El licenciado en Geología Leoncio Montesarchio preside la Asociación Ambientalistas del Sur, organismo que se está ocupando de la problemática que sufre Villa Amaducci por las ya famosas antenas de telefonía celular, tema del que se ocuparan años atrás cuando un caso similar afectaba a la Escuela 63.
En diálogo con EcoDias, Montesarchio se refirió a uno de los principales ejes para entender el conflicto: las legislaciones para la regulación de las antenas, posición que abordara la subsecretaria de Gestión Ambiental, Alicia Álvarez: “El estándar fijado para Argentina es de 963 microwatt por centímetro cuadrado. Es decir, si una antena sobrepasa esa potencia de emisión se considera perjudicial; por debajo de eso, no. Y eso es lo grave porque nos estamos rigiendo por los estándares de Estados Unidos. En cambio, en Austria, por ejemplo, es de 01 microwatt por centímetro cuadrado. O sea, la diferencia entre la legislación austríaca y la nuestra es de casi de 10.000 veces. La legislación estadounidense considera que el efecto perjudicial para la salud es el que más honda el tejido: el riesgo se identifica si se quema el tejido. En cambio estas otras legislaciones consideran que -aunque no está probado todavía totalmente- hay un efecto de agresión a los tejidos lo cual puede llevar a consecuencias, entre las que se podría incluir al cáncer leucémico”.
El licenciado comentó que la legislación en nuestro país se promulgó en 1995 en base a estudios seguramente anteriores a los 90 debido a los tiempos en que tarda una ley en promulgarse, “quiere decir que los antecedentes científicos de esa ley son de los 90. Desde 1990 las investigaciones científicas han avanzado muchísimo. Entonces, nosotros solicitamos al Concejo Deliberante, y eso hizo que se dirija al Ministerio de Salud Pública de la Nación, para que revise los estándares en base a los nuevos estudios. Inclusive la Organización Mundial de la Salud dice que ya hay motivos para revisar algunos estándares de calidad”.

Noviembre clave
En otro tramo de la charla, Montesarchio hizo alusión a la Secretaria de Política Ambiental, ente que tiene responsabilidades en el tema, y puntualmente sobre una resolución de esta Secretaría que se pospuso hasta noviembre próximo. Justamente ese mes podrían surgir novedades importantes: “Esta resolución de la Secretaría tendría que estar en vigencia, es la 900/05 y fija un montón de variables, entre ellas fija una determinada distancia, y lo que es más importante las mediciones que se tienen que hacer. Ahora bien, curiosamente, antes que entrara en vigencia, sale una nueva resolución de la Secretaría posponiendo la aplicación de esa resolución hasta el 13 de noviembre. Ante esta situación pedimos al Concejo Deliberante que se dirija a la Secretaría de Política Ambiental para que el día inmediatamente después de cumplida la suspensión de la ordenanza, esta se dedique a medir las antenas con un veedor nuestro, porque queremos que vaya un veedor o varios para que midan en forma fehaciente. Esto que va a salir ahora es bastante bueno pero tiene que aplicarse en forma honesta, es decir, medir bien, de inmediato y en los lugares neurálgicos, donde hay preocupación”.
Montesarchio aclara que la legislación vino después de los hechos, ya que en el momento en que las antenas se instalaron no había nada que se los impidiera: “Ha habido un vacío tan grande en lo legislativo y en el dejar hacer las cosas que ahora nos encontramos con un enjambre de antenas que no sabemos si nos están perjudicando o no. Ahora la resolución existe pero sobre hechos consumados, es decir, antes no les exigían mediciones, no les exigían estar lejos de colegios”. Igualmente para Montesarchio la clave está en el Ministerio de Salud: “La resolución de fondo está en el Ministerio, de que bajen los estándares. Bajo esas circunstancias la cosa va a cambiar y ahí sí van a tener que sacar las antenas”.

¿Habrá solución?
Por último, el licenciado dijo no sentirse muy esperanzado en que se llegue a buen puerto con esta problemática que mantiene en vilo a mucha gente: “No le veo perspectivas demasiado favorables, porque me da la impresión que la Secretaría de Política Ambiental no está cumpliendo con su función y tiene una función importante. Nosotros habíamos propuesto que así como se delegaron las inspecciones a los establecimientos de segunda categoría, se delegue esto también. Sería lo ideal tener en manos del municipio todo el control pero eso no se logró ni con el polo petroquímico. Lo de la Escuela 63 no se solucionó, la antena sigue estando, las quejas siguen estando. Allí también se alegaron casos de enfermedades, no sé si entre los chicos o en la población cercana”.