En su última sesión antes del receso, el
CSU aprobó por unanimidad un proyecto de resolución que proponía reincorporar a
la planta de la UNS
a un trabajador no docente que había sido cesanteado durante la última
dictadura cívico militar. En el tramo final de la década del ’70, sufrió la
persecución de Remus Tetu y el capitán de navío Raúl González.

La
Universidad Nacional del Sur (UNS) entró esta semana en su periodo invernal de
receso, que se extenderá por una quincena. Con ello, no se llevarán a cabo
sesiones del Consejo Superior Universitario (CSU) hasta la reanudación de las
actividades académicas y administrativas.
El último plenario, desarrollado el miércoles 11 de julio pasado, arrojó una
noticia positiva y reparadora. Por unanimidad, el cuerpo decidió aprobar el
proyecto de resolución que proponía reincorporar a la planta estable de
personal de la casa de estudios al trabajador no docente Eduardo Bayón, que
había sido cesanteado durante la última dictadura cívico militar. Además, se le
respetará la antigüedad correspondiente al periodo comprendido entre el momento
de su cesantía y el último día de agosto de 1984.
El proyecto de resolución que proponía dar luz verde al reingreso de Bayón a la
planta estable de trabajadores de la
UNS contaba con dictamen favorable de la Comisión de
Interpretación y Reglamento y se enmarca en la política de reparación histórica
que la casa de estudios lleva adelante desde la creación de su Subsecretaría de
Derechos Humanos. El Consejo Asesor de la cartera, presidido por Estela de
Carlotto e integrado por agrupaciones como HIJOS o la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos (APDH), cuenta con una Comisión dedicada especialmente
a trabajar iniciativas que tengan que ver con la reparación histórica hacia
trabajadores, docentes y estudiantes perseguidos durante el periodo del
Terrorismo de Estado, entre mediados de los ’70 y principios de los ’80. Fue el
ámbito del que provino el proyecto original, luego refrendado en la mencionada
comisión y el posterior plenario del CSU.

El caso Bayón
En el caso puntual de Bayón, su cesantía había sido dispuesta originalmente
por el rector interventor Remus Tetu, aún durante el periodo democrático
inmediatamente anterior al golpe de Estado de marzo de 1976. Tetu, vinculado a
la organización terrorista ultraderechista conocida como “Triple A”, cesanteó a
Bayón mediante la resolución 173, en 1975. Sin embargo, la decisión fue dejada
sin efecto durante el mismo año.
Un nuevo vuelco a la situación laboral del trabajador se dio en 1976, ya con el
capitán de navío Raúl González como interventor militar. Además de ordenar la
confiscación de numerosos libros que formaban parte del catálogo de las
bibliotecas de la UNS,
González dejó firme la cesantía de Bayón en aplicación de la Ley 21260, sancionada durante
el periodo dictatorial, que “autorizaba a dar de baja a empleados públicos por
razones de seguridad, en tanto personal vinculado de cualquier forma a
actividades de carácter subversivo o disociadoras”, según se recordó en el
proyecto aprobado en el último plenario del CSU.
Con la vuelta de la democracia, en 1984, y en cumplimiento de la Ley 23068 de Normalización
Universitaria, el rectorado de la
UNS dictó la resolución 364, mediante la cual informó al
Consejo Superior Provisorio del nuevo marco legal, por lo que lo habilitó a
sancionar la resolución 114 durante ese mismo año. Así, se dispuso reincorporar
a los docentes y no docentes que fueron objeto de cesantía o prescindibilidad
durante la dictadura cívico militar.
Entre los considerandos que se enumeraron en el texto debatido el miércoles 11 se
encuentra el argumento vinculado a que “es necesario mantener activa la Memoria realizando una
imprescindible reparación histórica con el señor Bayón, reincorporándolo a un
idéntico o similar puesto de trabajo; con derecho al reconocimiento de
antigüedad que le correspondiere, sin que ello implique el reconocimiento de
salarios devengados en dicho periodo”.
En la misma línea, el texto destaca que casos como el de Bayón expresan “la
necesidad de reparación incuestionable del grave daño causado por el castigo y
persecución de personas por su ideología política o gremial, agravado por
hechos generados desde la violencia ejercida durante los años de la última
Dictadura Militar, haciendo efectiva la restitución inobjetable de los espacios
laborales que injustamente les fueran arrebatados y como expresión de
reparación mínima”.
De este modo, el trabajador no docente será reincorporado a la planta estable de
personal de la UNS
en un cargo de categoría 7 del Agrupamiento Mantenimiento, Producción y
Servicios, por lo que pasará a cumplir funciones en el área de la Secretaría de Bienestar
Universitario. Además, se le reconocerá la antigüedad para el periodo comprendido
entre la fecha de su cesantía y el 31 de agosto de 1984.

La carta de Estela
El doctorado honoris causa que le entregó el rector Guillermo Crapiste
abrió el camino para que la titular de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela
Barnes de Carlotto, recibiera la propuesta de presidir en forma honoraria el
Consejo Asesor de la
Subsecretaría de Derechos Humanos de la UNS. El cuerpo, integrado
por organizaciones políticas, sindicales y de defensa de los Derechos Humanos,
es el encargado de discutir y elevar propuestas que, previa aprobación del CSU,
puedan ser aplicadas por el rectorado.
A mediados de mayo de este año, Carlotto aceptó el nombramiento. Y hace pocos
días, la Subsecretaría
de DDHH de la casa de estudios publicó, a través de la red social Facebook, la
misiva en que la titular de Abuelas de Plaza de Mayo daba cuenta de
“agradecimiento” ante el ofrecimiento.
En la carta, dirigida al rector Crapiste, Carlotto dice sentirse “honrada” por
la propuesta, y subraya que “con emoción acepto la designación como una forma
de reconocimiento a la loable tarea que se han impuesto, y que coinciden con
los postulados de Abuelas de Plaza de Mayo”.
“Deseo, además, acompañar este espacio que han instituido en este ámbito
académico”, concluye.