Como explicó en su momento el fiscal José Nebbia a EcoDias, los alegatos son la evaluación que hacen las partes sobre la acusación inicial que se leyó al comienzo del juicio, la prueba que se produjo con la documentación, las testimoniales y si se acreditó o no la imputación que se sostuvo al comienzo. Los alegatos constituyen, podríamos decir y agregar, la etapa final del juicio porque después de los mismos se les da la posibilidad a los acusados de que digan sus últimas palabras antes de la sentencia, y luego justamente se realiza una audiencia en donde se da a conocer la misma.
Los alegatos los deben hacer todas las partes del juicio y en éste, el tercer juicio a represores que se realiza en Bahía Blanca, el orden que se estableció, otorgó el primer lugar para que lo desarrolle el Ministerio Público Fiscal, el segundo turno es para las querellas y el último corresponde a las defensas particulares y oficiales.
Si bien por el concepto expuesto al comienzo, puede llegar a suponerse que es una instancia simple y breve, al menos en este tipo de juicios que son largos y de gran volumen por la cantidad de hecho, de acusados y de testigos, la del alegato es una parte bastante extensa. Por ejemplo, en este tercer juicio a represores el alegato de la fiscalía arrancó en la mañana del martes 11 de agosto de 2015, continuó el miércoles 12 y seguiría el lunes 24 de agosto sin descartarse que pueda ocupar más audiencias.
En su comienzo, el alegato de la fiscalía hizo hincapié en una serie de hitos que se repiten en los tres juicios por delitos de lesa humanidad que se hicieron en Bahía Blanca. También apuntó al papel de La Nueva Provincia en el Terrorismo de Estado, hizo mención a complicidades judiciales, eclesiásticas y empresariales, y se precisó una reseña de la historia de la Armada Argentina, el rol de ésta en las violaciónes a los derechos humanos, y el soporte normativo mediante el cual se llevó a cabo el plan de exterminio.
El alegato en cuestión corresponde al juicio que se está llevando a cabo en el marco de la causa número 1103, conocida como “Armada Argentina” que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos justamente en el ámbito de la Armada Argentina”, específicamente en la Base Naval Puerto Belgrano y sus demás dependencias.
El juicio tiene como imputados a Víctor Aguirre, Luis Bustos, Felipe Ayala, Raúl Domínguez, Víctor Fogelman, Francisco Martínez Loydi, Héctor Selaya, Carlos Stricker, Alejandro Lawless, Leandro Maloberti, Néstor Nogués, Tomás Carrizo, Oscar Castro, Raúl Otero, Gerardo Pazos, Pedro Pila y José Luis Rippa. A todos ellos se les suman para completar una lista de 23 acusados: Guillermo González Chipont, Félix Cornelli, Enrique De León, Manuel García Tallada, Edmundo Núñez y Luis Pons.
La audiencia del martes 11 de agosto comenzó pasadas las diez de la mañana, bastante más tarde que el horario fijado para las nueve. Si bien esto es algo que viene ocurriendo a lo largo de todos los juicios que se hicieron en nuestra ciudad en lo que a crímenes de lesa humanidad respecta, la diferencia es que esta vez un secretario del tribunal anunció a todos los presentes sobre la demora. Explicó que la tardanza se debía a problemas en las conexiones de videoconferencia con los tribunales de Comodoro Py, detalle que al igual que el de las demoras, se repitió en varias audiencias del juicio. La comunicación con Comodoro Py se lleva a cabo debido a que en esos tribunales hay acusados que asisten a las audiencias bajo esa modalidad y deben escuchar y ver lo que sucede en las mismas desarrolladas en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur.
Empezar a saldar
La exposición del alegato del Ministerio Público Fiscal contó con la presencia de los fiscales José Nebbia, Miguel Palazzani y el equipo de trabajo que los acompaña en la investigación de los hechos que se encuentran dentro de las diferentes causas.
Fue Nebbia quien dio apertura a la instancia: “Hemos recorrido un largo camino hasta aquí”, señaló no solo por los meses que se llevan de juicio sino por “39 años de espera, 39 años de impunidad que hoy empezamos a saldar…”.
Nebbia habló del genocidio perpetrado por la mano de obra barata y descartable de los que en aquel momento poseían, y algunos poseen hoy, el poder real.
Este juicio, continuó, lo que hizo es dar cuenta de lo que aconteció en la región que incluye a Bahía Blanca, pero de una manera más completa: “Este juicio, señores jueces, es fundamental y necesario para una toma de conciencia colectiva”.
Para el Ministerio Público Fiscal, con este juicio se completa la historia de la región ya que en los anteriores, lo analizado fue lo actuado por imputados que pertenecieron al Ejército más allá que entre ellos también los había de la policía.
En cambio, este tercer juicio incluye a integrantes de Prefectura Naval Argentina, Base Naval y Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Como ya se dijo, el fiscal Nebbia señaló algunos hitos que se repiten en este y en los juicios anteriores. En ese sentido repasó el rol del diario La Nueva Provincia en el plan criminal, argumentando que víctimas y familiares de víctimas que testimoniaron, hablaron del diario y de la propaganda negra de La Nueva Provincia.
Nebbia recordó que gracias a la primera sentencia, el responsable vivo (Vicente Massot, director del diario) tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados.
Esto viene a cuenta que en la sentencia del primer juicio, el tribunal, que es el mismo que el de este juicio, ordenó investigar el papel del diario en la dictadura. A lo largo del alegato, adelantó Nebbia, se hará referencia a la relación del diario con casos como el de, por ejemplo, los asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Loyola, ambos trabajadores de La Nueva Provincia.
“Hay empresas que prefieren matar a sus empleados que indemnizarlos”, dijo alguna vez Acdel Vilas y esa misma frase fue citada por el fiscal Nebbia.
Otro punto remitió a las complicidades empresariales, judiciales y eclesiásticas para llevar a cabo el plan militar. Nebbia habló de sacerdotes de las Fuerzas Armadas y de reglamentos militares que indican la función de los capellanes.
El propio Adolfo Scilingo, dijo Nebbia, reconoció el apoyo espiritual de los capellanes hacia los represores de la Armada que no soportaban el peso de haber tirado personas al mar.
Luego de hacer mención a que la reconstrucción histórica pasa por el rol de la Armada en la llamada lucha contra la subversión, Nebbia empezó a alegar sobre los orígenes de esa fuerza, trazando un paralelo y una diferencia entre aquellos iniciadores y quienes hoy están siendo juzgados.
Fue así que habló de la Marina, del bombardeo de 1955 a Plaza de Mayo y del papel en ese suceso de los aviones de la Base Comandante Espora. Ese hecho, dijo, fue el peor ataque terrorista de la historia argentina en manos de la Armada.
Siguiendo con ese marco histórico, relató cuestiones vinculadas a lo que fue el derrocamiento de Perón y a la misión del buque 9 de Julio en esos hechos, buque que en la última dictadura fue un centro clandestino de detención por el cual pasaron muchas víctimas que atestiguaron en el actual juicio.
Volviendo al rol de la Marina, señaló que el mismo fue protagónico en la represión de obreros del gobierno que terminó con el de Perón.
Al respecto, el fiscal mencionó a la Junta de Defensa de la Democracia cuyo objetivo era investigar partidos, organizaciones estudiantiles y demás. Esa junta fue creada por el gobierno militar que tomó el poder en el año 1955.
Justamente eso, dijo Nebbia, fue una revancha clasista pero que no triunfó y por esa razón tuvo su continuación en el Golpe de Estado de 1976.
La Masacre de Trelew y la participación de la Marina en ella, sirvió de antesala para lo que fue la dictadura que, por cierto, no se produjo por generación espontánea sino que ha sido perfectamente planeada antes de esa fecha, afirmó el fiscal.
Normativización represiva
Más tarde, Nebbia se refirió a una normativización represiva contra el peronismo y cualquier expresión social de solidaridad: llámese socialismo, comunismo, etc.
Esa normativización se encuentra dentro de lo que se considera el papel de la Armada como “guardianes del mundo occidental”.
Nebbia citó dichos de testigos que relataron que siendo miembros de la fuerza, fueron entrenados para la llamada lucha contra la subversión.
En cuanto a lo que militarmente se conoció como Proceso de Reorganización, Nebbia habló de las consecuencias que trajo en cuanto al pensamiento social ya que hubo testigos que contaron cómo la comunidad en la que vivían les dio la espalda una vez que fueron liberados del cautiverio. Sobre ello dijo que La Nueva Provincia y las instituciones militares sirvieron para formatear a las comunidades. En ese punto, volvió sobre las complicidades judiciales y las trabas para el desarrollo de las causas.
El juicio a la Armada llega, señaló, diez años después de abierto el proceso de memoria, verdad y justicia lo cual habla de la inhibición de jueces de intervenir ya que pasaron más de una decena y todos se excusaron por diferentes motivos. La demora, afirmó, se paga con la moneda de la impunidad.
Retomando la cuestión de lo normativo justamente hizo hincapié en el soporte normativo mediante el cual se llevó a cabo el plan criminal y que el mismo plan secreto del Ejército, además existió en la Armada a través del llamado Placintara 75.
Fue así que Nebbia se explayó sobre diferentes casos y directivas que hacen a la normativa como así también una descripción del Placintara. El fenómeno criminal, dijo, se ve reflejado en los reglamentos.
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