Durante el martes 3 y el miércoles 4 de marzo, se desarrollaron nuevas audiencias correspondientes al tercer juicio a represores que se realiza en Bahía Blanca. El mismo se lleva a cabo en el marco de la causa número 1103 conocida como “Armada Argentina” y caratulada como “Fracassi, Eduardo René y otros…” que comprende los delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito de la Armada Argentina, específicamente en la Base Naval Puerto Belgrano.

Por esta causa, están siendo juzgados 25 imputados que son Víctor Aguirre, Luis Bustos, Felipe Ayala, Raúl Domínguez, Víctor Fogelman, Francisco Martínez Loydi, Héctor Selaya, Carlos Stricker, Alejandro Lawless, Leandro Maloberti, Domingo Negrete, Néstor Nogués, Tomás Carrizo, Oscar Castro, Raúl Otero, Gerardo Pazos, Pedro Pila y José Luis Rippa. A ellos se les suma, Guillermo González Chipont, Félix Cornelli, Enrique De León, Eduardo Fracassi, Manuel García Tallada, Edmundo Núñez y Luis Pons.

Durante los últimos días de audiencias hablaron diferentes testigos por el sistema de videoconferencia como fue el caso de Enrique Fernández y Gonzalo Conte sobre cuyos testimonios se hará referencia en esta nota.

Asimismo organismos de derechos humanos de Bahía Blanca expresaron su preocupación debido a lo que ha pasado con algunos testigos víctimas que al momento de prestar declaración solo les fue permitido hablar del o los casos por los que fueron citados y no pudieron desarrollar su experiencia personal respecto a lo sufrido durante la dictadura por no ser justamente su caso materia de juzgamiento en esta causa.

Esta postura fue tomada por el tribunal en mayoría ya que así lo consideraron los jueces José Triputti y Martín Bava, mientras que el juez Jorge Ferro mostró su disidencia. La decisión impide a las partes poder preguntar a algunas víctimas sobre lo que vivieron.

Todo esto se vio reflejado por ejemplo cuando la testigo víctima Liliana Griskan dijo haber visto al acusado Lawless en el V Cuerpo de Ejército y cuando tenía que decir en qué circunstancia ella se encontraba en ese lugar, no se le permitió continuar con su relato.

Por este tema, EcoDias dialogó con Alejandra Santucho, integrante de la agrupación HIJOS de Bahía Blanca, y con Eduardo Hidalgo, secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de nuestra ciudad. Las palabras de ambos referentes de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, también se verán reflejadas en esta nota, pero antes los testigos que pasaron al cierre de esta nota, en próximas ediciones reflejaremos otras cuestiones que se vivieron durante estas audiencias.

Enrique Fernández

Dos testigos declararon en la mañana del martes 3 de marzo y los dos lo hicieron por el sistema de videoconferencia. El primero testimonió desde el Consejo de la Magistratura de Capital Federal y fue Enrique Alberto Fernández quien al momento de ser preguntado sobre si conocía a algunos de los acusados, respondió afirmativamente sobre los imputados Martínez Loydi y Pila. Fernández es retirado de Prefectura Naval Argentina y dijo que entró a la escuela de cadetes casi al mismo tiempo que Martínez Loydi por lo cual lo conoce desde principios de su carrera.

Enrique Fernández es hermano de Diana a quien fueron a buscar fuerzas de la Marina en 1976. Fernández no recuerda qué día fue pero sí que su padre lo llamó diciéndole que habían ido a buscar a su hermana al domicilio de Villa Rosas, Bahía Blanca. El padre le dijo que los visitantes eran soldados y fue así que Enrique Fernández que trabajaba en Prefectura, salió de allí preocupado por la integridad física de Diana.

Contó el testigo que cuando llegó a la casa se encontró con dos blindados y soldados con armas largas. Fernández se identificó con su credencial pero se le gritó la orden de ALTO y se le apuntó con un arma.

Finalmente, Fernández pudo ingresar a la vivienda junto a una autoridad a cargo y allí estaban su esposa embarazada y sus padres, entre otras personas.

Cuando terminó el operativo, sin éxito para los ocupantes, Fernández se dirigió a la oficina de Prefectura en Bahía Blanca donde le dio conocimiento de lo sucedido al jefe de apellido Rizzo.

Pero en esa oficina también estaba una autoridad de la Infantería de Marina de apellido Paiva quien dijo haber sido el que dio la orden del allanamiento.

Tras ello, Fernández lo trató de “hijo de mil putas” por haber hecho eso ya que podrían haberle dado aviso siendo Fernández miembro de Prefectura. Fernández conocía a Paiva ya que Infantería de Marina tenía asiento en White Paiva se disculpó y fue Rizzo quien intervino y sugirió a Fernández que vaya con su hermana al V Cuerpo de Ejército que él le aseguraba garantías respecto a la seguridad de Diana.

Así lo hicieron, Diana quedó detenida siendo puesta en libertad al otro día.

Según Fernández, él no recibió explicación de por qué habían ido a buscar a su hermana. Al dejarla en el V Cuerpo quedó establecido el compromiso de que la iban a interrogar para luego liberarla.

Fernández prestó servicio entre 1975 y 1977 y dijo no haber visto nada fuera de lo normal entre ese período en la fuerza que integró. Respondió además que no hubo orden judicial para detener a su hermana y que no tiene conocimiento de que a Diana la hayan maltratado. Comentó que ella salió del V Cuerpo en buenas condiciones salvo el estrés sufrido por la situación.

Respecto a los imputados que conoció, señaló que habló con Martínez Loydi sobre su futuro en Prefectura y que éste le dijo que no se preocupara.

Por su parte, Pila era su superior al igual que el nombrado Rizzo.

En 1976, Fernández tenía unos 30 años y estaba a cargo de dos oficinas del área de Logística de Prefectura de Bahía Blanca. Luego de su retiró no volvió a tener contacto con Pila y con Martínez Loydi de quien dijo, en respuesta a una pregunta, que estuvo en la guerra de Malvinas como jefe de Prefectura. Sobre su hermana declaró que estudiaba Biología en la universidad, que luego pasó a Enfermería, que supone que era buscada por una ideología afín a un novio que tenía y que la situación le provocó a ella problemas de depresión.

Gonzalo Conte

El arquitecto Gonzalo Conte, integrante de Memoria Abierta ya había declarado en juicios anteriores y ahora le tocó hacerlo de nuevo en éste que compete a los hechos ocurridos en el ámbito de la Armada.

Conte brindó detalles sobre el trabajo realizado en la Base Naval Puerto Belgrano y en Baterías el cual fue iniciado con una inspección el 19 de octubre de 2007 convocados por el juez Eduardo Tentoni a sugerencia del fiscal Hugo Cañón y de la unidad fiscal que dirigía el doctor Abel Córdoba.

Según Conte fue una larga inspección a la cual concurrieron testigos víctimas como Carracedo, los hermanos Giorno, Izarra, Larrea, Pellegrini y Mantovani, entre otros.

A partir de esa labor se hizo una pieza audiovisual que contiene fotos, planos y demás elementos que ponen valor al recurso jurídico. En líneas generales, los testigos reconocieron el lugar, mostraron desplazamientos y demás detalles en dos o tres espacios que fueron utilizados para el confinamiento de personas.

El primer sitio pertenece a la policía de establecimientos navales y los testigos describieron la forma de llegada previa al edificio, calles de acceso y tipo de pavimento.

Carracedo, Izarra y Néstor Giorno contaron su llegada a una parte que ahora está cubierta y donde hay una pared en la cual aguardaban para ser interrogados. Conte declaró que los hechos que relató los vio y que junto al equipo de trabajo filmaron todas las escenas nombradas que a su juicio son las más relevantes de ese día.

Agregó que los testigos también reconocieron la distribución interior debido a que notaron varios desniveles que se reconocían de aquella época. También reconocieron lugares de interrogatorio y el propio Buque 9 de julio.

Por otra parte, hubo inspecciones con menos éxito en hangares y galpones mientras que lo contrarió ocurrió en Baterías “sector al cual se puede llegar por la misma Base”.

Testimonió Conte que eran las baterías antiaéreas de la custodia militar de la costa y que la que habría sido utilizada es la número 3 siendo la más reconocida. El equipo recorrió además la número seis.

La testigo víctima Mantovani vio una especie de ganchos metálicos insertos en las paredes laterales y comentó que fue colgada de esos ganchos. Conte agregó que cada uno de los testigos fue my preciso en describir situaciones y que hubo un esfuerzo muy importante en reconocer las distintas instancias que vivieron.

CUENTE PERO NO CUENTE

Cambios que preocupan

Tal como se dijo, organismos de derechos humanos manifestaron su preocupación tras lo ocurrido con la declaración de algunos testigos que también son víctimas y que al momento de testimoniar solo se les permitió referirse al caso para el cual fueron citados pese a que esas personas también sufrieron la dictadura militar.

En razón de ello, EcoDias dialogó con Alejandra Santucho, integrante de HIJOS, quien señaló: “La verdad que es una modalidad un poco que está llevando últimamente el tribunal que se remite solamente a lo que tiene que ver con esta causa. Lo que todos sabemos es que la gente viene acá y se sienta a contar todo lo que le sucedió. El testigo, la víctima no sabe si tiene que contar una parte, si tiene que contar todo entonces esto crea determinadas confusiones, permanentes interrupciones donde la víctima se ve interrumpida, largos debates entre las partes, uno que quiere, la defensa que pide, el tribunal que otorga y la verdad que es un tema que nos preocupa bastante porque no es una práctica que este tribunal haya llevado antes. En los dos juicios anteriores e incluso en este mismo juicio en otros testimonios se los ha dejado hablar abiertamente y espontáneamente como creemos que tiene que ser. Después el tribunal tomará de ese testimonio lo que le interese y descartará lo que no le interese pero así está sucediendo en estos momentos y es algo que nos preocupa bastante”.

Agregó Santucho que esa postura se dio para con varios testigos. “Se acota a la persona diciendo que no puede hablar de determinadas cosas sino que está para hablar de lo que figura en la causa. Crea mucha confusión en los testigos más cuando fueron víctimas, gente que estuvo secuestrada, gente que padeció determinadas cuestiones que creemos nosotros que hay que dejarlos explayarse y después tomar lo que corresponda de eso”.

Santucho destacó las ejemplares sentencias anteriores de este mismo tribunal y espera que la de este juicio no sea la excepción.

“Por un lado se dice que es para agilizar, para que la persona no pierda tiempo explicando otras cuestiones que no vienen a la causa pero a la vez se generan debates interminables donde se pierde también tiempo así que es medio contraproducente. Aparte de eso, una de las cuestiones también más importantes es que esta gente va a tener que volver a declarar, que eso va en contra por ahí de determinadas cuestiones que la Corte viene marcando de las famosas reglas prácticas donde se trata de no revictimizar a la víctima haciéndola declarar una sola vez y no infinidades de veces. La mayoría de esta gente que fue interrumpida va a tener que volver porque su causa o su caso está en otro de los juicios que vendrán más adelante y eso se podría haber evitado”.

La mirada sobre las distintas causas

Sobre el mismo tema, EcoDias consultó a Eduardo Hidalgo de la APDH Bahía Blanca quien opinó: “Es notorio que el tribunal ha cambiado metodológicamente muchos aspectos que tienen que ver con el desarrollo del juicio, el trato con las víctimas, ciertos privilegios hacia pedidos de la defensa que se manifiestan en esto de no permitir que determinados testigos hablen en general de lo que significó la represión en su vida y circunscribirlo a algún hecho puntual que es el que tratan”.

Para Hidalgo es esa la parte más compleja y más molesta ya que, dijo, no se trata de un juicio civil donde se habla de determinada historia “estamos hablando de una metodología represiva, criminal que ha generado lo que ha generado y entonces el testigo cuando se sienta frente al tribunal debe hablar de todo. No importa si es de su caso personal o si no es de su caso personal, acá no hay individualismos, esto es un juicio que tiene que ver con una comunidad que recibió una represión criminal durante lo que sabemos fue la dictadura cívico militar. Eso es un cambio en el tribunal que a mi me parece que no es beneficioso, creo que las razones por las cuales las hacen deben tener, supongo yo, deben tener que ver con cambios en la mirada sobre las distintas causas que, insisto, aún cuando tengan alguna explicación que yo la desconozco porque ellos tampoco la han dado, deberían volver y retrotraerse a lo que fue en un principio porque es indudable que el juicio del 2011 al juicio del 2015 no es el mismo. El del medio fue cambiando gradualmente esta metodología y esta forma de visualizar el significado de un testimonio. Después hay permisividades desde nuestro punto de vista de toda índole. Lo que antes reclamaban las defensas que eran más que nada, yo diría, hasta chicanas de apurar al tribunal y de apurar a los testigos aunque con mucha sutileza en algunos casos, ahora forman parte de la metodología de trabajo y se le permite esta cuestión a los defensores”. Además señaló que espera que dicho cambio de conducta no tenga una traducción negativa en la sentencia.

Hidalgo en su momento declaró como testigo al igual que Santucho por lo cual EcoDias le preguntó cómo puede perjudicar al declarante que no pueda contar toda su historia. “Lo que pasa es que en general los que pasamos por la represión, al momento de llegar a la circunstancia del testimonio lo que buscamos no es solamente lo que es lógico y natural que es que se haga justicia no con lo propio sino en general aportando lo que a uno le pasó, sino que el poder contarlo tiene un significado sanador para el testigo, es recuperador.

Esto no lo digo yo, esto lo dicen profesionales de la psicología y de un montón de aspectos que han sido analizados desde el comienzo aquí en la Argentina y fuera de la Argentina con otros casos parecidos. Entonces me parece que eso también va en contra de esa posibilidad, va en contra de la igualdad de posibilidades frente a poder declarar ante un tribunal lo que le pasó, que insisto no es una cuestión de individualismo sino que es una cuestión de comunidad. Los delitos de lesa humanidad fueron producidos contra grupos nacionales y contra la comunidad argentina”.

Autor: Redacción Ecodías