Lanzan en Argentina una campaña contra herbicidas usados para el cultivo de soja transgénica, el principal producto de exportación del país.

Los cultivos de soja transgénica se expanden en Argentina, y con ellos la utilización de herbicidas. La campaña «Paren de Fumigar» busca alertar contra el rociamiento sobre áreas urbanas y reunir información de impactos para denunciarlos.
La iniciativa es del Grupo de Reflexión Rural (GRR), el Centro de Protección de la Naturaleza y agrupaciones vecinales.
Jorge Rulli, de GRR, señaló que, en lo que va del año, la campaña -que comenzó en enero y abarca a todas las zonas rurales- recogió más de 60 denuncias. Explicó que «no es casual» que la mayoría provenga de las provincias de Córdoba y Santa Fe, que junto con la de Buenos Aires constituyen el epicentro del cultivo de soja, asociada al herbicida glifosato.
«Queremos conformar un mapa que muestre que (el uso intensivo de agrotóxicos) es un modelo sistemático de desarrollo rural que producirá una catástrofe sanitaria», dijo Rulli.

La soja hoy
En los últimos 15 años la soja modificada amplió su zona de influencia y hoy es el principal cultivo de Argentina, además del primer producto de exportación.
La última cosecha, de 15,5 millones de hectáreas, consumió 160 millones de litros de glifosato, seis veces más que hace una década. Lo grave, según la denuncia, es que el químico -que mata todo lo verde menos el cultivo modificado- llega a metros de los poblados.
Tradicionalmente, bosques, tambos y granjas rodeaban los poblados y atenuaban el impacto de la fumigación. Pero ahora no hay barreras protectoras.
«Tenemos soja al norte, al sur y al este», dijo Sofía Gatica, del barrio Ituzaingó Anexo, en la ciudad capital de Córdoba.
Con 5.000 habitantes, Ituzaingó está en el límite entre la ciudad y el campo. «Cruzo la calle y ahí comienza la soja. Y es evidente que si se siembra, también se fumiga», razonó Gatica.
Según la Ley de Agrotóxicos (2005), el límite de pulverización es a 1.500 metros de las áreas pobladas.

Informes de salud
En 2002, Ituzaingó fue declarado en emergencia sanitaria, tras un estudio del Ministerio de Salud provincial que registró elevados porcentajes de leucemia, lupus, púrpura y malformaciones genéticas.
Otro informe, presentado en marzo, estudió a 30 niños de 7 a 14 años en el barrio, revelando la presencia de agrotóxicos en sangre, en dosis mayores a las permitidas.
Tras esta investigación efectuada por el epidemiólogo Edgardo Schneider a pedido de la agrupación Madres de Ituzaingó, el gobierno de la ciudad «concluyó que hay que evacuar el barrio», remarcó Gatica. Pero los pobladores y los cultivos siguen allí, mientras las avionetas pasan fumigando.
La ley también crea un registro de aplicadores y ordena su capacitación en el manejo de químicos. Según los vecinos, hay excesos y desaprensión.
También circulan vehículos de arrastre chorreando líquidos, que vacían y limpian sus depósitos en locales ubicados en los poblados. Algunos municipios utilizan glifosato para combatir las malezas que pujan por salir de entre las baldosas.
Ciertos gobiernos locales aprueban medidas para frenar a los fumigadores frente al casco urbano, pero los vecinos sostienen que fallan los controles del cumplimiento de las normas y que las autoridades ceden a la presión de los productores rurales.
Un estudio financiado por el Ministerio de Salud y realizado en 5 poblados del sur de la provincia de Santa Fe arrojó datos alarmantes.
Según el Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente, la Universidad Nacional de Rosario, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Hospital Italiano de Rosario hay una «muy significativa incidencia» de casos de cáncer y malformaciones en la zona analizada.
La investigación, presentada en enero, mostró que en los pueblos santafesinos de Alcorta, Bigand, Carreras, Máximo Paz y Santa Teresa hay 10 veces más casos de cáncer de hígado que en el promedio nacional, el doble de cáncer de páncreas y de pulmón y tres veces más cáncer gástrico y de testículos.
También se registran múltiples casos de hipospadias (desembocadura de la uretra en la cara inferior del pene) y criptorquidias (testículos no descendidos), asociadas al uso de agroquímicos.
El 90% de las patologías está ligado a fuentes fijas de contaminación o factores ambientales de riesgo, indicó el informe, que confirmó que algunas de ellas, en esas zonas rurales, superan los promedios.
Hoy hay 200 enfermos de cáncer en el barrio, según Madres de Ituzaingó, que realizó un relevamiento casa por casa y llevó el asunto ante la Corte Suprema de Justicia, cuyo pronunciamiento aguarda.

Fuente: Tierramerica