La doctora Mónica Fernández representa como abogada querellante a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el tercer juicio que se lleva a cabo en Bahía Blanca por crímenes de lesa humanidad, al igual que lo hizo en los dos primeros.

Hace algunos días, Fernández Avello se hizo presente en un encuentro desarrollado en la Ex Esma del cual también participaron otros abogados querellantes, fiscales y miembros del Ministerio Público Fiscal, a fin de implementar estrategias para agilizar los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y así avanzar en el enjuiciamiento de los sectores civiles.

En entrevista, Fernández Avello dio detalles de la jornada y de las impresiones que se llevó al respecto sobre todo en lo que concierne a Bahía Blanca y la búsqueda de llevar a civiles a juicio: “Es la tercera reunión que participo, generalmente se hace una por año, siempre que participaba de estas reuniones cuando venía pensaba que Bahía Blanca no está tan mal, cuando escuchaba a los otros colegas hablar de lo que pasaba en sus jurisdicciones. Ahora tenemos el triste privilegio de estar entre los peores”.

Así y todo, la abogada señaló que en general la problemática suele ser la misma en casi todos lados: “Vemos que desde el año pasado ha habido una desaceleración en los juicios y esto nosotros lo vemos con las audiencias que se hacen cada quince días. Vamos a las audiencias y hay un solo testigo, es decir que va para largo.

Esto está ocurriendo en todas las jurisdicciones, y hay un tema muy importante que es que no podemos avanzar contra los civiles, que también es unánime en todas las jurisdicciones”.

En cuanto a las causas, Fernández Avello consideró que más allá del compromiso que las partes puedan tener para que no sea así “entendimos que esto ya es un problema político, es decir que sobrepasa los temas procesales, jurídicos y ya es un tema político, es decir que es el techo que nos están imponiendo.

En ese sentido estuvimos charlando y viendo distintas estrategias para poder lograr algo. Va a salir un documento, las dos jornadas fueron muy intensivas y el día sábado que nos reunimos a las 9 de la mañana, eran las tres y media de la tarde y no se iba nadie”.

Según informó, el documento será enviado al Consejo de la Magistratura, a la Comisión Interpoderes y a la Corte, entre otros organismos judiciales.

Consultada por la participación de los llamados operadores judiciales lo cual repercute en los retrasos y en las vueltas a cero de algunas causas. Fernández Avello fue más atrás refiriéndose al espíritu del propio Poder Judicial: “El Poder Judicial históricamente ha sido conservador. El fuero federal es un fuero digamos es el más conservador de los conservadores pero no nos olvidemos que nosotros en el mismo fuero federal tenemos jueces que han sido partícipes de la dictadura como Montezanti. Se habló mucho del tema de los jueces, de reflotar todas las denuncias que hicieron las madres con respecto a los jueces porque es un tema principal. Es decir, siempre terminamos en lo mismo, en el tema de la democratización de la justicia, siempre caemos en ese punto.

Acá en Bahía Blanca lo que ha ocurrido es que digamos es una serie de irregularidades que el Consejo de la Magistratura tiene que intervenir, que por eso te digo que este es el otro punto que cuando se denuncian a los jueces, a los secretarios, el Consejo de la Magistratura no resuelve entonces estamos como en un atolladero porque en realidad tenemos que empezar a denunciar a estos jueces, a estos secretarios que hacen este tipo de maniobras directamente a favor de los imputados”.

El poder real

Otro tema conversado en las jornadas de debate es el de los abogados ya que, dijo Fernández Avello, en las jurisdicciones se encuentran muy solos luchando contra los colegios de abogados y contra el mismo Poder Judicial: “Por ahí crear alguna herramienta que nos unifique a nosotros para poder tal vez expresarnos a nivel institucional o de una agrupación de derechos humanos de abogados. Son cosas que fueron surgiendo ahí pero si estamos hablando que el problema es político entonces no podemos avanzar porque no es que las herramientas jurídicas que nosotros usamos están mal y por eso nos va mal. Es un problema político y el poder judicial federal está enquistado ideológicamente con este tipo de personas que en definitiva tienen lazos muy estrechos con estos civiles que nosotros queremos juzgar. No se excusan, nosotros los recusamos y se defienden en su lugar entonces esto nos va poniendo una traba para seguir avanzando”.

En ese sentido volvió a hacer hincapié en la democratización judicial: “Obviamente que todo esto tiene que ver con la democratización, nosotros hemos heredado este Poder Judicial de la dictadura y este Poder Judicial no se pudo democratizar, esa es la verdad, porque no existió consenso político. Cuando se habló de una ley de democratización de la justicia, la oposición política no apoyó para nada, no se pudo avanzar”.

Si estamos hablando de sectores civiles acusados de colaborar con la dictadura o directamente de ser protagonistas de ella, y a la vez estamos hablando de las trabas que se ponen para que esos sectores no sean juzgados, claramente queda al descubierto la influencia de lo que se conoce como el poder real: “Ese poder real está también enquistado en la justicia, digamos nosotros podemos decir tenemos jueces que responden a ellos, que son sus verdaderos empleados.

Es más, los abogados que nos dedicamos a la profesión liberal, cuando tenemos eventualmente un juicio cualquiera, daños y perjuicios, contra ese poder real, ahí nos damos cuenta lo que pasa con la justicia, esto no es de ahora”.

La construcción del Poder Judicial es a través de miembros del poder real ya que quienes constituyen el judicial se eligen entre si mismos: “Nosotros siempre hablamos de familias ilustres que tienen dos o tres en el federal, familiares, otros en el provincial, abogados afuera…familias ilustres, se eligen entre ellos, se manejan entre ellos. Obviamente atacar al poder real tiene sus costos”.

Acerca de qué hacer y cómo actuar frente a esto, nombró a la interpelación como única herramienta idónea, esto es la denuncia por mal desempeño en las funciones que se hace ante el Consejo de la Magistratura: “Obviamente que lo que uno tendría que hacer políticamente es democratizar el Poder Judicial”.

Igualmente la interpelación tampoco es seguridad de nada: “A Montezanti hace cuatro años lo denunciaron, todavía no resolvieron. Es decir, qué es lo que pasa después…”.

Otras propuestas mencionadas en las jornadas vinieron de parte de Pablo Llonto para la creación de un fuero especial para juicios de lesa humanidad, y la del doctor Julio Maier quien propuso juicios por jurado.

Ahora bien, volviendo a los juicios que hoy se hacen por crímenes de lesa humanidad, Fernández Avello opinó que están perdiendo consenso social: “Al principio hubo mucho consenso social para que se hagan estos juicios, yo creo que últimamente ese consenso social ya no es tanto y tal vez tengamos más que trabajar en el tema de la memoria y de la importancia, es decir como empezar a retomar…”.

Autor: Redacción Ecodías