En la
provincia de Santa Fe hace un tiempo hay una lucha desigual contra el poder de
la soja. Se
presentó el pedido de una medida cautelar y un amparo que muestra los
procedimientos de la peor cara de la justicia.

La comuna de Ibarlucea y el gobierno provincial de Santa Fe parece haber
encontrado al mejor de los socios en el accionar del juez Néstor Osvaldo García
a cargo del Juzgado de Distrito de la Sexta Nominación de Rosario. El amparo
que duerme en los cajones del lego patrocina a un menor afectado por
fumigaciones, luego de la aprobación de una ordenanza que admite aplicaciones
de agroquímicos a sólo cien metros de las viviendas. El caso admite premura ya
que además se estaría violando una ley provincial, sin embargo para el juez García
todavía no es tiempo de confirmar los contenidos de su resolución.
El recurso de amparo es contra la Comuna de Ibarlucea a cargo de Juan José
Prino y contra la Provincia de Santa Fe por la violación de la ley Nº 11.273
que regula el uso de Productos Fitosanitarios y por la Ordenanza Nº 602/10 que
condena a toda la población de la localidad a seguir literalmente bañados e
inhalando agroquímicos dispersados mediante prácticas de fumigación que se
realizan en campos linderos.
El caso es promovido por un recurso de amparo presentado en el Juzgado a cargo
del juez García, denominado “María Celeste Bravo c/ Comuna de Ibarlucea y otros”
(comuna a cargo de Juan José Prino) “y contra la Provincia de Santa Fe”.
El juez tampoco dio curso a la medida cautelar y es tanto el tiempo
transcurrido que pudo realizarse una cosecha sin que hubiera resolución alguna.

Además de los plazos vencidos a la abogada que lleva la causa adelante no le
dejan ver el expediente en el Juzgado que ya contaría con el acto resolutivo, el
cual sería contrario a los intereses de los vecinos, según cuentan diversas
fuentes. El juez tenía que dictar sentencia el 15 de abril, pero en cambio citó
a los abogados ya que el representante comunal ofreció presentar una propuesta
que nunca llegó. Eduardo Sosa es el letrado de la comuna de Ibarlucea; entre
sus acciones, amenazó a la doctora Graciela Gómez, una de las abogadas de la
causa que defiende a los Bravo.
El 12 de mayo se pidió al juez que dicte sentencia sobre el amparo. Según
fuentes confiables el 18 de mayo en forma extemporánea el abogado de la comuna
presentó ante el Juzgado una nueva propuesta que se desconoce.
Sosa había intentado imponer la idea de que la familia tenía el carácter de
okupas por lo que su derecho a reclamar no era pertinente. Cuando la
presentación de Sosa prosperó, el juzgado solicitó la escritura de la
propiedad. El derecho a la salud y a un ambiente sano, es letra muerta en este
juzgado.
Los vecinos de Ibarlucea dicen que la comuna les habría ofrecido que a cambio de
aceptar la propuesta de la comuna, no les cobrarían las costas por haber
perdido el amparo. Dicho en otras palabras los a que unos niegan a otros dan y
siempre para el mismo. Gómez por su parte volvió a denunciar a la Unidad Fiscal
de Delitos Ambientales.

Fuente: Ecoportal.net