Mara López Legaspi, integrante de la Procuraduría contra la Violencia
Institucional, militante de derechos humanos y feminista, disertó en la jornada
organizada por Justicia Legítima sobre la democratización judicial.

En Bahía Blanca la conocemos por haber acompañado todo el tiempo al fiscal Abel
Córdoba en lo que fueron las audiencias del juicio que condenó a 17 represores
por crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra trabajando en la
Procuraduría contra la Violencia Institucional y, como siempre, sigue militando
en todo lo que respecta a los derechos humanos y al movimiento feminista.
Hablamos de Mara López Legaspi quien también fue parte de las mesas expositoras
en la jornada que el grupo Justicia Legítima, organizó para profundizar sobre
la democratización judicial.
A López Legaspi le tocó compartir panel con el fiscal José Nebbia y con su par
Félix Crous y fue allí donde dio una verdadera clase de por qué debe haber
también un cambio respecto a la temática de los géneros en la cuestión
judicial: “Por qué no hay, o al menos me parecía que no había, una presencia
importante de esta exploración desde los géneros en tanto sujetos de este Poder
Judicial que integramos también sujetos y que somos operadores de poder
básicamente. Hoy cuando Abel (Córdoba) hablaba de las ficciones me acordaba de
creo la más elemental de las ficciones en la carrera de Derecho que es que las
leyes y el Derecho tienen una pretensión de universalidad y de objetividad y
que eso es un valor en si mismo. Nada más alejado de la realidad porque si hay
una expresión política son las conquistas a través de las leyes y cuanto más
cuando hay un debate, hay una tensión y eso se resuelve en el plano de lo
jurídico particularmente en el Poder Judicial. Entonces pensaba un poco eso,
cuánta ficción y cuánto sin reflexionar hemos transitado hasta ahora y cuan
importante es incluir la perspectiva de géneros en estos espacios sobre todo
porque asumimos o asumo que básicamente lo que ocurre cuando hablamos de leyes,
de Derechos, de Poder Judicial, de jueces, de pretensiones y de intereses en
conflicto, de lo que estamos hablando es de implicancias en vidas concretas. Y
esas vidas concretas son las que se definen en algún punto, hay una subjetividad
que se define desde las implicancias de una definición, lo que se escribe como
verdad en una sentencia”.
Pensando en casos concretos de nuestra ciudad en donde opere un contenido
diferencial y una carga de los patrones culturales establecidos, López Legaspi
mencionó: “Hace unos años hubo un caso de una violación de una chica que tenía
17 años pero era discapacitada, producto de esa violación que era además el
resultado de reiterados abusos, esa chica quedó embarazada y decidió no
continuar con ese embarazo y se puso todo un andamiaje a su disposición para
que se concrete esa voluntad. Por suerte y después de muchas experiencias en
sentido contrario lo que ocurrió es que ese aborto que era un aborto no punible
claramente, no fue judicializado.
Llegamos al hospital, el Comité de Bioética se expidió en sentido favorable,
estuvo todo bien organizado en el sentido de contemplar y proteger esa
voluntad. Lo que ocurrió cuando esto ya estaba casi andando, es que hubo un
matrimonio que pertenecía a alguna de las organizaciones vinculadas con la Iglesia Católica, que presentó
un amparo frente al Tribunal de Familia, al juez Longás en particular, que lo
que proponía era una suerte de suspensión del procedimiento de interrupción
voluntaria de ese embarazo para pensar un poco qué se podía hacer con ese bebé,
que posiblemente la mejor de las opciones sería que ese embarazo avance y que
en el mejor de los casos sea adoptado por alguna buena familia entre las que se
incluía”.
Inmediatamente y en un tiempo record que no superó los cuarenta minutos, Longás
dispuso la interrupción del embarazo por el término de 48 horas “de un
procedimiento médico que no estaba siendo judicializado, de hecho fue bastante
tragicómica la forma en que el director del hospital toma conocimiento de esa
medida cautelar que fue la interrupción de ese procedimiento médico que era la
expresión más clara de la voluntad de una persona que había sido violada. Ese
amparo tuvo esa decisión, finalmente por cuestiones científicas y médicas el
aborto ya estaba ocurriendo a pesar de la voluntad de esa familia y de parte de
la corporación judicial bastante sesgadas por estas influencias religiosas, a
pesar de que nos declaramos como Estado laico y que es parte de la gran lucha
que tenemos con la que avanzar, esto de bajar los rosarios de nuestros ovarios
pero también de bajar los crucifijos de las oficinas públicas donde hay
funcionarios que tienen que resolver, es parte de un camino un poco más denso
pero que también es imprescindible”, señaló López Legaspi quien recibió un
fuerte aplauso de los presentes.

Decidir la condición de existencia
Otra veces, a través de la misma vía, es decir un amparo, se logró que esta
herramienta sea más útil, sobre todo en varios casos que se dieron en la ciudad
antes de la sanción de la Ley de Identidad de Género, más allá de que los
resultados, tal vez, no hayan sido en su momento los mejores: “Tenía que ver
con presentaciones hechas por personas trans, con identidad trans, que así se
definían y que así transcurrían su vida, solo que tenían la gran carga de
cargar con un documento nacional de identidad como el mío, como el de
cualquiera de nosotros, que establecía, que les imponía una condición de
existencia que nada tenía que ver con su vida. Frente a esa situación y por la
lucha también del colectivo de personas travestis y trans de esta ciudad, lo
que hicieron fue decidir que se presentarían un par de amparos pidiendo el
reconocimiento de lo que es la verdadera identidad que además es un derecho
elemental de todas las personas y que está reconocido internacionalmente por el
Estado y que tiene la misma protección que en términos formales, el derecho a
la vida, etc. La vía del amparo, la misma que había intentado el matrimonio
católico que decidió que mejor no abortar y esperemos a ver qué podíamos hacer
con eso, fue rechazada. Es decir, un juez decidió que el amparo no era la vía
apta, en definitiva lo que hizo fue de algún modo someter o condicionar esa
decisión que tenía que ver con la identidad de personas que cada día iban a
trabaja, tenían impuestos a su nombre, la implicancia es esa”.
Por si fuera poco, ese juez dictaminó que había que someter a una serie de
pericias, que no había emergencia en el caso y que mejor optar por una vía
distinta para poner en marcha montones de mecanismos de cara a ver si la
persona tenía algún tipo de trastorno que la hacía definirse de un modo que no
tenía que ver con su cuerpo: “Ese juez lo que decidió fue la condición de
existencia de estas chicas, de estas personas y no pasó nada más. Entonces me parece
que es importante desmenuzar estas pretensiones, estas ficciones que tienen que
ver con que es el momento y está siendo el momento y me parece que para eso
estamos un poco acá, para llamar a las cosas por su nombre. Entonces, somos
operadores de Derecho, somos personas que ejercemos poder y que lo hacemos
políticamente porque no hay otra forma. Entonces, sincerar el discurso y
democratizar la justicia tiene que ver también con identificar y con ser muy
claras en eso que es que cada decisión que se toma en el ámbito del Derecho, en
el ámbito del Poder Judicial y cada negociación o cada límite que estamos
corriendo, tiene que ver con condiciones de existencia, con la posibilidad o no
de que esa subjetividad hegemónica que es ser hombre, blanco, clase media y
algunas otras condiciones, no es cierto que sean lo universal”.
Inexorablemente, dijo, este tema tiene que formar parte del debate ya que
estamos hablando de uno de los poderes más conservadores: “Hoy después de un
año y unos días de sancionada y de obtenida la ley de Identidad de Género,
conocimos hace diez días atrás que una defensora pública oficial de la ciudad
de Buenos Aires, rompió un escrito en la cara de la persona que era su
defendida, estaba siendo imputada en una causa probablemente armada, era una
persona trans, que se quería llamar Yahaira, es colombiana y que tenía un
documento que dice que se llama, suponte Roberto, Juan Carlos, no importa…Ella
firmó un acto procesal con el nombre, con su identidad, con lo que la define y
sin embargo la defensora en un acto de arbitrariedad absoluta y también de
incumplimiento de sus deberes, rompió el escrito y la obligó a firmar con su
nombre de varón. Yo creo que no hay mucho más para decir, si la reforma, la
democratización y el debate profundo no abarca también esos aspectos, me parece
que nos estamos quedando un poco en lo que decía hoy José (Nebbia), en esta
alerta de que no sea una experiencia más y que no sea parte de un día una
anécdota que integra la historia del colectivo de personas que quisieron un día
hacer algo distinto”.