La Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo por
pedido de la unidad fiscal a Luis María Delaico y Raúl Esteban Andrés,
imputados en la llamada causa “Ejército”. Días después, efectivos de la misma
fuerza hizo lo propio con Eduardo Videla quien al igual que los otros dos está
acusado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura
militar.

El estado
del tiempo no permitió la realización de audiencias en el juicio contra los
represores que se lleva a cabo en Bahía Blanca pero no impidió que se cumplan
con tres detenciones en cuanto a responsables del Terrorismo de Estado se
trata.
En ese sentido, la Policía
de Seguridad Aeroportuaria dio con el ex teniente coronel Luis María Delaico y
con el ex oficial de Estado Mayor, Raúl Andrés quienes fueron detenidos después
de un pedido de la fiscalía de Bahía Blanca que sigue las causas relacionadas a
crímenes de lesa humanidad y que es dirigida por los doctores José Nebbia y
Miguel Palazzani.
Los ex militares están imputados en la llamada causa “Ejercito” y a la de ellos
se le sumó la detención de Eduardo Carlos Videla quien fuera jefe de Compañía
del Batallón de Comunicaciones 181 y se encuentra acusado por su participación
en 52 casos de secuestros y torturas más un hecho de violencia sexual contra
víctimas de Bahía Blanca y la zona.
Antes de que se produzca la captura de éste último represor mencionado, Radio
Nacional Bahía Blanca, entrevistó al fiscal Palazzani quien señaló sobre las
dos primeras detenciones “La novedad se produce y es parte de un requerimiento
mayor que se realizó a fines del año pasado y otro a comienzos de este año
donde hemos profundizado un poco la línea de investigación en la causa “Ejército”
centrándonos en el Batallón de Comunicaciones 181 y el Batallón de Arsenales
181 también de Pigüé en este caso y que se ha ordenado detener al entonces
teniente coronel Delaico que era el jefe de ese Batallón hasta fines del 77. En
el otro caso, Andrés, ha sido un emblemático integrante de la Agrupación de Combate
del Batallón de Comunicaciones, ha sido oficial de Estado Mayor en el Batallón
de Comunicaciones 181 aquí en la ciudad y se lo trasladó junto con Gandolfo,
éste es por ahí el dato singular que tienen tanto Gandolfo quien fuera
condenado en el juicio anterior como Andrés que acabamos de detener, que se los
trasladó desde Bahía Blanca y se los sacó desde Bahía Blanca a otros destinos a
mediados del año 77 y en su legajo figura algo inusual para oficiales de su
rango en esa época de que era por “razones de seguridad”.
Consultado sobre este calificativo de “razones de seguridad”, Palazzani explicó
que se utilizaba dicha terminología cuando corría riesgo la vida de alguno de
los represores. En relación a ello y a Gandolfo, Palazzani recordó cuando en el
juicio anterior desarrollaron el alegato con la responsabilidad penal de ese
acusado: “El alegato defensivo pretendió ir refutando punto por punto los
puntos de la fiscalía, no lo logró porque evidentemente había un testigo muy
contundente pero este fue el punto que llamativamente no abordó y cuando lo
abordó lo hizo de una manera muy burda. No pueden explicar por qué se los
traslada por razones de seguridad, nosotros hicimos una argumentación en
relación a eso y “razones de seguridad” claramente por todo el lenguaje y la
jerga militar es que concretamente corría riesgo su vida. La pregunta que se
impone es por qué corría riesgo su vida cuando las explicaciones de ellos es
que se ocuparon solamente de las radios o de limpiar la cuadra. La composición
del lugar que teníamos con Gandolfo era clara, lo habían reconocido, había un
testigo que lo había reconocido. En este caso de Andrés, no ha dado tampoco
explicaciones satisfactorias, vamos a ver qué dice en ocasión y cuando se
llegue al juicio oral y público pero en ambos casos nosotros entendemos que han
estado justo en operativos donde los han reconocido y han querido evitarles en
su imaginario algún tipo de dificultad”.

El poder y las fugas
Otro tema charlado con Palazzani fue uno que viene manifestándose desde que
se reabrieron las causas por los crímenes de la dictadura y que refiere al
peligro que se corre de que los imputados se fuguen. Es sabido que sobre este
problema las experiencias no son gratas: “Tuvimos y la seguimos teniendo una
mala con Arroyo en esta segunda tanda de juicios, Lawless se fugó de manera
burda, logramos recapturarlo pero sí la verdad que uno nota que cuando tienen
determinada edad y vislumbran algún futuro privado de libertad, vislumbran una
segura condena porque tanto la contundencia de la prueba hace que se vislumbre
que la condena va a ser grave porque son delitos de los más graves y la
cantidad de años que les espera en prisión es perfectamente previsible para las
defensas. Eso hace que inmediatamente la primera opción sea profugarse y como
sabemos hay un esquema de sostenimiento de redes de poder actual que las vemos
en todo ámbito que tienen posibilidad de sostenerse porque no es fácil estar
prófugo de la justicia así que todo eso hace que cualquier persona imputada que
esté en libertad se corra el riesgo de que se frustre la acción de la justicia
y en ese aspecto nosotros solicitamos siempre la detención y solicitamos cada
vez que hay una situación de libertad durante el proceso, cautelar justamente
previendo estas cosas y agotamos las vías recursivas para evitarlas. Bueno, en
algunas ocasiones como vemos tampoco lo podemos lograr”.
Relacionado a esto hay que nombrar al beneficio de la prisión domiciliaria el
cual se le suspendió al imputado Nougués, actualmente siendo juzgado, por
haberla violado: “A partir de una denuncia anónima que recibimos,
inmediatamente articulamos esfuerzos y trabajos con el tribunal oral y se logró
obtener la prueba para acreditar que estaba violando las condiciones de la
prisión domiciliaria el imputado así que inmediatamente el tribunal oral al
advertir eso le revocó la prisión domiciliaria y lo envió a prisión.
De cualquier manera es todo un tema ese porque el control de las domiciliarias
es complicado. Ha habido casos como sabemos y son conocidos que se los ha
encontrado en diferentes lugares, en Buenos Aires ya ha ocurrido, en un shopping,
paseando por una plaza, en fin. Y además una avanzada y un aluvión de pedidos
de domiciliaria basados en supuestas cuestiones de salud que también tenemos que
estar controlando permanentemente”.
Acerca de la salud de los represores en juicio, Palazzani indicó que desde la
fiscalía son muy respetuosos cuando se dan situaciones de problemas de salud
siempre y cuando sean reales: “Acá lo que advertimos es un grado de simulación
importante por un lado y por otro lado alguna dolencia propia de la edad, como
sabemos son imputados que tienen determinada edad ya, pero que ninguna no se
puede no tratar intramuros. Es decir, pueden estar perfectamente detenidos y
privados de libertad y al momento de necesitar algún tipo de atención como de
hecho se hace, se los traslada. Y de los que tenemos en prisión, pues ninguno
ha tenido ninguna dificultad cuando ha requerido la asistencia médica, todo lo
contrario. Nosotros decimos que tienen un doble estándar y no se los trata
igual que a los presos comunes o a los llamados presos comunes. Decimos que el
estándar es mucho más elevado, el de los privados de libertad por delitos de
lesa humanidad que el de los restantes presos. No es el mismo tratamiento,
desde la salud hasta la comida.

Entre bizarro y preocupante
En cuanto a la situación de Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, por estar
imputado por crímenes de lesa humanidad, Palazzani respondió: “La causa La Nueva Provincia digamos y en la
que está imputado Vicente Massot está en etapa de prueba tanto la que ha
solicitado la defensa como la que la fiscalía además está produciendo. Estamos
requiriendo diferentes tipo de informes, algunos por ser al exterior están
demorando un poco pero nosotros entendemos que más temprano que tarde
estaríamos presentando un segundo pedido de ampliación indagatoria un pedido de
ya procesamiento definitivo donde estaríamos haciendo una relectura de todo lo
que ha ocurrido en la causa para hacer una composición final de la acusación”.
Al final de la nota, se le preguntó a Palazzani sobre el foro de abogados de
represores de América Latina que se realizó recientemente: “Oscilo entre la
sensación de bizarrez, si existe la palabra, y por un momento la preocupación.
Los que han concurrido a ese foro ya sabemos qué opinan, cómo piensan y
realmente uno no se sorprende. Lo preocupante es por ahí algunos sectores de la
clase política que tienen ese discurso o al menos lo maquillan pero esconden
ese discurso. A mi me preocupa mucho más eso que estos personajes de la
prehistoria de siempre que ya sabemos qué van a decir, que los argumentos son
refutables y que a las dos preguntas se caen en sus fundamentaciones. A mi lo
que más me preocupa es cierta clase política que disfraza o maquilla el mismo
pensamiento pero no lo dice abiertamente porque no les será conveniente para
sus intereses coyunturales. Y eso sí me parece realmente para poner el ojo
porque es otra cosa, pueden estar en posiciones concretamente de ejercer el
poder en algunos sectores y puede entorpecer, obstaculizar o demorar aún más el
proceso que estamos viviendo que es ejemplar”.

Señalizaciones en Punta Alta
El próximo viernes 4 de septiembre a las 15:30 hs se señalizarán en Punta
Alta las Bases de Puerto Belgrano e la de Infantería de Marina Baterías como
parte de los sitios donde funcionaron al menos dos centros clandestinos de
detención durante la última dictadura. El acto se realizará en el puesto de
entrada N°1 de la Base Naval.
La Red Federal de Sitios de Memoria es un organismo interjurisdiccional que,
con la coordinación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, articula
la gestión de políticas públicas de Memoria entre el Poder Ejecutivo Nacional y
las áreas estatales de derechos humanos provinciales y municipales, con la
participación de los familiares de las víctimas, sobrevivientes y organismos de
derechos humanos.