretende explotar la mina Agua Rica, ubicada en el Cerro Nevado (Cadena del Aconquija), la principal fuente de agua de la región.
“La situación en Andalgalá es crítica”, describe Marcela, integrante de la Asamblea, en su paso por Puerto San Martín. “Prácticamente durante todo el día y a la noche somos perseguidas por la policía. Llevaron muchos grupos de choque e inteligencia. Nos hacen allanamientos en la casa para culparnos de cualquier cosa. A una compañera nuestra le pusieron una causa de drogas. Hace poco, el gobernador de Catamarca dijo que la Minería se hacía sí o sí, y que lamentablemente Andalgalá iba a ser una ciudad sacrificable. No les importan los 21 mil habitantes. Hace muy poco, nos enteramos que además de querer llevarse el oro, hay petróleo. Entonces, nos quieren desalojar”.
Los vecinos de Andalgalá saben que no pueden dar ni un paso atrás. El agua es de todos y van a defenderla. “Hay un distrito donde ya no vive nadie porque el agua no se puede tomar. Las plantas se nos están secando. No pensamos entregar el pueblo. Estamos dispuestos a luchar. No queremos perder nuestro trabajo, nuestra casa, y menos nuestra tierra. Sabemos que sangre va a correr”.