Días después de que se realizara la inspección de
la Procuraduría
contra la Violencia Institucional (Procuvin) a la Unidad
Penal Nº 4 de Villa Floresta y se elevara el informe correspondiente, jefe del
Complejo Penitenciario Nº 4 de Villa Floresta en nuestra ciudad de Bahía
Blanca, el prefecto Miguel Ángel Soberón, fue desplazado de su cargo por orden
del director del Servicio Penitenciario Bonaerense.

En
la década del 80, una banda de rock argentina cantaba que “si esta cárcel sigue
así, todo preso es político…”. Y parece que algo de eso hay en este cruel
presente que viven los que viven justamente o sobreviven en la cárcel de Villa
Floresta de nuestra ciudad de Bahía Blanca.
No se trata de un caso, de dos o de tres internos en particular. Se trata de
una cuestión institucional, de condiciones de vida impuestas históricamente en
el sistema penal, se trata de una política llevada a cabo destinada a reducir
la dignidad de las personas privadas de su libertad y sobre todo esconderlas de
lo que se conoce como la actualidad pública. Esta cuestión sistemática es la
que tal vez, creemos, de sentido a la frase de la canción.
El 16 de diciembre pasado El titular de la
Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), Abel Córdoba, junto
con personal de ese organismo y otros miembros del Ministerio Público de la
Nación y jueces locales, inspeccionó la Unidad Penal N° 4 de Villa Floresta. En
el procedimiento encabezado por la Procuvin participaron el juez de ejecución
local, Claudio Brun, la jueza de Garantías bahiense, Susana Calcinelli, y
representantes de la Fiscalía General federal y de la Unidad Fiscal que
investiga crímenes de lesa humanidad en esa ciudad.
Esta inspección del penal formó parte del trabajo que viene realizando la Procuvin
para monitorear la situación de encierro en instituciones carcelarias, tanto
federales como provinciales. En este caso el penal de Villa Floresta pertenece
a la estructura del Servicio Penitenciario Bonaerense.
En diálogo con EcoDias y al respecto, el fiscal Abel Córdoba señaló: “Nosotros
hemos planteado la violencia institucional como el eje que seguía a lesa
humanidad. Luego de el juzgamiento que esta en marcha, quedaba ir por una
agenda más amplia abordando las torturas del presente. Allí nos encontramos con
la gravedad de la situación con la que venimos encontrando en todos los penales
del país, situaciones de violencia extrema, hambre en los detenidos,
condiciones inhumanas de detención, amenazas, riesgo constante de que se
produzcan muertes, privación de salud y si uno indaga en las vivencias de las
personas concluye que lo que están padeciendo son torturas por el hecho de que
muchas personas son llevadas, prácticamente hubo muchas referencias a que
muchas personas están al borde del suicidio en ese lugar por el cercamiento que
se les hace desde lo penitenciario . Y eso es una situación que debemos abordar
como Ministerio Público, de modo constante y hemos dado acá en esta etapa el
primer paso para empezar un monitoreo constante del lugar que nos ha dejado
preocupados porque hay situaciones o espacios dentro del penal, por ejemplo
Sanidad, donde no es posible darse cuenta que ese es un lugar para la curación
de personas sino que es un lugar donde cuesta entrar del ardor que produce en
los ojos el olor que hay en ese lugar, de la suciedad, la presencia de
insectos, de cucarachas”.
Casi 50 grados de sensación térmica contó Córdoba que hacían el día de la
inspección: “No había un solo ventilador para personas que están postradas en
sus camas con cuadros psiquiátricos que apenas les permiten tener conciencia de
la situación. Y pabellones donde hay más de cien personas que viven
directamente en una cloaca, donde el pasillo interno que divide la celda son
cloacas que están rebalsadas con personas encerradas en celdas sin agua
haciendo sus necesidades acumulándolas dentro de la celda. Una situación que
degrada a las personas, que implica la violación de sus derechos y que debe ser
abordada radicalmente. A partir de esta impresión nosotros seguiremos y veremos
cuáles van siendo las acciones judiciales que entablamos”.

Hambre y violencia
Algunas de las situaciones descriptas fueron encaradas en el momento por
los profesionales: “Había personas castigadas, encerradas, confinadas desde hacía
muchos días sin comer, eso fue solucionado en el momento. Tuvimos que hacer dar
de comer a algunas personas porque estaban con mucha hambre. A partir de ahí
nosotros vamos a evaluar lo que viene siendo constante, que estas condiciones
estructurales de violación de derechos suelen ser respondidas con un habeas
corpus colectivo que aborde cada una de las situaciones. Sin dudas algo hay que
activar porque el sistema judicial allí es responsable también de esas
condiciones”.
Consultado por EcoDias sobre las respuestas de las autoridades del penal,
Córdoba respondió: “El discurso penitenciario está desplegado, está armado para
encubrir, negar y minimizar todas estas violaciones. Por lo tanto lo que digan
los penitenciarios nosotros lo sabemos de memoria el discurso penitenciario.
Hablan de falta de recursos y de una población conflictiva, lo que nosotros
vemos es que el servicio penitenciario es parte del problema, es parte de
quienes configuran esta situación de violación de derechos y que deben dar
respuesta efectiva a situaciones como tener negados todos los derechos de las
personas por disposición o delegado, tercerizada del gobierno penitenciario.
Nos hemos dado con situaciones donde los propios penitenciarios les preguntaban
a algunos detenidos que habían sido empoderados por ellos, dónde habían puesto
a otros detenidos. Es decir, hay una delegación que pocas veces se ha visto de
que el régimen penitenciario lo manejan algunos detenidos y eso obviamente
genera luego cuando hay muertes o violencia, una situación de impunidad por la
delegación y por el desmanejo que eso genera en una unidad”.