La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó a través de un comunicado, su satisfacción por la aprobación del Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios), desarrollado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y que fuera aprobado recientemente por el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, mediante Resolución PGN 31/18.

Según el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Protocolo “constituye un importante avance para la prevención, sanción y erradicación de la violencia basada en género contra las mujeres, niñas y adolescentes en el país”, contribuye “a la comprensión y sensibilización de los y las operadoras de justicia sobre este tipo de crimen en miras a erradicar su impunidad” y “aborda de forma específica de las necesidades de todas las mujeres, incluyendo de forma explícita a las niñas y adolescentes, así como a las personas LBTI, promoviendo así un enfoque de protección integral para dichas personas”.

En ese sentido, destacó también el esfuerzo realizado para armonizar el Protocolo con los estándares interamericanos de derechos humanos y las recomendaciones emitidas por ese organismo en materia de acceso a la justicia de las mujeres, y para su adecuación al Modelo de Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (Protocolo ONU) elaborado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y ONU Mujeres.

Asimismo, la CIDH exhortó al Estado a adoptar medidas necesarias para garantizar la difusión y efectiva implementación de este instrumento y sostuvo que “el marco de sus funciones y de su mandato, la CIDH pone a disposición del Estado su asistencia técnica para fortalecer el cumplimiento efectivo de las pautas propuestas en el Protocolo, apoyar en su difusión y compartir esta buena práctica con los países de la región”.

Según señaló el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, relator para la Argentina, “La creación de este tipo de instrumentos contribuye a visibilizar la grave situación de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y representa un avance positivo en los esfuerzos del Estado argentino por erradicar los patrones históricos de desigualdad y discriminación contra las mujeres”. El Protocolo, aprobado el 28 de marzo pasado, se encuentra disponible para su consulta en www.mpf.gob.ar