Luego de ser encontrado por Interpol,
el cura Aldo Vara continúa preso en Paraguay acusado de delitos de lesa
humanidad.
También se denunció al arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo Garlatti y al
apoderado de Vara, Leopoldo Bochile, debido a que Vara percibía una jubilación
proveniente de la Iglesia.

Al
igual que con el caso Massot, el del cura Aldo Vara también se origina con la
sentencia del primer juicio a represores de Bahía Blanca. Es que allí se ordenó
investigar el accionar de Vara durante la dictadura y luego, efectuada la
denuncia, se dispuso su detención. La diferencia con Massot es que Vara se
profugó, se escondió pero su escape llegó a su fin semanas atrás cuando fue
encontrado por Interpol en Ciudad del Este, Paraguay.
Entre los años 1971 y 1979 Vara revistó como Capellán del Comando V Cuerpo de
Ejército y Batallón de Comunicaciones 181. Y fue Vara quien hizo caso omiso a
las heridas provocadas por la tortura, que les mostraron un grupo de
estudiantes que fuera secuestrado durante la dictadura militar, aunque ese es
solo uno de los ejemplos.
Vara cumplió funciones de capellán con grado de capitán y se lo imputa por
hechos que tuvieron como víctimas a un centenar de personas.
Gracias a su rol, se garantizó la continuidad de la privación ilegal de la
libertad de las víctimas y demás delitos.
EcoDias dialogó con el fiscal José Nebbia, quien dijo: “Vara está detenido con
prisión domiciliaria en Ciudad del Este, una ciudad paraguaya. En una iglesia
está cumpliendo su detención domiciliaria, se está tramitando, ya se ha pedido
su extradición y eso tiene un trámite nuestro digamos, argentino, y otro
paraguayo que la justicia paraguaya tiene que acceder al pedido de extradición
argentino. En eso está la causa Vara”.
Citábamos el caso de “los chicos de la
ENET” respecto a las acusaciones contra Vara. En ese sentido,
Nebbia confirmó: “Entre otros están los testimonios de los chicos que cuentan
sus encuentros con Vara cuando estaban clandestinamente detenidos, luego de
haber sido torturados y le exhibieron las marcas de la tortura y Vara lo
reconoció eso en los Juicios por la
Verdad hacia fines de la década del noventa”.
Si bien se desconoce desde cuándo estaba Vara escondido en Paraguay, las
salidas hacia ese país formaban parte de las pistas de la fiscalía.
Pero el tema no se cierra con la captura de Vara sino que incluye también a
quienes lo encubrieron durante su estado de prófugo.
Organismos de Derechos Humanos de Bahía Blanca enviaron hace unos meses una
carta a diferentes autoridades eclesiásticas pidiendo información sobre el
paradero de Vara. Las respuestas se basaron en el desconocimiento acerca de
dónde se encontraba el cura. Sin embargo, con la detención de Vara se descubrió
que éste percibía una jubilación por parte de la Iglesia la cual era
cobrada por un apoderado del ex capellán del Ejército. Los involucrados son el
arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo Garlatti y Leopoldo Bochile, el apoderado.
De esta manera se descubre que estas personas sí sabían sobre Vara y no lo
informaron a la justicia.
Al respecto, el fiscal Nebbia explicó: “Nosotros habíamos por supuesto hecho
las averiguaciones a los distintos organismos oficiales sobre algún tipo de
beneficio previsional que estuviera cobrando. Todas las respuestas fueron
negativas, luego ante versiones que circulaban, nosotros escuchamos sobre que
seguiría cobrando. Directamente fuimos hacia el Arzobispado de Bahía Blanca y
ahí nos anoticiamos de que estaba cobrando de manera privada. Es decir, la Iglesia, de manera privada
le pagaba a través de un apoderado, un dinero todos los meses. En función de
eso nosotros hicimos una denuncia entendiendo que eso es colaborar con que esté
prófugo y no informar a la justicia que es en definitiva encubrir”.
EcoDias se comunicó con la
Arquidiócesis de Bahía Blanca y fuimos atendidos por su
administrador Bruno Cuchetti. Él nos dijo que del tema Vara podían hablar los
obispos y el arzobispo pero ninguno de ellos se encontraba en ese momento en la
ciudad de Bahía Blanca.

Garlatti será indagado
Como consecuencia de la denuncia, el fiscal federal Antonio Castaño
desarrolló una acción penal para que se investigue el financiamiento por parte
de Garlatti a Vara. También dispuso que se deje de abonar dicha jubilación al
ahora cura detenido.
Según informa el portal fiscales.gob, Castaño presentó el requerimiento de
instrucción en el Juzgado Federal número 2 a cargo de Ana María Araujo.
La medida solicita una serie de pruebas para corroborar la denuncia y la
indagatoria al arzobispo Garlatti y al mencionado Bochile
Por su parte, Nebbia aclaró que el tema está en manos de Castaño por tratarse
de un delito actual: “Es un delito actual, si bien entendemos que encubría a
alguien que está acusado por delitos de lesa humanidad, son delitos que se
están cometiendo en estos momentos, por eso lo hicimos ante el fiscal Castaño”.
Acerca de la importancia de la indagatoria a Garlatti y Bochile, Nebbia
resaltó: “Cometió un delito y entonces en ese sentido tienen que investigarse
las responsabilidades y recibir el castigo que merece cualquier persona que
comete un delito. En ese sentido es emblemático que el arzobispo de cualquier
ciudad, un arzobispo, una autoridad de la Iglesia tenga que rendir cuentas a la justicia
civil por los delitos”.
El sitio fiscales.gob informa que se denuncia a los nombrados por «financiar
la evasión de Vara de la justicia argentina, ayudando al imputado a eludir las
investigaciones de la autoridad judicial y a sustraerse a la acción de
esta», según consta en el requerimiento.
Agrega también que el delito está previsto en el artículo 277 del Código Penal
de la Nación
que estipula penas de seis meses a tres años de prisión a quien, entre otras
cosas, «ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a
sustraerse a la acción de ésta».

El día que surgió la prueba Gutiérrez
Tras la segunda visita de Vicente Massot, dueño de La Nueva Provincia al
juzgado del doctor Álvaro Coleffi, el fiscal Miguel Palazzani comentó a los
medios de prensa, lo siguiente: “Ha prestado declaración, ustedes lo conocen
los que están en la jurisdicción, el doctor Mauricio Gutiérrez, teniente
coronel y abogado de diferentes imputados por delitos de lesa humanidad, el
teniente coronel Gutiérrez, digo esto porque el lugar de enunciación es
irrefutable, declaró que Vilas en su momento le dijo que presenció una reunión
entre el general Azpitarte y Diana Julio de Massot donde Diana Julio de Massot
le dijo textual, textual de la declaración, “Osvaldo, no nos queda otro remedio
que chuparlos por izquierda” en referencia a Heinrich y a Loyola”.
Dicha declaración se convirtió en una prueba contundente y fundamental en la
causa que se le sigue a Massot. EcoDias preguntó a Nebbia cuándo se produjo la
declaración de Gutiérrez la cual, por cierto, fue realizada de manera
espontánea: “Fue unos días antes de la indagatoria de Massot. El abogado
Gutiérrez concurrió por motus propio a la sede de la fiscalía y él realizó esa
declaración testimonial”.

Al cierre de esta edición se conocía la novedad de que El titular de la Fiscalía Federal
N°1, fiscal Antonio Castaño, dispuso hoy las primeras medidas en la investigación a
determinar si el arzobispo Garlatti financió al cura Aldo Vara mientras estuvo
prófugo mediante el pago de un beneficio jubilatorio que se hacía en la sede de
la Curia y que
lo cobraba el apoderado Leopoldo Bochile, también imputado. Así es que el
fiscal dispuso recibir declaración testimonial al administrador de la Curia, Bruno Cucchetti, y al
sociólogo Fortunato Mallimacci, quien denunciara públicamente la situación.
Según la página
fiscales.gob.ar, “La
maniobra que ahora investiga el representante del Ministerio Público fue
denunciada por los fiscales de la
Unidad que interviene en casos de terrorismo de Estado en
Bahía Blanca, José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani, quienes previamente
recogieron elementos en la propia Curia bahiense que dan cuenta de la comisión
del delito de ayudar a un imputado a eludir la acción judicial. En su
denuncia, Nebbia y Palazzani remarcaron que, en el marco de la búsqueda de
Vara, el Arzobispado de Bahía Blanca respondía que «desconocía»
el paradero del ex capellán. Entre tanto, la Cámara Federal de
Bahía Blanca debe resolver quién será el juez que intervenga en esta causa.
Momentáneamente y hasta el pronunciamiento del tribunal de alzada, el
expediente tramita ante el titular del Juzgado Federal N°1, Santiago
Ulpiano Martínez, quien rechazó la excusación de su colega del Juzgado Federal
N°2, Ana Araujo, inicialmente a cargo”.