Bastante accidentada como ya estamos acostumbrados resultó la audiencia inicial del martes 15 de septiembre de 2015 y nuevamente se debió a cuestiones técnicas y de comunicación con los tribunales de Comodoro Py ubicados en Capital Federal. Es que la conexión con ese tribunal es indispensable para que el juicio se realice, sin ella no puede haber audiencia ya que desde allí ven y escuchan el proceso algunos de los acusados. Como se dijo esto ha sido un problema constante desde que arrancó el juicio y por lo general refiere a inconvenientes en la recepción del audio por parte de quienes están en Comodoro Py. La diferencia es que en la audiencia del martes 15, una vez restablecida la comunicación, el juez José Triputti pidió amablemente a la secretaria del tribunal capitalino que se busque una solución definitiva al tema debido a que las demoras no solo son corrientes sino también muy extensas.

Tal es así que la audiencia que tuvo que arrancar a las 9 de la mañana, empezó a las 11 menos cuarto y son momentos muy importantes porque se está desarrollando la etapa de alegatos que es la que deriva en la parte final del juicio con la sentencia.

Ya finalizado el del Ministerio Público Fiscal, fue el turno del alegato de la querella en este caso por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representada por la doctora Mónica Fernández Avello.

Por cierto, mientras se buscaba una solución a los problemas técnicos, el tribunal comunicó que se pasaba a un breve cuarto intermedio. En los cuartos intermedios, las partes del juicio y los presentes se ausentan durante ese rato para descansar, tomar un respiro, un café o lo que sea para aliviarse un momento después de tanto tiempo de juicio. Lo que ocurrió esta vez fue que el cuarto intermedio finalizó, la comunicación con Comodoro Py se restableció pero la querella aún no había llegado por lo cual se produjo una espera más.

Ya con la parte querellante presente en el lugar, el juez Triputti le avisó a la doctora Fernández Avello que se le iba a descontar media hora del tiempo que le toca para el alegato. La abogada le recordó al juez todas las demoras que se han venido dando a lo largo del juicio pero el cruce de palabras no pasó a mayores, fue breve y se dio de una manera amable.

Fue así que a las 10:45 de la mañana, la doctora Mónica Fernández Avello explicó cuál iba a ser la metodología de su alegato en el marco de la causa número 1103, conocida como “Armada Argentina” que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos justamente en el ámbito de la Armada Argentina”, específicamente en la Base Naval Puerto Belgrano y sus demás dependencias.

Este juicio tiene como imputados a Víctor Aguirre, Luis Bustos, Felipe Ayala, Raúl Domínguez, Víctor Fogelman, Francisco Martínez Loydi, Héctor Selaya, Carlos Stricker, Alejandro Lawless, Leandro Maloberti, Néstor Nogués, Tomás Carrizo, Oscar Castro, Raúl Otero, Gerardo Pazos, Pedro Pila y José Luis Rippa. A todos ellos se les suman para completar una lista de 23 acusados: Guillermo González Chipont, Félix Cornelli, Enrique De León, Manuel García Tallada, Edmundo Núñez y Luis Pons.

Las etapas del alegato de la querella, que aún continúa, se dividió en primero las razones por las cuales la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es parte del proceso; luego en las cuestiones generales sobre el proceso de Memoria, Verdad y Justicia; un tercer punto refiere a aspectos de índole general que constituyeron el marco en el que se desarrollaron los acontecimientos; otra parte está destinada a la caracterización de los hechos como crímenes de Derecho Penal Internacional, coincidente con las sentencias de las causas 982 y 1067. Sobre esto, Fernández Avello señaló: “consideramos que los hechos que aquí se juzgan han sido cometidos en el marco de un genocidio que se llevó a cabo en la Argentina en la última dictadura cívico militar y así solicitaremos que quede consignado en la sentencia”.

También serán temas del alegato, las características de los centros clandestinos de detención, fundamentalmente los que funcionaron bajo la supervisión de la Armada Argentina, las condiciones inhumanas de detención y los padecimientos de las víctimas.

Finalmente se hará mención a la calificación legal de los hechos, la participación y grado de responsabilidad que cabe a los imputados en los sucesos, y las pruebas que sustentan la acusación.

Al igual que el de la fiscalía, el alegato de la querella concluirá con los pedidos de pena.

El papel del Estado

Como ya se dijo, la doctora Mónica Fernández Avello es la representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, por ende es quien representa al Estado argentino en estos juicios.

Acerca de la participación de la secretaría, relató que es en virtud por lo dispuesto por la ley de ministerios 22520 “donde se ha fijado como objetivos de la misma la de entender la observación activa, el seguimiento y la denuncia de casos y situaciones relativas a los derechos humanos”. En ese sentido, mencionó el compromiso del gobierno nacional de promover hasta las últimas consecuencias, la investigación de los crímenes de la dictadura: “Es público el reconocimiento internacional hacia el Estado argentino por estos procesos de memoria, verdad y justicia”.

Para Fernández Avello, se ha pasado del Estado Terrorista que reprimió a su propio pueblo, al Estado que se sienta al lado de las víctimas para defender sus derechos.

Todo eso está inserto también en lo que se conoce como el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que mereció un párrafo en el alegato de la querella.

Al respecto, Fernández Avello destacó: “El compromiso ético con el programa de Memoria, Verdad y Justicia y la reinscripción generalizada en la escena pública de los principales íconos del movimiento, después de años de permanecer a los márgenes de la resistencia, constituyeron para el Estado a partir del año 2003 una pertenencia electiva”.

La abogada reconoció al gobierno de Néstor Kirchner como el que adoptó esta posición cuando no existía una demanda pública más allá del reclamo de los organismos de derechos humanos: “La decisión impuso una distancia entre quienes habían tolerado o promovido la impunidad”.

A eso le siguió un repaso de lo actuado y no actuado en la materia desde la vuelta de la democracia hasta acá. Calificó de positiva la inicial actuación del gobierno radical de Raúl Alfonsín que impulsó el juicio a las juntas pero fue crítica hacia ese mismo ex presidente ya que luego “propició las leyes del perdón para aliviar las tensiones en el partido militar”.

Fernández Avello también tuvo palabras para con el peronismo que nunca había asumido como propia la bandera de los derechos humanos “ni en el retorno de la democracia ni en el marco de la llamada renovación, tampoco bajo su versión progresista reunido en torno al Frente Grande y al Frepaso aunque haya tenido entonces gestos de mayor empatía”.

Y menos aún, agregó, durante el menemismo “que desarticuló por la vía de los indultos el castigo impuesto a los máximos responsables del plan sistemático de represión”.

El actual Estado que es el que Fernández Avello representa a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación “ha asumido las reivindicaciones históricas del movimiento de derechos humanos como núcleo de su programa político”.

Vanguardia de la lucha

Siguiendo con la misma tónica y destacando la labor del gobierno nacional en materia de derechos humanos, Fernández Avello detalló algunas cuestiones que desde 2003 vienen produciendo un cambio en la mirada que se tenía sobre lo ocurrido en la dictadura: “Mientras que desde la transición los protagonistas centrales del Terrorismo de Estado habían sido las Fuerzas Armadas, a partir de 2003 se comenzó a hablar de la responsabilidad de sectores de la sociedad, la prensa, la iglesia y la clase política. Es por ello que nosotros hablamos de Golpe Cívico – Militar ya que permite poner de relieve no solo la participación civil sino su preeminencia y ubicar a las Fuerzas Armadas en el lugar de brazo armado de un cerebro económico y social inserto en la civilidad que continúa activo más allá del fin de la dictadura”.

Todo esto implica el desbaratamiento de la llamada Teoría de los Dos Demonios creada con base en el radicalismo cuando se comenzaron a investigar los crímenes de la dictadura previa al juicio a las juntas. Esa teoría que fue publicada en el Nunca Más ponía en un mismo lugar a las fuerzas militares que actuaron durante el Terrorismo de Estado y a las organizaciones políticas armadas. Es más, se sintetizaba en las organizaciones armadas a toda militancia política de aquella época.

Hoy eso está bien diferenciado considerándose los crímenes como de lesa humanidad por haber sido cometidos desde el Estado nacional en perjuicio de la población.

Por otra parte, Fernández Avello recordó que en 2003 por primera vez un presidente habló de los desaparecidos como militantes políticos, reivindicando esa condición.

“Se ha inaugurado de este modo una especie de nuevo panteón de la democracia en el que el lugar de honor por ser la verdadera vanguardia de la lucha contra la dictadura, la ocupan las madres, las abuelas y los hijos”.

Más adelante la doctora hizo referencia a los crímenes de Bahía Blanca y los de los centros clandestinos dependientes de la Armada Argentina, específicamente los ubicados bajo la órbita de la Base Puerto Belgrano y que al ser éste y Punta Alta, lugares muy chicos, seguramente la comunidad ha visto las caras de muchos de los que hoy están siendo juzgados.

En Bahía eso ha pasado, en años anteriores con el propio Alfredo Astiz a quien se lo ha visto en bares céntricos y con el mismo Néstor Montezanti recientemente suspendido preventivamente de la Universidad Nacional del Sur “y hace también pocas semanas nos acabamos de enterar que a su impulso y el de un fiscal provincial que parece que todavía no se ha dado cuenta que vivimos en democracia, infiltró un policía en esta casa, en la Universidad Nacional del Sur para recabar conexiones políticas de la persona que lo denunciara al mejor estilo de la comunidad informativa y de los archivos de la DIPBA”.

Sobre las dificultades en lo que respecta a lograr justicia, no olvidó a La Nueva Provincia y a Massot ni tampoco a los imputados con prisión domiciliaria. Incluso criticó a los que se encuentran en Comodoro Py de quienes dijo que se los pudo ver, mediante las pantallas, riéndose o leyendo un diario mientras en Bahía declaraba una víctima testigo.

Antes de abordar los hechos de la causa comenzando por los antecedentes históricos, remarcó el excesivo tiempo que ha llevado el juicio “y lo que a mi criterio es perjudicial y pienso que a esta altura para ustedes también de las videoconferencias que si bien en algunos casos no se pueden soslayar por vivir los testigos en el exterior, en la mayoría han sido dentro de nuestro país. En algunos casos a pocos cientos de kilómetros y no solamente no es lo mismo tener al testigo frente nuestro sino que tuvimos que lidiar con que las conexiones con Comodoro Py, el lugar en el que estaba el testigo y nosotros, funcionaran llevando a que muchas audiencias se frustraran”.

Delitos sexuales

Es conocido el rol fundamental que la abogada tuvo en los Juicios Históricos que se realizan en la ciudad, en especial la perspectiva de género, la cual también quedó manifestada en su alegato al momento de tocar la temática de la violencia sexual.

Sus palabras conformaron una clase magistral sobre los roles de la mujer, el patriarcado, la dictadura, los centros clandestinos, los cuerpos de las mujeres y entre tantos conceptos explicó que “la violencia sexual era utilizada para degradar, humillar, castigar, para sembrar terror, pero principalmente tenía un sesgo disciplinador ya que el sistema patriarcal promueve el aprendizaje social de propiedad del cuerpo de las mujeres por parte de los varones, por lo que la violencia política sexualizada viene a reforzar ese aprendizaje”.

Menciona Fernández Avello cómo “las fuerzas de seguridad militarizadas transformaron el cuerpo y la sexualidad de las mujeres en ese campo donde marcaron su poder de conquista y el triunfo del guerrero”, y por si alguien del tribunal o las partes no entendía, amplió: “cuando me refiero a disciplinar me estoy refiriendo a someter al orden patriarcal manifestado en un orden sexual y político, en el que buscaban imprimir identidades femeninas en esos cuerpos y castigarlos por haberse apartado de los roles asignados por las relaciones binarias de género, como expresa Carole Sheffield: la violencia contra las mujeres es poder expresado sexualmente”.

Y siguiendo el camino ya transitado en otros momentos de los históricos juicios manifestó cómo «la reparación integral del daño causado por la violencia sexual se vuelve fundamental, en la medida que al darse entidad al pasado se impulsan modificaciones culturales en el presente, sobre las relaciones entre las situaciones extremas generadas por el terrorismo de Estado y la normalidad social».

Penas pedidas

Requirió que se sentencie con prisión perpetua a: Raúl Artemio, Felipe Ayala, Domínguez, Raúl Oscar Otero, Víctor Raúl Aguirre, Julio González Chipont, Carlos Andrés Stricker, Edmundo Oscar Núñez, José Luis Ripa, Tomás Hermógenes Carrizo, Enrique De León, Leandro Marcelo Maloberti, Francisco Martínez Loydi, Eduardo René Fracassi, Oscar Alfredo Castro, Néstor Alberto Nougués, Luis Ángel Bustos, Gerardo Alberto Pazos y Luis Pablo Pons.

Pidió 25 años de cárcel para Pedro Alberto Pila, 19 años para Alejandro Lawless, 18 años para Héctor Luis Selaya, 17 años para Domingo Ramón Negrete y 10 para Víctor Fogelman.

Solicitó además que todos estén presentes en la sala de audiencias al momento de la sentencia y que se disponga las prisiones en establecimientos carcelarios comunes para los condenados, como que también se proceda a las acciones pertinentes para darlos de baja de sus respectivas fuerzas. En consonancia con el Ministerio Público requirió que se realicen los trabajos “necesarios en el predio cautelado de la Séptima Batería, a fin de recolectar prueba relativa a los hechos investigados, así como para determinar si allí no existieron enterramientos clandestinos” y pidió que “se ordene la publicación de la parte resolutiva de la sentencia, en un lugar destacado y visible, en el diario La Nueva Provincia”.

Para cerrar su alegato en representación de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la abogada Mónica Fernández Avello, eligió las palabras de Hamlet Lima Quintana, y pidió” por la memoria y la verdad por los compañeras y compañeros detenidos desaparecidos y asesinados; en especial, por las víctimas del V Cuerpo y la Base Naval Puerto Belgrano y sus familiares solicito: “Que se haga Justicia”

El interrogatorio

A veces me pregunto:

¿Como podrán dormir, hacer la digestión, beber un sorbo de buen vino,

mirar los hijos a los ojos, dar la mano?

A veces me pregunto:

¿Podrán sembrar alguna planta, acariciar un perro,

cuidar de los ganados, amar a sus mujeres,

darle los buenos días a los vecinos?

A veces me pregunto:

¿Podrán contar la plata que les queda, tener puntualidad en los pagos,

perdonar a sus deudores, alimentar proyectos a futuro, levantar una casa?

A veces me pregunto:

¿Recordarán los nombres y las fechas,

verán algun rostro, sabrán que hacían los domingos,

cómo amaban la vida, cómo cantaban diariamente?

A veces me pregunto:

¿Podrán soñar de noche sin turbarse, despertar sin tener la boca amarga,

matarse la conciencia, olvidar algún grito, quitar la sangre de sus manos?

Olvidarán que a algunos los lanzaron al mar,

como sembrando peces doloridos,

a otros les cruzaron el pecho con las balas hasta hacer estallar

las rosas de la sangre y a todos los cubrieron con aprobio,

con torturas, flagelaciones que duelen más allá que la muerte.

A veces me pregunto:

¿Si lograrán el olvido?.

Confieso que yo ni un solo día he dejado de pensarlo

y exijo una forma que dignifique el alma,

provoque los regresos, devuelva algunos cuerpos,

castigue a los culpables, que así se dedicaron a prostituir la vida.

Hamlet Lima Quintana

Autor: Redacción Ecodías